El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realizó un balance de lo que ha sido el primer mes (del 13.07.15 y al el 11.08.15) de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), basado en cifras suministradas en el portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). De acuerdo con la organización, este nuevo plan es una razzia dirigida a criminalizar y estigmatizar a los más pobres, pero también a otros sectores de la sociedad.

Tras revisar las cifras, Provea concluyó que la OLP ha sido empleadas como un mecanismo para fortalecer el concepto de «seguridad del Estado» en detrimento del concepto de «seguridad ciudadana». La justificación discursiva y práctica del OLP, indican, amplifica la visión del enemigo externo e interno propia de la doctrina de seguridad nacional.

La lógica belicista y la estigmatización y criminalización de amplios sectores de la sociedad que se pone en práctica durante la OLP, explica la organización durante el balance, no sólo intentan amparar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, sino que constituyen un paso más hacia «la construcción del Estado policial y militar».

Provea reitera su llamado a que el Ejecutivo y el Estado venezolano en general «detengan el proceso de regresividad y amenaza para los derechos humanos» que supone la militarización de la seguridad ciudadana y la aplicación de operativos como OLP.

A continuación los datos más reveladores del balance realizado por Provea:

• 5.789 funcionarios han participado en el marco del despliegue del OLP. Entre los cuerpos de seguridad que participan está: la GNB, Guardia del Pueblo, Sebin, CICPC, Policía Nacional Bolivariana y policías regionales.
• 21 personas han fallecido durante el primer mes de OLP en “enfrentamientos” con la fuerza pública. La información que suministra el MPPRIJP no da cuenta de ningún funcionario policial o militar herido o fallecido en el contexto de los operativos OLP, señala Provea.
•  4.021 ciudadanos han sido detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas y Lara en 23 operativos reseñados por el MPPRIJP. De ese total, sólo 368 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo a estas cifras, el 90,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales, indica el balance, pues apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.
• 3.463 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de OLP. En ninguno de los casos, estos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios-, contaron con una orden judicial. Igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, explica el balance, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos.
• 245 viviendas de la GMVV han sido “recuperadas” durante el primer mes de ejecución de OLP a nivel nacional. Esto sugiere la ocurrencia de dos situaciones ya advertidas por Provea, indican. La primera es el uso de la vivienda como posible mecanismo de castigo a familias en las que alguno de sus miembros esté presuntamente involucrado en la comisión de delitos y la segunda situación es el permanente y creciente discurso xenófobo para amparar los abusos de OLP y criminalizar a personas de origen colombiano que habitan en complejos urbanísticos de la GMVV o en zonas populares.
• 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y demolidas el pasado 24.07.14 en el marco del OLP. Los afectados denunciaron que los funcionarios actuantes afirmaron que la medida obedecía a que la zona estaba controlada por “células paramilitares”.
•  En la mayoría de los casos, las detenciones han sido practicadas sin orden de detención y sin las personas haber sido aprehendidas en flagrante delito. La organización explica que no se comunicó a los detenidos o sus familiares las causas de la detención. A esta situación se añaden los testimonios sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los detenidos y que son recurrentes en la mayoría de las denuncias registradas por Provea.
• No existe actualmente ninguna investigación por parte del Ministerio Público o Defensoría del Pueblo dirigida a determinar la veracidad o no de las denuncias formuladas en medios de comunicación por familiares de fallecidos en OLP sobre presuntas ejecuciones policiales.
• El presidente Maduro ha anunciado la incorporación de «figuras inconstitucionales» como el SP3 y los “patriotas cooperantes” para fortalecer la ejecución del OLP. Ello abre las puertas a más violaciones de derechos humanos, indicó la organización, y refuerza la visión militarista y autoritaria del Ejecutivo para abordar los distintos fenómenos y conflictos presentes en la sociedad venezolana.
• A pesar de las afirmaciones hechas por altos funcionarios del Estado y agencias encuestadoras sobre la popularidad del OLP, la organización asegura que este plan supone graves riesgos para los derechos humanos y «constituye un retroceso» respecto a los avances alcanzados durante el proceso de reforma policial impulsado por el fallecido Presidente Chávez y encabezado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol).