El congreso de México aprobó una reforma legal por la que se limita el fuero militar y establece que en adelante los militares que comentan un delito contra ciudadanos serán juzgados exclusivamente por tribunales civiles y no castrenses, en un cambio histórico que por años habían demandado grupos civiles nacionales e internacionales.
Con 428 votos a favor y cero en contra, la cámara baja avaló el miércoles cambios al Código de Justicia Militar con los que se responde a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde hace años llamó a México a hacer esos ajustes.
Previamente aprobada en el Senado, la reforma completó así el proceso legislativo en el Congreso bicameral y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Hasta ahora, el código establece que todos los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas durante sus labores de servicio son considerados infracciones a la disciplina militar, con lo cual la justicia castrense asumía la jurisdicción, sin importar si la víctima era un civil.
Para activistas y organizaciones esa cláusula abría las puertas a la impunidad, debido a que consideran que la justicia militar no goza de independencia ni imparcialidad.
Con la reforma, se establece que cualquier delito cometido por un militar y en el que esté involucrado un civil, será visto y asumido por jueces civiles.
Organizaciones civiles reconocieron la aprobación hecha en el Congreso, pero dijeron que aún falta realizar nuevos ajustes para hacer más transparente la justicia militar.
La reforma es parte de las medidas que México debía tomar a raíz de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con cinco casos de mexicanos que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos a manos de militares, incluido el de Valentina Rosendo, una indígena Me’phaa, que fue abusada sexualmente por militares en el estado sureño de Guerrero en 2002.
“Para nosotros es muy importante y estamos muy contentas porque logramos un paso muy importante para las víctimas como nosotras”, dijo Rosendo a The Associated Press a propósito de la aprobación en el Congreso de las modificaciones
En febrero de 2002, con 17 años, Rosendo lavaba ropa en un río de su comunidad cuando se acercaron ocho soldados y la interrogaron sobre el paradero de un “encapuchado”. Como respondió que no conocía a ninguno, fue golpeada y violada por dos militares.
Su caso fue atraído por la justicia castrense bajo el argumento de que los hechos habrían sido cometidos por miembros del ejército en el ejercicio de sus funciones, pero nunca se encontró culpable a nadie. Luego de la sentencia en 2010 de la corte, la investigación pasó a la justicia civil y ya han sido detenidos dos soldados.
“Durante muchos años los militares, el gobierno, siempre los protegía porque la ley era favorable de ellos, no para víctimas como nosotras”, dijo Rosendo cuyo caso fue llevado a la Corte junto con el de Inés Fernández, otra indígena Me’phaa violada el mismo año en Guerrero por soldados.
Rosendo recordó que recibió diversas amenazas que la obligaron a dejar su comunidad. “Fueron militares a mi pueblo (para) que dejara de denunciar; me ofrecieron dinero”, contó y dijo que nunca imaginó que tuvieran que pasar tantos años para que fueran detenidos los primeros soldados y comenzará a sentir que puede haber justicia.
Otros dos soldados también fueron detenidos por el ataque a Fernández.
“Es un triunfo histórico de las víctimas”, dijo a la AP Santiago Aguirre, abogado de la organización Tlachinollan que llevó hasta la Corte Interamericana los casos de Rosendo y Fernández.
Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch (HRW), han reconocido el cambio.
Nik Steinberg, investigador para las Américas de HRW, señaló que por años el sistema de justicia militar ha permitido que soldados involucrados en desapariciones, ejecuciones y torturas no sean castigados.
“Esta reforma finalmente dará las víctimas de esos crímenes una oportunidad para buscar justicia en el sistema de justicia civil que, con todas sus fallas, no está completamente contra ellas”, comentó.
Para Mario Patrón, subdirector del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el código “sometía a víctimas civiles a una jurisdicción que no es independiente e imparcial y por otra parte genera efectos discriminatorios al ser un fuero de disciplina militar”.
Patrón consideró que si bien es un “avance claro”, aún faltan más ajustes.
Por ejemplo, dijo, el fuero militar tampoco debería aplicarse cuando haya violaciones a derechos humanos de miembros de las fuerzas armadas y la justicia civil debería tomar el caso.
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