Tres expertos internacionales dijeron el martes haber hallado fundamentos suficientes para considerar que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El argentino Santiago Cantón, el canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura recomendaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que remita el informe de 400 páginas a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
En el informe que el año pasado les había encomendado Almagro, los expertos documentaron 131 asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad o grupos civiles armados progubernamentales -conocidos como colectivos- durante protestas callejeras ocurridas en 2014 y 2017.
También identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013, incluyendo más de 1.300 presos políticos, producto de un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento de la población venezolana.
Los expertos realizaron a fines de 2017 cinco audiencias en la sede de la OEA en la que escucharon testimonios de 26 testigos. Además recogieron documentos provenientes de víctimas, familiares de víctimas y más de 40 organizaciones no gubernamentales e internacionales.
The Associated Press solicitó el martes un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato. El gobierno de Caracas había rechazado la elaboración del informe alegando que rebasaba el mandato de la OEA.
Los tres expertos presentaron su informe tres meses después de que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciara la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Venezuela.
Las llamadas “pesquisas preliminares” son un primer paso hacia posibles investigaciones completas que podrían derivar en cargos ante la corte internacional.
La Corte Penal Internacional, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Venezuela fue el primer país sudamericano en ratificar el Estatuto de Roma en diciembre de 2002.
