¿La culpa es de otro…? por Antonio José Monagas
La crisis que padece Venezuela, no es nada sencilla. Su análisis sociopolítico y socioeconómico, no debe reducirse a achacar culpas pues se correría el riesgo de exponer el ordenamiento jurídico a conjeturas y afrentas que terminarían por complicar las realidades nacionales. Más de lo que hasta ahora se han embrollado. En medio de un cúmulo así de reproches, infundidos unos, infundados otros, es casi imposible exaltar las virtudes que suscribe la concepción del Estado venezolano traducidas por la Constitución actual. Más, al reconocer que en su dialéctica está plasmada la plataforma teórico-conceptual y teórico-metodológica de la cual se depara el cuerpo de leyes que regula y promueve la vida económica, social y política del país.
Sin embargo, el problema al que tan crispada y contrariada situación ha llevado al país en su contexto más amplio, obliga a cuestionar algunas salidas que ha pretendido formalizar el alto gobierno sin consideración de lo que sus inconsultas decisiones acarrean. Así se tiene que el ámbito jurídico-legal que viene usufructuando el funcionamiento de la mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de justificar las ejecutorias asumidas por el régimen como presuntas respuestas a la inusitada crisis que alcanzó los más recónditos rincones del país, lejos de servir para conciliar posturas de distinta procedencia y razón política, oscureció en demasía el horizonte que prefigura el futuro nacional. De manera que más allá del grado de deterioro al que se había llegado hace cinco años, el derrumbe del país se hizo, progresivamente, inexorable.
No hubo forma política, ni tampoco social, mucho menos matemática, para hacer que Venezuela saliera del atolladero donde, el despeñado y desmandado desgobierno, la ha llevado. Posiblemente, fue el resultado de fuerzas inteligibles pero ajustadas en el cenáculo ideológico de una “revolución” perversamente entendida y atendida, para que todo decayera a la velocidad establecida por una irracional inflación. Tanto fue la aceleración que le imprimieron factores de todo género, cuantía y magnitud, inducidos bajo alineación gubernamental, que el país se paralizó en medio de un descomunal aumento de los costos y precios de servicios, productos y producción. Lo que en teoría económica se denomina: estanflación. O sea, un grosero aumento que diariamente incrementa el costo de la vida en 1.5%, mientras que impunemente decae la demanda.
Ahora, a decir de los directivos de la impugnada Asamblea Constituyente, por ilegítima, inconstitucional e ilegal, arrogándose facultades de manera abusiva, además de una representación que sólo existe en los malversados registros elaborados por el Consejo Nacional Electoral, declara que la escasez de medicamentos y de alimentos que padece la población venezolana es causada por la imposición de sanciones económicas al gobierno venezolano decretadas por la administración del presidente Donald Trump. En consecuencia, el régimen manifiesta no tener los recursos necesarios para cancelar el monto de lo adeudado por concepto de las contrataciones, realizadas a instancia del Estado venezolano, para paliar las correspondientes necesidades.
Luego de ser establecidas las respectivas sanciones decretadas por el mandatario norteamericano, a fin de obligar al régimen venezolano a aceptar demandas políticas que devendrían en la restauración del hilo democrático, pareciera que el hecho de desconocerlas se convirtió en criterio político-administrativo para “perfeccionar” y acentuar la ristra de injustas decisiones asumidas por la Asamblea Constituyente. Ello, en perjuicio de la convivencia nacional. Así pues, resulta absurdo que, luego de haberse enquistado los rezagos de tan cruda crisis social, política y económica que terminó exasperando sus efectos, vengan ahora alborotados politiqueros, afectos al régimen, a culpar a otro de lo que su indiferencia, embotamiento y soberbia causó en detrimento de la población venezolana desde hace más de tres años. Por tanto, el régimen se vio en la aberrante necesidad de buscar un “chivo expiatorio” al cual endosarle la culpa de sus infortunios. Así que no consiguió otro mejor para inculparlo, que al imperio norteamericano.
Sin embargo, luce absolutamente contradictorio que, en medio de dicho estancamiento económico que perjudica por igual a unos y a otros, indistintamente del entusiasmo político que se tenga o padezca, el alto gobierno haya declarado su espíritu de “buen samaritano” al ofrecerle ayuda financiera, a comunidades de la ciudad de Houston golpeadas por el Huracán Harvey (5 millones de US$). Asimismo, al equipo profesional de beisbol, Los Leones, para asegurar el inicio del correspondiente campeonato. (9 millones de US$) Mientras tanto, sectores apaleados por la susodicha crisis nacional, son ignorados ante estructurales y clamadas necesidades.
Inconforme con ello, el régimen sigue sin darle descanso a su actitud de verdugo en su engañoso afán de expiar sus errores. Por consiguiente, determinó que además de la manida “guerra económica”, existe la “guerra psicológica” la cual utiliza como instrumento de ataque, las redes sociales. De modo tal que encima de los múltiples controles impuestos y que redundan en constreñir libertades, derechos y garantías, se quiere ahora restringir el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Particularmente, aquellas que son de utilidad inmediata.
El desespero gubernamental, anda en procura de dictar una ley que supuestamente frene la intolerancia y el odio. Como si la intolerancia y el odio fueran recursos tangibles exclusivos de la parte de la población que se opone al desastre causado. Como si la degradación del país, no fuera responsabilidad gubernamental. O acaso el régimen está creyendo que nada de lo sucedido ha sido por sus errores cometidos. Sino que la causa de tanto yerro es ajena. O sea que ¿la culpa es de otro…?
