La Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional lanzó este martes 30 una alerta pública, basada en el análisis de la Resolución 015543, publicada el pasado 24 de agosto en Gaceta Oficial, a través de la cual se crea una unidad ejecutora local de inteligencia militar adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Ceofanb). En opinión de la ONG, la nueva instancia no es más que una estructura particular del Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.
En un comunicado difundido a medios, Control Ciudadano indica que la nueva unidad, denominada “Selección de Datos”, tiene por objeto “recabar información para el desarrollo de la inteligencia militar en apoyo a las operaciones militares estratégicas, integrales, específicas, combinadas y de apoyo en regiones estratégicas, con la finalidad de asegurar la soberanía y defensa militar de la Nación”.
Control Ciudadano ha advertido en los últimos años que los órganos de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela no deben ser regulados por vía reglamentaria sino a través de una Ley, la cual no ha sido promulgada por la Asamblea Nacional, conforme queda establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
La organización ha señalado que a través de la Ley que regule el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, a ser aprobada por el parlamento, debe establecerse una estructura de control democrático (rendición de cuentas ante otro poder distinto al Ejecutivo ) para evitar violaciones a los derechos humanos y amenazas al sistema democrático, “tal como viene sucediendo con la actuación de diferentes órganos de inteligencia y contrainteligencia, creados y regulados inconstitucionalmente por vía reglamentaria, a lo largo de los últimos años”.
Preocupa a Control Ciudadano la proliferación de órganos de inteligencia, adscritos a la FAN y al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, “los cuales incluso se colocan al servicio de la difamación, criminalización, intimidación y extorsión de ciudadanos, configurando una práctica que la doctrina internacional define como terrorismo de Estado”.
Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señala: “El gobierno de Maduro ha autorizado la participación masiva de agentes de inteligencia para el control social de los venezolanos. Con la proliferación de órganos de inteligencia creados bajo su mandato, que se incrementa con esta nueva unidad activada por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, lo que queda de manifiesto es una peligrosa fragmentación de los órganos de inteligencia, en el seno de la FAN y Cuerpos de Seguridad del Estado, que terminan por generar vigilancia entre ellos, violar derechos civiles contra los ciudadanos y amenazar al sistema jurídico político de la Nación, garantizado por la Constitución”.
El llamado de Control Ciudadano, a mediano plazo, es a que se instale en la Comisión de Defensa de Asamblea Nacional, una instancia encargada de iniciar el estudio correspondiente, para presentar una Ley que regule el Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia en Venezuela, de conformidad con la más avanzada legislación comparada en la materia, conciliando los intereses de la seguridad y defensa nacional con el del respeto a los derechos humanos.
1 septiembre sin armas
En relación con la marcha del 1 de septiembre próximo, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir la celebración del referendo revocatorio presidencial en 2016, Control Ciudadano exhorta a la prohibición del porte de armas de funcionarios de inteligencia que participen de manera encubierta en la manifestación.
“La presencia de estos funcionarios ha constituido un factor generador de violencia, tal como quedó demostrado durante los trágicos eventos del 2014, vinculados a manifestaciones y protestas en el país. Además, esto sería cónsono con la prohibición del porte de armas en manos de la población civil, situación que redundaría en detectar la presencia de individuos o grupos armados al margen de la ley (GAAL) o colectivos armados que operan de manera abierta en Venezuela”, advirtió San Miguel.
