La ONG venezolana contabilizó 355 detenciones a manifestantes en 2013, lo que representó un aumento de 32% respecto a 2012 cuando se reportaron 269 detenciones
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en donde se registran los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en materia de derechos humanos.
2013 fue excepcional en cuanto al conjunto de factores que incidieron en el respeto a los derechos humanos en Venezuela. El período estuvo signado por el fallecimiento de Hugo Chávez.
Su liderazgo y presencia al frente del Ejecutivo Nacional, durante 14 años continuos de gobierno, impusieron un estilo y una lógica de gobernar que se caracterizó por el control absoluto del resto de los poderes públicos, desvaneciendo contrapesos institucionales que terminaron favoreciendo actitudes y políticas contrarias a los derechos humanos.
Luego de la muerte de Hugo Chávez y la convocatoria a nuevas elecciones en abril 2013, el panorama político venezolano entro en una dinámica de mayor confrontación entre los principales actores políticos.
Una vez resultó electo, el presidente Nicolás Maduro imitó el estilo autoritario de gobernar de Hugo Chávez, ratificando como programa el llamado “Plan de la Patria 2013-2019”, y arreciendo el ataque y criminalización a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.
Asimismo, continúo la política de criminalizar la protesta reafirmando una manera antidemocrática de canalizar el descontento social.
Para Provea el clima actual de conflictividad y las protestas que se realizan en varios estados del país desde febrero pasado, encuentran sus antecedentes directos en el escenario vivido luego de la ausencia del Presidente Chávez de la escena política nacional.
El estrecho margen con que el Presidente Nicolás Maduro se impuso en las urnas frente al candidato Henrique Capriles, dividió nuevamente al país en dos partes casi iguales y condujo al desconocimiento de los resultados por parte del líder opositor, lo que generó una ola de protestas que fueron reprimidas mediante el uso excesivo de la fuerza, enjuiciamiento masivo de manifestantes, y la aplicación por primera vez de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para imputar a manifestantes.
Asimismo, se desarrolló una intensa campaña desde el Equipo de gobierno contra Provea, dirigida desde el MINCI con la participación de la Defensoría del Pueblo que presagiaba una actitud de dar continuidad a la confrontación y descalificación de las organizaciones de derechos humanos.
La inseguridad personal, la devaluación de la moneda a principios de 2013, la escalada inflacionaria que alcanzó un 56,2% al cierre de 2013, la interrupción en el suministro de servicios básicos y la escasez de productos alimenticios y de uso personal, la no discusión de convenciones colectivas o violación de las vigentes sumado a la incertidumbre sobre el futuro político y económico inmediato del país, empujaron a diversos sectores de la población a realizar protestas.
El período por lo tanto estuvo marcado por la alta conflictividad social. A pesar de ello, se registró un descenso de 20% en el número de manifestaciones realizadas, alcanzando la cifra de 4.410 protestas.
Pese a ello se registró un aumento de las prácticas represivas de los cuerpos de seguridad en el marco de las protestas pacíficas, contabilizándose 355 detenciones a manifestantes, lo que representó un aumento de 32% respecto a 2012 cuando se reportaron 269 detenciones.
La cifra de víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de protestas pacíficas también registró un ascenso de 62% en el número de víctimas (316). Más del 40% de las protestas estuvieron nuevamente dirigidas a la exigencia de derechos sociales.
Provea continúa: la población Venezolana fue objeto de severas limitaciones para disponer de garantías mínimas de atención a sus necesidades de salud llegando al punto de comprometer la integridad física y la vida de diversos grupos de personas.
Durante el año 2013 se registraron 205 víctimas de violación al derecho a la vida con un incremento de 25% en los casos conocidos en 2012. Llama la atención que el incremento significativo de violaciones al derecho de la vida se haya producido luego de años de esfuerzo por implantar un nuevo modelo policial en el país.
Tal situación debe obligar a reflexionar a las autoridades sobre las deficiencias que se están produciendo en dicha política.
En el de los casos los responsables fueron órganos de seguridad dependientes del poder central, destacándose él como el mayor violador del derecho a la vida con 48,9% de los casos, seguido por la Policía Nacional Bolivariana (9,27%).
En cuanto a la integridad personal el Informe refleja un total de 221 denuncias, con un saldo de 334 víctimas La GNB y el CICPC concentran la mayor cantidad de denuncias sobre prácticas de tortura y malos tratos.
Se paralizó el proceso de transformación del CICPC que apuntaba entre otros aspecto a atacar la reiteradas violaciones a los derechos humanos que perpetra este organismo policial permanentemente involucrado en violaciones graves a los derechos humanos sin que haya muestras reales de voluntad política para revertir tal situación.
En el derecho a la justicia persistió la ausencia de separación de poderes, se mantuvo la práctica de procesar civiles ante tribunales penales militares, y el Ministerio Público continúo teniendo bajos resultados en la lucha contra la impunidad y siguió actuando como instrumento para la represión de la protesta social en el país.
