Los magistrados “legítimos” solicitaron la aprobación de un “antejuicio de mérito” contra el presidente Nicolás Maduro y los diputados votaron continuar un “proceso judicial”. En el Parlamento estiman necesario llamar a capítulo a los jueces en el exilio para evitar confusiones
La Asamblea Nacional no se quemó con la papa caliente. Por ahora. En otra demostración de malabarismo político, la mayoría parlamentaria superó el debate sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro sin sufrir daños y relanzando la unidad. No obstante, diputados advierten la necesidad de “marcarle la cancha” al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para no verse envueltos en un desaguisado de proporciones ciclópeas.
Las diferencias entre la AN y el TSJ en el exilio inquietan a los legisladores. El tema va más allá del “antejuicio de mérito” –según los togados- o del “proceso judicial” –según los asambleístas-. ¿Qué pasaría si los magistrados “legítimos” resuelven imponer un Ejecutivo en el exilio y le ciñen la banda presidencial al exalcalde Antonio Ledezma? Ante la falta de coordinación y de una estrategia definida, la Cámara es un hervidero de especulaciones.
El Poder Legislativo evitó en todo momento utilizar el término “antejuicio de mérito”, que sí emplearon tanto los magistrados “legítimos” como la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz. La propuesta de orden del día para la sesión de este martes 17 de abril señalaba como único punto la “consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro Moros”.
El acuerdo que votaron los 105 representantes de la Unidad apunta que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro Moros, por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados y juramentados por esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”.
La junta directiva de la AN, encabezada por su presidente Omar Barboza (UNT-Zulia), y los jefes de las 15 comisiones permanentes se reunieron entre lunes y martes para revisar este espinoso asunto. Muchos tenían reservas sobre el procedimiento. En el plano jurídico, destacaban que el antejuicio de mérito debe ser impulsado por la Sala Plena del TSJ, conformada por 32 jueces, pero en este caso la iniciativa solo cuenta con el aval de los 13 principales nombrados en julio de 2017 por la Cámara.
Para rematar, tarde conocieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, de acuerdo con la Carta Magna. Además, resaltan que tres de los 13 magistrados no suscribieron el documento. El doctor Alejandro Rebolledo, miembro de la Sala Penal en el exilio, manifestó su disconformidad vía Twitter hace una semana indicando que “jamás me prestaré para crear falsas expectativas en esta lucha por salir del crimen organizado que gobierna en Venezuela”.
La AN resolvió este entuerto recogiendo en su acuerdo que el “proceso judicial” es adelantado por “los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, es decir, no por la Sala Plena del máximo juzgado del país.
Mucho cuidado
La otra objeción es de carácter política. Los asambleístas sostienen que el TSJ en el exilio jamás consultó al Poder Legislativo su opinión sobre la solicitud de antejuicio de mérito. No se preocuparon por escuchar el criterio de la mayoría parlamentaria, que debe enfrentar en el terreno los ataques del gobierno de Maduro. Por esa razón, enfatizan que esta acción no forma parte de una estrategia común para enfrentar al régimen chavista y a esta hora nadie puede precisar claramente cuál será su destino.
A pesar de las críticas internas, diputados explican que terminaron alzando sus brazos por cuatro razones: 1) en el pasado ya aprobaron la responsabilidad política de Maduro y el abandono del cargo, así que este “proceso judicial” se enmarcaría en los esfuerzos por luchar contra la corrupción relacionada con el caso Odebrecht y provocar el cambio político, 2) en palabras de un legislador, “no podíamos darle la espalda a la gente que exige acciones concretas para buscar una salida”, 3) fortalecer la maltrecha unidad, y 4) la presión en las redes sociales donde ya algunos aseguraban que los representantes opositores “traicionarían” a los venezolanos.
Pasada la prueba, parlamentarios subrayaban la necesidad de establecer un diálogo con el TSJ en el exilio y definir con los magistrados “legítimos” los límites de sus actuaciones. “Si siguen con su ‘antejuicio’ y condenan a Maduro, ¿qué viene después? ¿Nombrarán un gobierno en el exilio? ¿Designarán presidente de la República en el exilio a Antonio Ledezma?”, preguntaba un asambleísta planteando escenarios hipotéticos. Sea el de la esquina de Dos Pilitas o el de Bogotá, el TSJ es un quebradero de cabeza para la AN.
