Ante las protestas de la oposición venezolana, todos los gobiernos latinoamericanos, con excepción del panameño, han respaldado al presidente Nicolás Maduro y defendido la legitimidad de su mandato. Su argumento principal es que el actual gobierno fue constitucionalmente electo, lo cual es cierto si se ignoran las jamás clarificadas denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 2013.
Con todo, el que un gobierno sea elegido en las urnas no garantiza que sea democrático. El régimen político en la era chavista se ha caracterizado, en general, por mantener las formas de una democracia, pero violando en la práctica, casi todos sus principios, reglas y garantías.
Tal vez el mayor logro de las manifestaciones iniciadas el pasado 12 de febrero ha sido evidenciar ante el mundo esta situación, principalmente a través de mensajes que circulan en redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube.
La comunidad internacional atestigua cómo las multitudinarias protestas han llevado al Gobierno venezolano a intensificar su ofensiva contra las reglas democráticas, en una maniobra que muchos ven como síntoma de una inminente transición a un régimen político más abiertamente autoritario o decididamente dictatorial.
La revista Perspectiva hace un recuento de las últimas 10 señales que ha enviado el Gobierno de que estaría yendo en esta dirección.
- Maximización de la censura
Desde hace tiempo en Venezuela existe un cerco mediático que bloquea los mensajes incómodos para el Gobierno. Hace poco más de un año el último medio televisivo que quedaba con una línea editorial opuesta al chavismo, Globovisión, adoptó una posición más favorable al oficialismo tras ser adquirido por un amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Esta situación se exacerbó con las protestas. Además de los conocidos ataques gubernamentales contra grandes cadenas internacionales (como NTN 24 y CNN en español), hay muchas evidencias de una arremetida sistemática contra personas (periodistas o no) que registran las manifestaciones.
El 13 de marzo en Altamira (Caracas), una mujer fue agredida por las autoridades por grabar con su teléfono celular las detenciones de estudiantes.
El 17 de marzo, en similares condiciones, fue agredido en Puerto Ordaz el periodista de Globovisión, Carlos Suniaga, por el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Caroní.
Más recientemente, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) allanó la vivienda de Mildred Manrique, reportera de Diario 2001 (medio crítico del gobierno de Maduro) y la detuvo por unas horas.
Pero la censura podría llegar mucho más lejos. Hace dos días, el periodista Nelson Bocaranda denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) está buscando la manera de bloquear el flujo de contenidos en las redes sociales.
Asediado por la indignación ciudadana, el Gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado estar dispuesto a restringir definitivamente la libertad de prensa, de información y de expresión de los venezolanos.
- Una prensa panfletaria
Como contracara, numerosos medios noticiosos en Venezuela tienen un marcado sesgo favorable al Gobierno, y se han convertido poco menos que en megáfonos de las acusaciones de funcionarios oficialistas a miembros de la oposición para culparlos de la crisis que atraviesa el país, con bajos estándares de calidad periodística y equilibrio informativo.
Por poner un ejemplo, este es una muestra del modo en que el canal público de difusión nacional, Venezolana de Televisión (VTV), cubrió las protestas en Chacao hace una semana.
Ese mismo canal transmite el recientemente inaugurado programa de propaganda oficialista, “Con el Mazo Dando”, dirigido por Diosdado Cabello: una auténtica plataforma para insultar a los dirigentes de la oposición, con apelativos como “fascistas” o “asesinos”, y deslegitimar, con un tono incendiario, el malestar de un sector importante de la población.
Hace poco, Cabello difundió a través de este programa las “pruebas” de una supuesta conspiración armada contra el gobierno de Maduro: unas fotografías que rápidamente se comprobaron falsas.
VTV, además, ha destinado durante las protestas una vasta porción de su programación a silenciar las voces de la oposición, llegando al extremo de ridiculizar (y trivializar) sus demandas en programas de opinión como “Zurda Konducta”.
- Suspensión del derecho a la protesta
La noche del 12 de febrero Maduro declaró públicamente que el ejercicio del derecho a la protesta requería un permiso gubernamental, y de ahí en adelante ha hecho todo lo posible por impedir que los estudiantes opositores marchen en las calles, argumentando que las protestas están dirigidas por grupos violentos.
Por ejemplo, el 8 de marzo la Policía Nacional se desplegó en el centro de Caracas para impedir que una marcha de mujeres de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) llegara a la sede del Ministerio de Alimentación. El pasado 18 de marzo la emblemática Plaza Altamira amaneció militarizada.
Esta actitud del Gobierno de Maduro, de restringir el derecho a la protesta, ha sido usada por los activistas de oposición para mostrar las contradicciones al interior del chavismo, a través de la difusión de este video:
- Escalada del aparato represivo
La mayoría de las imágenes compartidas a través de las redes sociales por los opositores muestran actos de represión, uso desmedido de la fuerza y abuso de poder por parte de las autoridades encargadas de controlar los excesos de los manifestantes. Esta situación ha llevado a que, hasta la fecha, el país tenga que lamentar 35 muertes (de ambos bandos) ocurridas durante las protestas.
Este es uno de los cientos de videos que registran abusos policiales:
Una de las denuncias recurrentes tiene que ver con la existencia de grupos de civiles fuertemente armados, casi siempre encapuchados y en motocicletas, actuando en connivencia con la GNB (los llamados “Colectivos”), fenómeno del que también existen centenares de pruebas, como este video:
Mientras el Gobierno justifica la existencia de estos grupos como órganos pacíficos de “defensa popular”, la oposición los acusa de ser el brazo armado de la represión, una especie de órgano paramilitar que se caracteriza por sus métodos violentos.
Entre las muchas variedades de abusos que han cometido las autoridades desde el 12 de febrero, vale la pena recordar el allanamiento ese día, sin orden judicial, a la sede del partido opositor Voluntad Popular.
- Empleo de la tortura
Hace unos días, María Corina Machado denunció en una rueda de prensa, ofrecida en el contexto del reciente consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), una cifra aterradora: 59 denuncias de casos de tortura cometidos por autoridades venezolanas.
Por lo pronto, no hay mucha claridad al respecto y la Fiscalía ha negado públicamente que estos casos estén suficientemente documentados. Pero sí se han difundido muchos testimonios de tratos crueles a estudiantes detenidos durante las protestas (maltratos físicos, castigos humillantes), siendo el más sonado el de Juan Manuel Carrasco:
Con respecto a este tema, unas declaraciones dadas por la defensora del Pueblo encendieron la polémica pues no solo se abstenía de condenar enérgicamente el empleo de métodos de tortura, sino que parecía justificarlos para ciertos casos.
- Politización de las fuerzas militares
El 16 de marzo pasado Nicolás Maduro convocó una marcha desde la plaza Los Símbolos hasta el Paseo Monumental de Los Próceres, que contó con la abierta participación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
Mientras Cabello destacaba la “unión cívico-militar”, el máximo líder de la oposición, Henrique Capriles, repudió el “uso político de la Fuerza Armada” y dijo que era una evidente violación a la Constitución, uno de cuyos pasajes reza: “La Fuerza Armada no estará al servicio de persona o parcialidad política alguna”.
- Persecución a la oposición
La diplomacia internacional suele ser cautelosa y difícilmente un país toma partido en contra de un Gobierno elegido en las urnas, pues su política exterior generalmente está dirigida por el principio de no injerencia.
Sin embargo, para un país extranjero hay ciertas señales más difíciles de ignorar, que indicarían que en Venezuela se están violando los derechos humanos: en particular la sistemática persecución a los líderes de la oposición.
Desde el 12 de febrero hasta hoy, han sido detenidos 4 dirigentes opositores, en procesos verdaderamente “exprés”, con una inmensa arbitrariedad y carentes por completo de las mínimas garantías judiciales.
En todos los casos, los primeros denunciantes fueron alcaldes, gobernadores, parlamentarios oficialistas, ministros o el mismo presidente, quienes señalaron categóricamente, sin presunción de inocencia y sin aportar prueba alguna, la responsabilidad de estos líderes políticos en las muertes ocurridas durante las protestas.
La actuación posterior de los operadores de justicia, que indefectiblemente acaba siempre confirmando las acusaciones previas de estos funcionarios, deja al descubierto que en Venezuela no existe independencia de los poderes públicos.
El primer caso fue el de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, y uno de los máximos promotores de las protestas. López está en prisión desde el 18 de febrero por cuenta de una medida privativa de libertad, a la espera de un juicio.
Luego vinieron los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente. El 19 de marzo ambos fueron detenidos por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), siendo Scarano condenado, unas horas después, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a 10 meses y medio de prisión.
Finalmente, Cabello anunció ayer que María Corina Machado había perdido su condición de parlamentaria por haber ocupado el cargo de embajadora alterna de Panamá durante el consejo permanente de la OEA. De manera inminente, Machado sería detenida tan pronto regrese al país tras su visita a Lima (Perú).
A todo esto se suma, por último, el anuncio que hizo Maduro en el que señaló la posibilidad de que el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, sea detenido en los próximos días por el TSJ.
- Impunidad para el oficialismo
En contraste con su efectividad para aprehender líderes opositores (sin olvidar los miles de estudiantes detenidos en las calles), los operadores de justicia han sido extremadamente ineficaces al momento de ajusticiar a efectivos de la GNB que han mostrado excesos en el uso de la fuerza.
Uno de los casos más sonados fue el de una efectiva, presuntamente identificada como Josneidy Castillo, que golpeó brutalmente con su casco a una manifestante ya reducida.
Mientras la manifestante agredida fue imputada por cinco delitos, la agresora Castillo (a quien la Fiscal había anunciado una medida privativa de libertad) no se ha presentado todavía ante ningún tribunal.
De la misma manera, la justicia ha omitido investigar la responsabilidad de funcionarios públicos en los hechos de violencia ocurridos hacia manifestantes opositores. Incluso existiendo indicios poderosos de instigación a la violencia, como el tweet publicado el 16 de febrero por el gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, en el que anunció un“contraataque fulminante” de las fuerzas bolivarianas en contra de los manifestantes.
- La mentira como política oficial
Venezuela atraviesa una grave crisis económica (no por casualidad ayer fue decretada una“megadevaluación”), y cada reforma implementada por el Gobierno demuestra que el problema está desbordado. Así las cosas, los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro han convertido la distorsión descarada de los hechos en una costumbre para desviar la atención.
Por poner unos ejemplos, el 14 de marzo Maduro planteó la necesidad de empezar a cobrar la gasolina. Pero a continuación, contradictoriamente, aseguró que esto no significaba que aumentarían los precios.
El 16 de marzo fue presentada la “Tarjeta de Abastecimiento Seguro”, que según múltiples analistas servirá como mecanismo de racionamiento de la distribución de alimentos ante la escasez de productos que sufre el país. Sin embargo, Maduro enfatizó en que esta servirá para obtener “premios”.
De igual forma, tras el lamentable asesinato en Miranda de la intérprete de señas del Noticiero Venevisión, Adriana Urquiola, varios funcionarios gubernamentales acusaron a la oposición de esta muerte. Incluso, Nicolás Maduro responsabilizó directamente, y sin pruebas, a Henrique Capriles, gobernador de Miranda.
Vale aclarar que las investigaciones señalan -hasta ahora- que el autor del homicidio es unempleado de Corpoelec, quien habría disparado contra un grupo de personas que se manifestaban en la urbanización Los Teques.
- Neutralización de organismos internacionales
Otra de las movidas del gobierno de Nicolás Maduro ha sido imposibilitar que los organismos multilaterales adopten una posición crítica frente a la grave situación venezolana.
Usando su enorme poder de influencia internacional, Maduro consiguió que Unasur emitiera el 16 de marzo un blando comunicado en el que rechazaba enérgicamente “los recientes actos de violencia” y respaldaba el “Gobierno democráticamente electo”.
Asimismo, bloqueó la discusión sobre Venezuela en el consejo permanente de la OEA, primero forzando a que la sesión fuera privada, y luego cancelando ese punto de la agenda.
