Vía El Nacional
Las instalaciones del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, adscrito a la Presidencia de la República, están detrás de los viejos galpones de Almacenadora Caracas, en Catia. La sala de espera no ofrece a los visitantes la primera impresión que dejan otras oficinas gubernamentales: no está colgada una fotografía del difunto presidente Hugo Chávez, ni tampoco la de su sucesor Nicolás Maduro. Apenas se observa, entre documentos pegados en una cartelera de corcho, el logotipo de la institución. La imagen consiste en las siglas de la organización y cuatro discretas franjas de colores, una de las cuales es roja, color que identifica la revolución bolivariana. La ausencia de la simbología política en el pequeño despacho no debe, sin embargo, confundir: el centro, con solo 17 meses de existencia, se ha convertido en una pieza clave de la estrategia informativa y propagandística de un gobierno cuyos voceros han prometido la implantación de una hegemonía comunicacional en Venezuela.
El complejo fue constituido por Maduro para imprimir periódicos, revistas y libros con sello oficial, pero en los últimos siete meses ha adoptado una nueva función: la importación para la venta de papel prensa. La institución estatal se ha convertido prácticamente en el proveedor único de ese insumo clave para 99 periódicos –se calcula que hay poco más de un centenar en el país– con lo cual ha asumido una posición de predominio que preocupa a analistas y activistas de derechos humanos. Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, considera que está en marcha un proceso de concentración que apunta al surgimiento de un monopolio por parte del Poder Ejecutivo, que ha dado muestras suficientes de no ser un actor neutral con respecto a las coberturas informativas y de opinión que le son críticas: “Por la vía de las entregas de papel se crean restricciones indirectas a la libertad de expresión y se somete a los editores a una situación perversa de dependencia que puede impactar en las líneas editoriales de los diarios”.
Ascenso súbito. La rápida consolidación del Complejo Editorial Alfredo Maneiro como gran vendedor de papel es la nueva etapa de un proceso igualmente veloz de casi dos años en el que editores y periodistas han presenciado, entre otras cosas, la desaparición temporal o definitiva de productos, la reducción de la paginación de sus medios y la disminución de circulación en vista de las dificultades para acceder a la materia prima. Un reporte del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela menciona 34 diarios y revistas que entre agosto de 2013 y septiembre de 2014 reportaron problemas de disponibilidad del insumo: entre ellos hay 10 que dejaron de ser publicados definitiva o temporalmente.
Los diarios compraban el material a proveedores privados nacionales o internacionales. En la más reciente lista Cadivi se pueden identificar, como mínimo, 18 periódicos a los que les entregaron 394 millones de dólares entre 2004 y 2012. El acceso a las divisas se dificultó desde entonces. Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que en 2013 las importaciones de papel prensa fueron de poco más de 92.000 toneladas, uno de los niveles más bajos en la década durante la cual el país adquirió un promedio de 120.000 toneladas anuales. Según las cifras oficiales, en el primer semestre de 2014 se importaron nada más que 26.266 toneladas, lo que proyecta un peor panorama para el presente año en comparación con el anterior. El general retirado Alí Uzcátegui Duque, embajador de Venezuela en Austria, envió en marzo pasado una carta al Instituto Internacional de Prensa en la que aportó datos reveladores como respuesta a cuestionamientos de ONG globales sobre la situación de libertad de expresión en el país. El diplomático afirmó que el año pasado los diarios solicitaron la liquidación de 108,2 millones de dólares, de los cuales se había entregado 70% hasta el primer trimestre del presente año. El dato fue citado por Uzcátegui Duque como prueba de que el gobierno no cercaba a los medios impresos, pero para otros la información confirmó la denunciada lentitud en el otorgamiento de dólares para la prensa.
Correa considera que, en un principio, el gremio de periódicos fue afectado por la escasez de divisas que impactó a todos los sectores de la economía nacional. Más tarde, según el activista de derechos humanos, el gobierno supo capitalizar la situación para introducir cambios que le interesaban en el modelo de suministro de la materia prima para los medios impresos. “Pudo haber un origen económico, pero ahora se perciben elementos políticos en la conducción”. Ya la controversia había comenzado en 2012 cuando el papel prensa fue excluido de los productos prioritarios para la importación, por lo que a los compradores se les empezó a exigir un certificado de no producción nacional, requisito que se tradujo en una nueva alcabala para la gestión de las solicitudes. Luego surgieron filtros en las liquidaciones de divisas del Centro Nacional de Comercio Exterior –que reemplazó a Cadivi– por lo que el gobierno anunció convocatorias para el Sistema Complementario de Administración de Divisas I, que finalmente fueron canceladas. El acceso a tasas de Sicad II implica el pago de precios entre cuatro y ocho veces mayores que dificultan la viabilidad de los diarios y la renuncia a obtener divisas en los otros dos mecanismos. En ese contexto el Complejo Editorial Alfredo Maneiro entró en la escena como un súbito redentor.
Modelo discutido. David Natera, presidente del Bloque de Prensa de Venezuela, que agrupa 34 diarios, afirma que el gobierno creó un estado de dependencia a través del cerco de los mecanismos cambiarios: “Dejó como única alternativa acudir al complejo y eso ha fortalecido su intención de monopolizar el sector”. El vocero dijo que cada miembro del gremio que representa está en plena libertad de realizar las gestiones ante la instancia gubernamental, cuyo presidente, Hugo Cabezas, ha dicho que a 15 diarios pertenecientes a esa plataforma se les ha garantizado el suministro. Natera también es presidente del Correo del Caroní en Bolívar y asegura que el diario tiene inventarios de papel hasta principios del año próximo. Han logrado ahorrar debido a que decidieron publicar a un solo cuerpo y no circular los fines de semana. “No le compraremos al régimen, no convalidaremos esa maniobra. Sé que piden pago de contado y que entregan cantidades pequeñas que impiden planificar con tiempo”.
Otros han adoptado un camino diferente del que anuncia Natera. Es el caso de 84 medios impresos que integran la Cámara Venezolana de Periódicos, la cual fue constituida en julio de 2013 con el objetivo de velar principalmente por los intereses de diarios pequeños y medianos de alcance regional y local. “No queremos que haya un manejo politizado de la situación”, dice Joselín Ramírez, presidenta de la asociación y editora del diario La Calle de Carabobo. “Hemos logrado negociar rápidamente y en ningún momento nos han preguntado sobre nuestras líneas editoriales como un condicionante. En cada reunión con los representantes del gobierno hemos insistido en dos cosas: que se faciliten de nuevo las importaciones directas para quien desee optar por esa alternativa y que se adjudiquen dólares a los proveedores nacionales para que honren sus deudas en el exterior y puedan seguir comprando el insumo fuera del país y vendiendo a quien le compre”.
El ejemplo de dos diarios con líneas críticas al gobierno como El Impulso y Tal Cual ilustra que la solución aplicada por el Ejecutivo está lejos de ser un lecho de rosas y hace recordar el juego del gato y el ratón. El primero, un periódico centenario de Barquisimeto, estado Lara, anunció su salida de circulación en septiembre antes de recibir un despacho gubernamental que le prolongó la vida. Cabezas insistió entonces en que no había sido entregada la materia prima porque los ejecutivos del medio no habían atendido una propuesta del complejo de venta de 98 toneladas métricas. Los inventarios, sin embargo, impiden una programación de largo plazo y dependen de suministros semanales. “Sería demasiado iluso pensar que no llegará el momento en que no nos pidan que los tratemos mejor. Soy denunciante de realidades y tradicionalmente ningún gobernante es amigo de los medios. Hasta ahora no ha habido condiciones. No se explica por qué si el Estado importa, nadie más puede hacerlo”, dice Carlos Carmona, presidente de El Impulso. Tal Cual, diario caraqueño con 14 años de vida, anunció el miércoles que disponía de inventarios por una semana. Un día más tarde sus voceros informaron que habían logrado un acuerdo con el complejo. Les prometieron materia prima por un mes más, gracias a la mediación de la Cámara Venezolana de Periódicos. “No cambiaremos nuestra línea editorial”, dijo Xabier Coscojuela, jefe de redacción. Al cierre de esta edición, el papel no había llegado a las instalaciones del establecimiento que imprime el diario: “Cuando veamos el papel allí, podremos decir que hay periódico por otras cuatro semanas”. El jueves el Sindicato de Trabajadores de la Prensa exigió la entrega de papel para el periódico.
Las ventas del complejo son a tasa Sicad I, que ronda 12 bolívares por dólar, según Ramírez. Carmona señala que desconoce la paridad cambiaria, pero que cuando tramitaba por Cencoex el kilo de papel le costaba 9 bolívares y ahora paga 15,7 bolívares. No está claro cuál es el tipo de cambio utilizado por el complejo para las compras. Muchos se preguntan si, por ejemplo, la institución usa la tasa Cencoex, que es de 6,3 bolívares por dólar y obtiene márgenes de ganancia por las transacciones.
Sin presiones. Cabezas ha calificado al Complejo Editorial Alfredo Maneiro como garantía para la libertad de expresión, según reportan notas oficiales. El organismo comenzó a vender papel prensa en marzo: desde entonces y hasta septiembre entregó 10.000 toneladas a medios impresos nacionales, de las cuales 80% fue para editoriales privadas, de acuerdo con los datos oficiales. El funcionario ha dicho que garantizará el suministro de 3.000 toneladas mensuales a los casi 100 diarios que le han presentado solicitudes. Peticiones de entrevista con Cabezas fueron remitidas por correo electrónico y a la sede del complejo en las últimas dos semanas, pero no las contestó. La diputada Tania Díaz del PSUV –a quien también se le enviaron mensajes el jueves para pedirle una entrevista– ha dicho que el gobierno normalizará el suministro de papel y se pondrá al día con las deudas. “Aquí hubo problemas que obligaron al Estado a reorganizar la administración de divisas”, dijo en entrevista con Venezolana de Televisión para explicar cuál era la situación con el rubro.
Los voceros oficiales también han insistido en que la intervención del organismo gubernamental en el mercado ha preservado a los competidores más pequeños de las reventas de papel con sobreprecio hechas por medios de mayor escala. Julio Chávez, diputado del PSUV e integrante de la Comisión de Medios, ha sido uno de los denunciantes, pero no quiso atender una solicitud de entrevista que se le presentó por teléfono para hablar del complejo editorial y el mercado venezolano. Uzcátegui Duque, en la carta al Instituto Internacional de la Prensa, también se hace eco de acusaciones semejantes: “Los datos revelan que los empresarios de periódicos piden divisas para comprar miles y miles de bobinas y utilizan mucho menos de la mitad al revender la mayor parte”. Natera señala lo siguiente sobre el punto: “Nunca presentaron pruebas. Las habrían mostrado si las tuvieran”.
Saturación. Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS, asegura que la existencia de un solo vendedor de papel para los medios impresos no solo representa una perturbación para el libre flujo de información. “Se supone que estamos en una economía abierta y que las empresas deberían tener todas las condiciones para desarrollar sus modelos de negocios”. La interpretación no es caprichosa: procede del contenido de la Constitución de 1999. “Nos estamos acostumbrando a que son mecanismos normales y no lo son”. Marco Ruiz, presidente del SNTP, coincide en la opinión: “Hemos denunciado la existencia del complejo como único medio para acceder al papel. La Carta Magna prohíbe el monopolio y esta ha sido la única respuesta del gobierno ante casi dos años de protestas de trabajadores y empresarios de medios impresos, en lugar de reactivar la adjudicación a través del Cencoex”.
Los activistas consultados plantean también el contraste de las dificultades que viven medios privados con la situación de los periódicos públicos muchos de los cuales se imprimen precisamente en el Complejo Editorial Alfredo Maneiro. “Se ha saturado el mercado con ellos, que son gratuitos o se venden a precios muy bajos”, señala Correa. Para muchos, como él, estos impresos actúan como una extensión de las estrategias de comunicación y propaganda del partido oficial y no como auténticos medios de interés público. “Y se financian con el dinero que es de todos”, añade Balbi. Cabezas ya ha anunciado que las importaciones de papel prensa para el año que viene serán de entre 180.000 y 360.000 toneladas, lo que rebasaría los promedios de la última década. Hay escepticismo, sin embargo, de que cantidades como esas puedan garantizar la vida de la prensa independiente en el país.
Entrevista
Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional
“No nos abren ni las puertas”
Silencio. Esa es la respuesta que ha recibido la gerencia de El Nacional en sus intentos de aproximación al Complejo Editorial Alfredo Maneiro, institución gubernamental que desde marzo pasado ha concentrado las ventas del papel prensa para casi la totalidad de los periódicos de Venezuela. Así lo explica Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario, quien se encuentra en Santiago de Chile, donde participa en la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa en la cual se abordará la situación del país y el impacto que el nuevo modelo tiene para la libertad de expresión.
–¿El Nacional ha hecho gestiones para comprar papel prensa ante el Complejo Editorial Alfredo Maneiro?
–El Nacional ha hecho gestiones y no nos abren ni las puertas. Simplemente, no hay papel por parte de ellos para nosotros.
–¿Cuántas veces El Nacional ha tocado las puertas del complejo? ¿Se puede decir que ha sido insistente en esa diligencia?
–Sí, claro. La gerencia del periódico ha sido insistente con ellos y no ha habido ninguna respuesta. Hemos mandado cartas, hemos tratado de ir allá y no ha habido forma.
–¿Considera que el caso de El Nacional prueba el uso político que se le atribuye al complejo?
–Exacto. Ellos aplican discrecionalmente la venta de papel según los intereses políticos del gobierno y de acuerdo con el esquema de la hegemonía comunicacional. No hay manera de que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro se transforme en una institución independiente para venderle papel a las empresas y medios que necesitan de ese producto.
–¿Cuál es la situación del periódico con sus inventarios de papel de prensa?
–El Nacional ha resistido porque hemos logrado préstamos de papel de todos los periódicos del continente. Eso, en el largo plazo, no es una solución viable para la situación del diario. Desde mayo del año pasado, hablamos de 18 meses, no ha habido ninguna aprobación de divisas para esas importaciones. Además de eso, comprar a dólar libre es imposible porque puede ser incluso algo ilegal.
–¿Ninguno de los mecanismos cambiarios ha permitido el acceso a divisas?
–No hay Sicad I ni Sicad II para importar papel.
–¿Qué implicaciones cree que tiene ese esquema no solo para El Nacional, sino para el público en Venezuela?
–El gobierno no ha podido actuar contra los medios impresos porque para ellos no hay regulaciones como en el caso de los audiovisuales a los que se les aplica la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión conocida como Ley Resorte. Por esa razón han tomado la vía de restringir la importación de papel, porque esa es la manera que tienen de detener la publicación de periódicos sin aplicar una norma. Solo lo pueden lograrlo entonces a través de una asignación discrecional del flujo de divisas para comprar una materia prima que no se fabrica en Venezuela.
–En un contexto como ese es natural que haya lectores preocupados por el futuro de El Nacional. ¿Qué les dice a ellos sobre lo que le espera al diario?
–Seguiremos buscando las maneras. Hasta ahora hemos encontrado fórmulas, hemos tenido éxito en hallar mecanismos creativos que nos han permitido resistir.
–A los grandes periódicos se les acusa de haber comprado papel prensa a precios preferenciales para venderlos con sobreprecio a otros diarios. ¿Es cierto?
–Para nada. Eso es una gran mentira. Forma parte de la política del gobierno de desprestigiar a todo el mundo, de atribuirle a la gente cosas que no hicieron, como tú sabes. Si algo ha sido bien controlado en este país, han sido precisamente las ventas de papel prensa. Puede ocurrir que en algún momento se le hayan prestado algunas bobinas a un diario que se quedó sin papel, pero hasta allí llegan las cosas. La acusación de la reventa es una gran mentira. Nunca presentaron las pruebas de esas afirmaciones y no lo harán tampoco, porque no cuentan con ellas, lo dicen nada más para desacreditar.
–Entiendo que ellos tienen un margen de ganancias…
–El Complejo Editorial Alfredo Maneiro es una distribuidora que vende comercialmente, pero que trabaja con el presupuesto nacional. Es irrelevante si el complejo compra la materia prima a tasa de Sicad I o de Sicad II, porque usan dinero público, el de todos nosotros para financiar sus operaciones y obtener ganancias.
Búnker para las comunicaciones
El Complejo Editorial Alfredo Maneiro fue creado el 16 de mayo del 2013, según consta en la Gaceta Oficial Nº 40168. En el documento es identificado como una sociedad anónima y entre sus objetivos se menciona la difusión de información educativa y recreativa, así como de propaganda y publicidad gubernamental.
Su deber es garantizar la capacidad productiva en materia de artes gráficas que demande el Estado. También es responsable de la impresión de los diarios Correo del Orinoco y Ciudad CCS.
El CEAM es presidido por Hugo Cabezas Bracamonte, ex gobernador del estado Trujillo y ex titular del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime. Su director general es Luis Coronado.
En sus orígenes la empresa estuvo adscrita al Ministerio de Comunicación e Información, pero en febrero de 2014 pasó a depender del Despacho de la Presidencia, cambio que quedó asentado en Gaceta Oficial Nº 40346.
Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 la Asamblea Nacional ha otorgado a través de varios créditos adicionales por lo menos 242 millones de bolívares para el incremento de su producción, la adquisición de insumos, materiales y el fortalecimiento de su infraestructura, ubicada en Los Flores de Catia, en el municipio Libertador.
En una nota de prensa del Despacho de la Presidencia, que reseña la visita de su titular, Carlos Osorio, a las instalaciones del CEAM, se refiere que en el lugar cuentan con tecnología de punta, incluyendo una rotativa que sería de las más novedosas que existen en el país.
