Este lunes 29 de junio, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) solicitó ante la Comisión de DDHH de ese organismo, que el Estado venezolano garantice una comunicación libre, independiente y equitativa de cara a los comicios de las parlamentarias, para lograr una campaña de calidad y ofrecer a los ciudadanos el acceso a una información equilibrada.

El organismo mostró preocupación ante los comicios del 6 de diciembre y sugiere al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortar al Estado a eliminar los delitos penales por difamación o injuria; propiciar un ecosistema de medios de comunicación equilibrado, libre, plural y autónomo; prohibir los procesos judiciales injustificados por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información; garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información pública, y cumplir las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y el derecho a la información.

Entre 2005 y 2014, el Estado venezolano ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios de comunicación,y organizaciones de Derechos Humanos. Se han ejercido 8 demandas judiciales contra el diario Tal Cual, y el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado 20 demandas legales contra medios. La mayoría de estos juicios se han ejercido por delitos por difamación e injuria. Las penas a la expresión, buscan silenciar las informaciones sobre criminalidad, violencia, escasez y corrupción.

Se prohíbe informar

El gobierno venezolano ha propiciado la construcción de un marco jurídico –al margen de la Constitución- que restringe la libertad de expresión y el derecho a la información

La orden es el silencio

Venezuela se ha convertido una sociedad desinformada, donde prevalece la opacidad, y se ha comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso aquellas que escrutan el poder. Se imponen presiones de censura por parte del Estado, sectores económicos y políticos, grupos de delincuencia organizada y de las empresas de medios de comunicación. Ante estas restricciones y amenazas, los periodistas prefieren autocensurarse

Concentración de medios prooficialistas

Veinticinco medios fueron vendidos en los últimos cinco años, en nueve estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Monagas y Zulia. En Ipys Venezuela hemos podido constatar que nueve de estos medios pasaron a tener vinculaciones con factores del poder gubernamental, 44% cambió a una línea editorial pro gobierno local, 20% cambió a una línea editorial neutra y 36% cerró luego del cambio de propiedad.

Neutralización de la radio y la TV

El gobierno abrió en los últimos diez años 52 investigaciones por supuestos delitos técnicos y de contenido, contra medios radioeléctricos privados, comunitarios, portales web y proveedores de Internet, y TV por suscripción. 42% de estos procedimientos se abrieron entre 2013 y 2014, periodo en el cual falleció el Presidente Hugo Chávez, ganó la Presidencia Nicolás Maduro, hubo conflictos de calle y se intensificó la polarización política.

Esta situación se da en un contexto institucional en el cual Venezuela no tiene un órgano de regulación independiente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) depende del gobierno nacional y sus directivos militan el partido oficial.

Desequilibrio en el ecosistema de medios

En Venezuela, se impone el vasto poder gubernamental. Predomina la ausencia de pluralidad, libertad y autonomía que en el ecosistema de medios estatales, comunitarios y privados. Los 1.116 canales de radio y televisión del país están obligados a replicar las alocuciones oficiales, transmitidas en cadena nacional. El gobierno ha creado una red de medios comunitarios y alternativos, que están bajo la tutela gubernamental, lo que compromete su independencia económica y la libertad de sus líneas editoriales. El Sistema Bolivariano de Información y Comunicación se define como un “ejército comunicacional de toda la revolución bolivariana”.

Defensores DDHH en riesgo

En su programa de TV, Diosdado Cabello y su red de informantes tácticos denominados “Patriotas cooperantes” acusaron, sin fundamento ni investigaciones previas, a 165 personas y organizaciones entre octubre y diciembre2014. De éstas, 32 son activistas y organizaciones de DDHH, y 23 son periodistas y representantes de medios de comunicación.

Desconocen las recomendaciones internacionales

El gobierno venezolano desconoció las 11 recomendaciones sobre libertad de expresión y protección de periodistas que surgieron diversos países, en el marco del Examen Periódico Universal que presentó Venezuela ante la ONU en 2011. La violencia contra periodistas y medios de comunicación ha aumentado, y se ha instaurado un espiral perverso de impunidad para la libertad de expresión.