Apenas a ocho días de haber asumido la nueva Asamblea Nacional en 2016, el presidente Nicolás Maduro dictó un decreto de emergencia económica que fue enviado al parlamento para su aprobación. El entonces Ministro de Economía, Luis Salas, fue el encargado de promover la propuesta que fue rechaza en el Hemiciclo y aprobada posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia. En Gaceta se especificaban los Considerandos para combatir la denominada Guerra Económica. El decreto permite a Maduro disponer y asignar recursos extraordinarios, importar de bienes y servicios a través de divisas extranjeras autorizadas por el Banco Central de Venezuela e intervenir en la cadena de comercialización y distribución de las empresas en caso que lo considere necesario, entre otros aspectos.

El 14 de mayo, el mandatario prorrogó el decreto por sesenta días más. Sentenció que esta era más completa, más integral y daba mayor protección al pueblo. «Este es un instrumento para proteger a la nación del boicot internacional que hay contra Venezuela».

A mediados de julio, Maduro prorrogó por tercera vez el decreto de emergencia económica junto a un estado de excepción. «Para neutralizar y derrotar la agresión externa que se cierne sobre el país», dijo entonces el jefe de estado. El mismo fue nuevamente rechazado por la AN.

El 15 de septiembre, Maduro volvió a la carga y prorrogó por 60 días más el decreto. Esta vez fue “para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, y el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”. El diputado Alfonso Marquina calificó la nueva extensión del decreto como inconstitucional.

Un día después que gobierno y oposición emitieran los acuerdos de una segunda reunión de Diálogo, donde el ejecutivo se comprometió a respetar la autonomía de la Asamblea Nacional. Maduro prorrogó por quinta vez el decreto económico.