El diputado a la Asamblea Nacional, Franco Casella, afirmó que desde la Comisión de Defensa se ha contabilizado la detención de 150 militares de distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, debido a motivos políticos.

Durante un debate sobre la detención de funcionarios castrenses, Casella (Voluntad Popular-Miranda) aseguró que la persecución política “ahora vive dentro de los cuarteles. La unidad cívico-militar es una falacia”.

El parlamentario detalló que desde enero de 2018 existe una ola de detenciones contra los militares, ajustados “al anacrónico Código Orgánico de Justicia Militar” y son acusados bajo los presuntos delitos de conspiración, rebelión o delitos contra el decoro militar.

Tan solo el 28 de mayo, se conoció sobre el encarcelamiento de ocho funcionarios de alto rango de la Guardia Nacional y la Aviación, además de un civil, acusados de “traición a la patria, instigación de la rebelión, motín y contra el decoro militar”.

La ONG Foro Penal destacó que en los últimos meses han registrado la detención de 40 militares. Su director Alfredo Romero reiteró que en Venezuela se registra el fenómeno de “puerta giratoria”, pues mientras se liberan a algunos detenidos, se registran nuevos presos políticos, cuyo número sitúa en 357.

Además, Casella denunció que hay familiares de funcionarios que tienen más de 100 días sin poder ver a los detenidos, y algunos nunca han podido constatar su estado luego de su detención. “Hay que investigar qué sucede dentro del Dgcim”.

Se debe reconocer que hay hombres y mujeres de uniforme que son presos políticos militares, reiteró el diputado, para quien el Parlamento debe visibilizar a quienes son víctimas de la tortura y tratos crueles “y visten el uniforme militar. Donde además se evidencia la continua violación al debido proceso”.

Dijo que existe una unión cívico-militar “enchufada que participa en cuanto guiso hay”, y otro sector de esa unión “desesperado por a falta de alimentos y medicinas”.

A juicio del diputado, quién decide pertenecer a la Fuerza Armada se debe enfrentar a un “apresto operacional en decadencia y oficiales que arriesgan su vida ante las paurrérimas condiciones de trabajo. La moral se desvanece ante las diferencias (…) Pero son ante todo ciudadanos, sujetos de derecho”.