Dos nuevos grupos, retrógrados y reformistas, se enfrentan por la flexibilización del modelo socialista y el control de las divisas
El anuncio de la implementación de una convergencia cambiaria realizado por el vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ha creado rupturas dentro del seno del alto gobierno, que se ha dividido en dos nuevos grupos antagónicos, bautizados en el entorno como reformistas y retrógrados, confirmó una fuente de manera extraoficial.
Los reformistas, representados por Ramírez; el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes; y el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, están convencidos de que los cambios en política cambiaria deben estar orientados a tener un solo tipo de cambio a una tasa promedio de equilibrio que extraoficialmente estaría entre 23 y 25 bolívares por dólar. Asimismo, plantean la necesidad de debatir públicamente un aumento del precio del combustible y proponen un acercamiento con el sector privado para que contribuya a mejorar el aparato productivo, a fin de acabar con la escasez y mejorar los índices de inflación.
Aun cuando Ramírez consultó con el presidente Nicolás Maduro los anuncios que hizo desde Londres, donde también se refirió a la negativa del gobierno de adelantar nuevas emisiones de bonos, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza –representante del llamado grupo de los retrógrados- no tomó bien tales declaraciones, afirmó la fuente.
De allí que realizara una reunión con gente de su entorno -entre los que está el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming- para manifestar su desacuerdo con los cambios propuestos por el llamado grupo de los reformistas.
La fuente indica que la propuesta de Ramírez no estipula un levantamiento del control de cambio, sino que sea utilizada una sola plataforma cambiaria con un solo tipo de cambio, enmarcado dentro del modelo socialista. Sin embargo, no podría llevarse a cabo a través del Sicad II, que representa un mercado abierto. Tendría que hacerse en la plataforma del Sicad I, que maneja el Cencoex. Advierte la fuente que la discusión de fondo es que ese organismo perdería autonomía y dependería de Petróleos de Venezuela o del BCV.
Los retrógrados, indica la fuente, se oponen a estos cambios porque perderían el control al acceso directo a las divisas. Ante el presidente Maduro utilizan el argumento de que el costo político de una nueva devaluación generaría resultados negativos para las elecciones parlamentarias de 2015.
Por otro lado, los reformistas venden la idea como una sobrevaluación del bolívar, que bajaría de 50 bolívares en Sicad II a un tipo de cambio promedio de equilibrio.
Firmas internacionales calculan que el sacrificio en el ingreso fiscal que hace la nación para mantener el subsidio del control de cambio a través del Cencoex cuesta aproximadamente 40 millardos de dólares. Advierten que ese monto podría ahorrarse si se llega a un tipo de cambio promedio de equilibrio.
