El servicio de inteligencia chavista convertido en verdugo
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El servicio de inteligencia chavista convertido en verdugo

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Sebin. Escuchar estas siglas o ver una patrulla que tenga este acrónimo rotulado en sus puertas recorrer las calles de Caracas, o de cualquier otra ciudad, hace que más de un venezolano tiemble y no es para menos, pues en los últimos meses el Gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para ejecutar sus más recientes olas de detenciones contra opositores y disidentes, sin importar que haya una investigación o una orden judicial que las avale.

La irregular actitud del par venezolano de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, en inglés) volvió a ser puesta de manifiesto recientemente por la diputada opositora Gaby Arellano, quien mediante su cuenta de Twitter denunció que el organismo se negaba a cumplir las decisiones judiciales a favor de varios de sus compañeros de Voluntad Popular, los cuales permanecen desde hace meses encerrados en los calabozos del cuerpo de seguridad, señalados de planificar hechos de violencia.

Uno de los casos es el del concejal José Vicente García, quien fue aprehendido por agentes del Sebin el pasado 18 de octubre cuando salía de su casa en la andina ciudad de San Cristóbal, a unos 805 kilómetros al suroeste de Caracas, y a las horas difundieron fotografías de él junto a chalecos, uniformes militares y presuntos explosivos. Pese a las supuestas evidencias la Fiscalía decidió no acusar al edil y por ello el Tribunal 8 de Control de San Cristóbal ordenó su liberación en el pasado 21 de diciembre, pero la orden ha sido ignorada olímpicamente y por ello el funcionario sigue tras las rejas.

El caso anterior no es un hecho aislado, por el contrario parece formar parte de un patrón. Prueba de ello es que el pasado 5 de diciembre el Tribunal 21 de Control de Caracas ordenó al organismo de inteligencia que liberara al también dirigente de Voluntad Popular, Yon Goicoechea, al que detuvo en el este de Caracas horas antes de la gigantesca marcha que la oposición celebró el pasado 1 de septiembre en la capital venezolana, alegando que le incautaron explosivos. Este mandato judicial tampoco se ha sido acatado.

La organización de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano tiene contabilizados otros 15 detenidos en el Sebin a los que un juez ordenó excarcelar y que el organismo dirigido por el general Gustavo González López no ha soltado. Sin embargo, fuentes judiciales aseguran que la cifra de personas que terminaron en un calabozo de la antigua policía política sin que un fiscal lo solicitara y un juez lo ordenara o sin que fueran atrapados in fraganti asciende a 67.

“El Sebin no acata a la Fiscalía y se comporta como una justicia paralela”, denunció el coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, quien atribuyó esto al Estado de Excepción impuesto por el presidente Maduro desde enero de 2016 y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha avalado.

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