El chavismo apunta contra María Corina Machado por Eduardo Villanueva - Runrun

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Fue el 14 de enero de 2012. Hugo Chávez presentaba ante la Asamblea Nacional su habitual discurso de memoria y cuenta. En un derecho de palabra, la diputada María Corina Machado le reclamó al presidente sus prácticas con una frase que aún retumba en el pensamiento de muchos chavistas: “expropiar es robar”.

Chávez se indignó, lo mismo que las diputadas oficialistas. Allí, en ese momento se juntaron todas las actuaciones previas de Machado. Su paso por la Asociación Civil Súmate, que tantos dolores de cabeza le generaron a Chávez y los suyos en los días grises del referendo presidencial; su presencia en el salón Oval, al lado de George Bush, y su decidida acción en el Parlamento, trampolín para su entonces campaña por la candidatura presidencial.

Ese día, María Corina Machado, la diputada que más votos obtuvo el 26 de septiembre de 2010 para llegar al poder

legislativo fue declarada enemigo número uno del chavismo, y solo era cuestión de tiempo para la venganza.

Ha sido poco a poco, pero de manera sostenida. En plena campaña presidencial de Henrique Capriles, el diputado suplente de Machado, Ricardo Sánchez, denunció supuestos planes económicos contra el pueblo y se rebeló frente a la Mesa de la Unidad Democrática.

Sánchez no fue una imposición para Machado. Cuando se disputaba la candidatura al Parlamento, ambos, hasta entonces contrincantes, acordaron ir en dupla. No hay dudas de que fue un golpe certero.

Cuando aún estaba en boca de todos el contenido de la conversación entre Mario Silva y un agente del G2 cubano, el Gobierno, por intermedio del alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y del entonces ministro de información, Ernesto Villegas, sacó a la luz una charla Machado y el historiador Germán Carrera Damas.

En el audio difundido, Machado reflexionaba sobre la realidad de la oposición política, cuestionaba al liderazgo y dejaba entrever que podría haber conversaciones que tendieran a provocar una salida “poco convencional” a la crisis que se padece en el país.

La diputada, que había recibido unos golpes dentro del hemiciclo del Palacio Legislativo durante los tristes días de abril, recibía ahora un nuevo golpe; esta vez desde su propia voz. El hecho sirvió para ratificar el carácter plural de la MUD, el manejo de las diferencias internas y sobre todo, para demostrar que el Gobierno juega sucio en cuanto al espionaje.

El contenido de esa grabación ha sido evaluado una y otra vez por los sectores oficialistas. Allí insisten en que Machado acusó a Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, de procurar en Estados Unidos apoyo para fraguar un Golpe de Estado en Venezuela.

Ese primer “insumo”, para elaborar un expediente que permita el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Machado se complementa con la denuncia que realizara el fin de semana la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, según la cual la diputada repartió volantes en las cercanías del complejo refinador de Paraguaná advirtiendo que “lo peor de Azuay está por venir”.

En efecto, Machado y otros diputados estuvieron en la zona para entregar un detallado informe sobre los sucesos acaecidos en ese importante centro de refinación de crudo, aunque no les permitieron presentarlo.

El Gobierno, con las consecuencias económicas que implica –por razones de seguro y reaseguro- insiste en la tesis del sabotaje para justificar la tragedia que enlutó al país hace un año.

De cara a la Asamblea Nacional, dejar fuera del camino a la diputada Machado es clave en las aspiraciones hegemónicas del Gobierno. Si el plan les funciona, no sólo se sacan una molesta piedra del zapato, sino que además, al allanarle la inmunidad parlamentaria, su suplente, Ricardo Sánchez, puede convertirse en el apetecido “diputado 99”, que tanta falta le hace al chavismo para imponer su agenda en la Asamblea.

En las últimas semanas, Maduro ha insistido en la necesidad de obtener poderes especiales para legislar por decreto contra la corrupción. Para lograrlo el Gobierno necesita las tres quintas partes de los integrantes del parlamento, y para ello les falta un diputado.

Machado está consciente de su rol protagónico y no titubea al decir que sabe que van por ella, por todo lo que implica su trabajo como vocera de un sentimiento nacional que traduce el descontento por la gestión de Maduro, a quien considera ilegítimo en el ejercicio de la presidencia.

Los 67 diputados de la Mesa de la Unidad firmaron un documento en el que se comprometen a no aprobar la llamada Ley Habilitante y, además, han mostrado su total respaldo a Machado, contra quien se avecina una nueva arremetida.

Con Machado serían tres los diputados de la Unidad expuestos al allanamiento de su fuero. El primero fue Richard Mardo, quien ya está fuera del legislativo mientras se desarrolla un proceso judicial en su contra, y le sigue otro diputado de Primero Justicia (el partido de Capriles) Juan Carlos Caldera, a quien el Gobierno espera poner al margen una vez se reinicie la actividad legislativa, el próximo 16 de septiembre.