Del ensayo al error, por Antonio José Monagas
En el terreno de la economía, los problemas no dejan de ser menores. Los resultados obtenidos mediante la metodología del ensayo y error, se ven muchas veces desvirtuados. Más, cuando las realidades que los circunscriben conllevan efectos de dinámicas sociales y políticas extremadamente volátiles. Y por tanto, delicados en términos de su manejo. Por tan seria razón, se transmutan enmarañando el ambiente de indagación al dificultarse cualquier respuesta que pueda sugerir la metódica aplicada en pos de la verificación en cuestión.
En política, dicho asunto es más engorroso. El método de ensayo y error, no funciona como del mismo puede esperarse. Hay razones que comprometen consideraciones que incitan el ejercicio de la política dado los apremios que se suscitan a su alrededor como producto de vicios que deforman la praxis política. Razones que fundamentalmente acosan el funcionamiento de un Estado política y económicamente enrarecido toda vez que su movilidad gira en función de problemas como el centralismo, el estatismo, el presidencialismo y el partidismo. Todos, consecuencia de la concentración del poder, del populismo y del paternalismo extensivo. Problemas éstos que arrastran un inmediatismo y un vulgar pragmatismo característicos de lo que define una cultura política propia de todo régimen autoritario. Tal como sucede con el régimen político venezolano.
En el ínterin de tan crítica situación, el alto gobierno venezolano, en su interés por operar la gestión gubernamental hacia problemas intermedios del sistema político, por encima de los problemas terminales del sistema social, como bien lo haría un gobierno que movilice sus planes de desarrollo desde la gran política y la planificación, ha caído en un profundo hundimiento de graves implicaciones.
En medio de la displicencia que caracteriza la referida gestión de gobierno, se ha producido una gruesa brecha entre el discurso y el proceso de elaboración y toma de decisiones. Todavía, en el centro de tan insondable hendidura, el gobierno central busca aducir salidas que terminan siendo vías de improvisada formulación. Además, desconectadas del contexto en el cual se han creado y moldeado problemas que atascaron proyectos que pretendieron apostarle al desarrollo del país. Pero que hasta ahí llegaron. Como meras apuestas. Más, cuando las dificultades a allanar se muestran doblemente proporcionales al tamaño de las intentadas soluciones.
Justo, es ahí, en medio de la intolerancia y soberbia propia de la politiquería, donde falla el método de ensayo y error. El procedimiento que desde el sectarismo el alto gobierno ha buscado llevar adelante, no es lo suficientemente expedito para resolver el problema que la represión gubernamental ha causado sobre la economía nacional. Y no precisamente, desde hace seis años. El problema viene arrastrándose desde entrada la década de los noventa. Aunque con marcado énfasis, a partir de 1999.
Lo que ha pretendido resarcirse al derogarse la Ley de Ilícitos Cambiarios el pasado 2 de Agosto, por parte de una corporación política a la cual no corresponde la facultad legítima de actuar legislativamente, como es la Asamblea Nacional Constituyente, es una medida que llegó rezagada. Y llegó así por cuanto, en estos tiempos tan embrollados, la disciplina fiscal y monetaria, política y social, requerida para la puesta en marcha de la misma, no se tiene. Se perdió como resultado del descarrío que ha padecido el país en materia económica toda vez que se deformó la concepción de la economía y su racional manejo.
En el corto plazo, tal como se necesita de instrumentos econométricos capaces de solventar el grado de la crisis actual, no es posible resarcir el daño causado en la economía con paliativos. La revocación de lo que el gobierno ha calificado como “ilícitos cambiarios”, no podría facultarse mediante “amplias garantías” que conduzcan al montaje de un “modelo de participación económico” tal como el gobierno ha anunciado. Menos, cuando el desmontaje del modelo económico causante de la degradación que vive Venezuela, sigue su curso con el auspicio de un poder despótico y represivo.
La hiperinflación establecida sobre el país, no se elimina sancionando medidas que sólo son maniobras distractoras de un socialismo cuya perversidad es groseramente manifiesta. No hay razón para justificar suposiciones que devienen en falsas esperanzas. Peor aún, confundiendo procesos que no aplican al momento de probar en ellos hipótesis que solamente son conjeturas sujetas a simple verificación. En política, no tienen el asidero conceptual para determinar respuestas cónsonas con las exigencias que clama una realidad que busca desenvolverse en medio de una incertidumbre mal definida y pésimamente evaluada desde la perspectiva del desarrollo.
Mientras no se resuelvan problemas que mantienen anclado el país a un retraso estructural, las tendencias e indicaciones seguirán estando equivocadas. El alto gobierno insistirá en creer que las salidas serán extraídas de un modelo económico socialista. De un patrón vertical que aparte de desacertado, es construido con las precariedades metodológicas de época superadas pues en virtud de las exigencias actuales, debe reconocerse que andan tremolando del ensayo al error.
