Todo estaba dispuesto. El Secretario Kerry había preparado el caso ante la opinión pública, los líderes mundiales estaban informados y los buques de guerra estaban en posición: pero el Presidente Obama seguía dudando… El sorpresivo voto contrario al ataque a Siria en el Parlamento británico el jueves 29 de agosto, trajo de vuelta su escepticismo… Salió a caminar en el Jardín Sur de la Casa Blanca por alrededor de 45 minutos con su Jefe de Gabinete, Denis McDonough. A su regreso, convocó una reunión en la Oficina Oval aquel viernes 30 de agosto a las 7 pm, donde comunicó a sus asesores una decisión inesperada: retrasaría el ataque, pediría autorización al Congreso, y lo anunciaría al día siguiente en el Rosedal de la Casa Blanca.
De esta manera, el Presidente Obama intentaba salirse del cul-de-sac en el que él mismo se había metido. Tras dos años y medio de conflicto sirio, el Presidente Obama ha vacilado entre la inacción y el cambio de régimen. En agosto de 2011 dijo que Bashar al-Assad debía marcharse, en agosto de 2012 fijó la utilización de armas químicas como “línea roja”, y en diciembre de 2012 afirmó que la Coalición Nacional Siria era el legítimo representante del pueblo sirio. Todo esto sin tener una estrategia delineada y una voluntad sólida para participar en una situación donde los intereses de EE. UU. no son evidentes. Si bien Assad es un dictador que ha provocado un sangriento conflicto, algunas facciones rebeldes tienen vínculos con Al-Qaeda, lo cual deja a EE. UU. sin un bando claro al cual apoyar y sin un desenlace que le sea conveniente. Empero, después del ataque con gas sarín en Damasco el 21 de agosto, el Presidente Obama quedó atrapado en su retórica.
No hacer nada implicaba a partir de ese momento poner en riesgo la credibilidad y el compromiso de EE. UU. con la prohibición en el uso de armas químicas. Por ello, el Presidente Obama optó por un ataque limitado sin el aval del Consejo de Seguridad –en parálisis por el veto ruso para proteger a Assad-; pero otra cosa era hacerlo en la práctica casi unilateralmente –contando sólo con Francia.
Con todas estas consideraciones en mente, Obama decidió acudir al Congreso, lo cual merece varias reflexiones. En primer lugar, el Presidente Obama ha buscado legitimidad interna y compartir el costo político: colocar tantas manos en la daga como sea posible. Hasta ahora, la Casa Blanca se ha mostrado convencida de obtener el respaldo del Congreso. De hecho una Resolución ya fue aprobada este 4 de septiembre en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (10 a 7) para un ataque limitado a Siria en un plazo de 60 días, cuyo debate en el pleno de las cámaras se realizará la semana del 9 de septiembre. No obstante, aún existe el riesgo de un rechazo de los congresistas, habida cuenta de la oposición de la mayoría de los electores. Si se produce un voto contrario en al menos una de las cámaras, el Presidente Obama se va encontrar ante un terrible dilema: atacar sin la autorización del Consejo de Seguridad ni de su propio Congreso, o no hacerlo y perder credibilidad, lo cual invitaría a otros actores como Irán a desafiar a EE. UU.
En segundo lugar, el Presidente Obama ha tratado de trasladar un mensaje claro a la opinión pública mundial: ni Siria es Irak, ni él es Bush. Si bien es cierto que quizás no haya tiempo suficiente para que los inspectores de la ONU presenten su informe –se ha hablado de unas excesivas 3 semanas-, el Presidente Obama ha demostrado su actitud reacia a la guerra y su talante democrático. No tiene dudas de la responsabilidad de Assad y ha presentado pruebas de inteligencia. Si la CIA y el MI6 perdieron confiabilidad por Irak, la DGSE francesa tiene un record distinto.
En tercer lugar, el Presidente Obama no estaba obligado a acudir al Congreso, ya que se trataba sólo de un bombardeo. La Constitución de EE. UU. proporciona margen de maniobra al Presidente para acciones militares limitadas, requiriendo la autorización del Congreso sólo en casos de participación en una guerra. Sin embargo, la Resolución de Poderes de Guerra aprobada en 1973, trató de limitar este aspecto, por lo que ha sido objetada por todos los mandatarios desde Nixon –incluso el propio Obama eludió al Congreso por Libia en 2011. En consecuencia, lo que ha hecho el Presidente Obama ha sentado un precedente que puede afectar a sus sucesores, ya que un Congreso que tiende cada vez más al aislacionismo en política exterior, podría exigir de ahora en adelante su aprobación para cualquier acción militar, haciendo a EE. UU. menos activista en el Mundo.
En cuarto lugar, la eficacia de los bombardeos ha sido comprometida. El Jefe de Estado Mayor Conjunto, General Martin Dempsey, le dijo al Presidente Obama el 24 de agosto, que una demora en los bombardeos no era relevante. Sin embargo, evidencia reciente le han obligado a retractarse. La utilidad de bombardeos como los planteados inicialmente ha sido puesta en entredicho, ya que si bien pueden mantener la credibilidad de EE. UU. y aliviar conciencias sin provocar una escalada militar; no solucionará el conflicto ni eliminará las armas químicas. Por ello, en la Sección 5 de la Resolución del Comité de Relaciones Exteriores se plasmaron como objetivos estratégicos: la necesidad de cambiar el curso de las hostilidades –que favorece por ahora a Assad-, “crear condiciones para una solución negociada”, y degradar la capacidad química de Assad. Algunas voces plantean que para lograr esto, resultan necesarios unos bombardeos de mayor envergadura a los previstos –que infrinjan grandes costos y provoquen disuasión-, proporcionar armas avanzadas a los rebeldes y aislar a los terroristas. Es decir, parece estar emergiendo en EE. UU. una estrategia hacia Siria: fomentar su “libanización”, es decir, el reparto de poder entre varias facciones y un condominio con Rusia.
