Tras darse a conocer el decreto de la Gobernación de Cojedes donde se ordena la expropiación de las principales empresas mineras en la región, el abogado constitucionalista José Gregorio Correa, candidato a la Asamblea Nacional por la Unidad Democrática en la lista del estado llanero, rechazó la medida por catalogarla como violatoria de los establecido en la Carta Magna.

En ese sentido, el jurista y dirigente de Primero Justicia, explicó que “otra vez el irrespeto a la propiedad privada por parte de la Gobernación del estado, está haciendo que tres mil trabajadores vayan a la calle de manera directa y que no se respete el derecho a la propiedad. El artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 116 de la misma, no se está respetando. Yo creo que ha llegado la hora que Cojedes merezca respeto y que la dignidad de los mineros y de los cojedeños se respete”.

Asimismo, el candidato a diputado por la Unidad, anunció que interpondrá un amparo constitucional ya que “es un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ser amparadas y protegidas cuando sientan que sus derechos, garantías constitucionales o cualquier derecho susceptible de protección, han sido violados o existe el peligro cierto de violación, a objeto de que se restablezca la situación jurídica infringida, que es el caso de Los Mineros de Cojedes”.

Resaltó que “ha sido una total atrocidad lo que le ha ocurrido a la sociedad cojedeña, especialmente a Tinaquillo, por la expropiación minera, pues no se ha respetado el derecho en ningún momento el estado de derecho.»

En ese sentido, Correa explicó que los mineros cojedeños deben accionar el procedimiento de amparo, dado que “procede contra normas, actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones y omisiones de las autoridades o particulares, todas estas proceden cuando se viole un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o, inclusive, cuando exista un peligro cierto de violación, siempre y cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, que es el mecanismo para resarcir el daño causado a la propiedad privada de Los Mineros de Cojedes”.

 Por último, José Gregorio Correa comunicó que en los próximos días acudirá a la Sala Constitucional, así como a la Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para interponer un recurso de amparo en contra de la medida de expropiación.