Rafael Uzcátegui: “Si el Estado impide la protesta pacífica está alentando la protesta violenta”
El coordinador general de Provea denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro creó una estructura denominada Sistema Popular de Protección para la Paz que contribuye con la formación de un Estado policial y “eso va a generar más violencia”
@ronnarisquez
“El Ejecutivo está creando mecanismos no democráticos para contener la conflictividad este año”, alertó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea. La afirmación no es presunción o sospecha. Esta semana fue activado el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), una estructura similar a la fallida ley sapo que promulgó y derogó en 2008 Hugo Chávez y que obligaba todos los ciudadanos a informar sobre cualquier acción que pudiera ser considerada como una amenaza interna y externa contra la patria.
La creación del Sistema Popular de Protección para la Paz fue publicada en la Gaceta Oficial 40.582, con fecha del viernes 16 de enero de 2014, en el decreto 1.417, sin ningún alarde ni promoción oficial. Es un mecanismo de articulación entre los poderes del Estado, el “poder popular” y los gobiernos comunales para el “impulso y ejecución de los planes en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa”, explica el artículo 1 de la normativa y específica que el SP3 estará adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Uzcátegui cree que con esta nueva instancia el Gobierno de Nicolás Maduro en lugar de abrir canales democráticos “lo que hace es crear un Estado militar y policial y eso va a generar más violencia. Esto forma parte de la tendencia de militarización del país con la zonas de seguridad y los cuerpos de combatientes, entre otros”.
El decreto establece que el organismo recién creado incorpora a las redes populares y las bases de las misiones para “defender nuestra Patria de personas o grupos que pretendan violentar la paz del país”. Para Uzcátegui esto implica que: “todas las bases de las misiones tendrán que formar parte de este sistema de delación. De esta forma ser beneficiario de una misión se convierte en una herramienta de manipulación polìtica y represiva de la pobreza”.
La promulgación del decreto se da en momento cuando el país atraviesa por una severa situación económica con una elevada escasez e inseguridad. “El Gobierno de Maduro reincide en una práctica inconstitucional al incorporar a la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana. Algo que viola acuerdos internacionales y aumenta la probabilidad de violaciones de los derechos humanos”, dice Uzcátegui, quien asumió este año la dirección de Provea.
Un análisis publicado en la página de Provea agrega que “la creación de la figura del SP3 es la más reciente expresión del gobierno de Nicolás Maduro en la militarización del país y en la creación de un Estado policial, bajo la doctrina de la seguridad nacional, que obliga a la ciudadanía a realizar labores que, según la Carta Magna y los estándares internacionales de derechos humanos, le corresponden a la policía”.
Otro aspecto que cuestiona Rafael Uzcátegui del SP3 es “que obliga a las organizaciones sociales, religiosas, instituciones públicas y medios a ser parte de este sistema de control contra enemigos internos. Todos se incluyen”. El texto del decreto establece que el nuevo organismo de carácter policial está integrado por 4 subsistemas: Subsistema de Paz (Misión A Toda Vida, Patria Segura y Movimiento por la Paz y la Vida y Todas las Grandes Misiones Socialistas); Subsistema Popular (Comunas, Consejos Comunales, Base de Misiones Socialistas y los medios comunitarios y alternativos); Subsistema de Protección (todos los entes encargados de la seguridad pública y privada); y Subsistema operacional (Organismos que participan en la Seguridad y Defensa Integral del país, incluyendo a las instituciones militares).
En noviembre de 2014, el presidente Maduro en una alocución dio un número telefónico y una dirección de correo electrónico para denunciar a los “traidores”. Previamente, se comenzó a utilizarse la figura del “patriota cooperante” en algunos de los procesos judiciales que se le siguieron a personas detenidas durante las manifestaciones del primer semestre del año. El Sistema Popular de Protección para la Paz “legaliza” la figura del delator.
La Constitución tiene la salida
La creación del SP3 y la forma en que, según el decreto, será utilizado por el gobierno se perfila como un nuevo dolor de cabeza para las organizaciones de derechos humanos y en especial de Provea que tiene entre sus líneas de trabajo de 2015 hacer respetar la Constitución.
Para Rafael Uzcátegui la Constitución de 1999 es en este momento “un pacto contra el desvío autoritario de Maduro. Es el verdadero legado social de Chávez a partir del cual se pueden lograr acuerdos. La salida del conflicto va por la Constitución. La figura de renuncia está en la Constitución”.
Sin embargo, el coordinador de Provea está consciente de que, en un escenario de conflictividad social y militarización, hacer respetar la Constitución no será tarea fácil. “Nos preocupa el tema de las protestas y el derecho a la manifestación. Si el Gobierno impide la protesta pacífica, está alentando la protesta violenta”, aseguró y recordó que en ese sentido el informe de Amnistía Internacional del año pasado es muy importante porque cambió la visión sobre los derechos humanos que se tenía en 2002, cuando la misma organización concluyó que en ese momento los derechos humanos se estaban utilizando como herramienta política.
“Hay un proceso de desgaste lento, pero de desgaste. En un escenario de conflictividad este año, los apoyos internacionales del Gobierno van a ser cada vez menos”, dijo Uzcátegui, y citó como ejemplo los casos de algunos intelectuales de izquierda (como Heinz Dieterich) que en el pasado respaldaron a Chávez e incluso a Maduro y que ahora cuestionan su gestión. “Por otra parte, hay más receptividad de los organismos internacionales de derechos humanos”.
Rafael Uzcátegui reconoce que Nicolás Maduro nunca ha cuestionado a las ONG, a diferencia de Hugo Chávez. Sin embargo, advirtió que la criminalización del trabajo de las ONG en el país sí es una práctica de Diosdado Cabello, presidente de la AN. “En este momento el diálogo con el Gobierno es casi nulo. Pese a que dentro del gabinete ha habido gente que ha pasado por Provea”. Uno de estos oficialistas es justamente el Presidente de la República, quien solicitó en 1992 la asistencia de Provea cuando era trabajador y sindicalista del Metro de Caracas.
La intimidación a la ciudadanía mediante el uso de los colectivos armados o paramilitares para controlar las manifestaciones también preocupa a los defensores de Provea. “Han logrado crear angustia entre la gente, no solo con las policías sino con estos colectivos”. Además, varios dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecen que hasta por omisión el Estado tiene responsabilidad frente a actuación delictiva de grupos de paramilitares.
Más colas, más conflictividad y menos comida
A las acciones de carácter militarista y policial que asoma el Ejecutivo para controlar las manifestaciones este año se suman los pronósticos desalentadores. “No hay manera de que la conflictividad sea menor este año. En todas las reuniones que hemos tenido con expertos los escenarios son catastróficos”, aseguró Uzcátegui, considera que la única forma de salir de esta situación es el diálogo.
El defensor de derechos humanos hizo un alerta: “Si los pacíficos no hablan es inminente que los violentos tomarán la iniciativa, y ahí están los militares”. Pero al mismo tiempo reveló con optimismo que “se está formando una nueva generación de activistas, con referentes e intenciones nuevas”. En este grupo se insertan los jóvenes y estudiantes que han tomado las calles para exigir el respeto a los derechos de la ciudadanía y reclamar por las arbitrariedades del Gobierno.
Desde finales de 2014 y comienzos de 2015 las colas para comprar alimentos han sido uno de los principales detonantes de altercados y conflictos entre ciudadanos, y entre ciudadanos y funcionarios de los cuerpos de seguridad. Provea ha asumido también la defensa de este derecho como una de sus banderas. “El Estado tiene la obligación de no tener ninguna medida que obstaculice el acceso a la comida. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que el Estado debe establecer polìticas para garantizar el acceso de la gente a los alimentos e incluso le da la facultad de regular a terceros para lograrlo”, explicó.
Según Rafael Uzcátegui el Gobierno “incurre en omisiones” y deja de cumplir con esa obligación cuando dificulta el acceso a las divisas y permite la existencia de mercados paralelos en una economía que depende en 70% de las importaciones. “Si la persona no puede acceder a los alimentos, el Estado tiene que facilitarlo en forma directa. En este caso el Estado no puede evadir la responsabilidad”.
