Los zapatos del “profe” parecen de cartón

Una maremagno de comentarios de solidaridad desató el tweet del profesor de la escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, José Ibarra, a finales de junio de este año. El docente escribió: “No me da pena decirlo, con estos zapatos me traslado a la UCV a dar clases. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela, pues sale en 20 millones”.

La intención de Ibarra en las redes sociales no era generar lástima, sino plasmar la realidad de un profesor universitario en el presente, profesional alejado en salario del sueldo de entre 60 y 70 millones de bolívares de un coronel del Ejército, según cifras manejadas por Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental, Control Ciudadano.

A raíz de su manifestación pública, el profesor Ibarra empezó a recibir donaciones de calzado tanto del interior como del extranjero y creó el movimiento “Zapatos de la dignidad”, para regalar no solo calzado, sino también útiles escolares a hijos de docentes universitarios.

En el más reciente recibo de pago de Ibarra, un especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo con una maestría en la Unesco y un doctorado en Salud Pública en camino, se refleja un monto neto a pagar de 2.916.107 bolívares, poco más de 1 dólar, empleando como referencia la escala para remesas familiares autorizada por el gobierno nacional.

El sueldo de Ibarra representa apenas el 1,59% de la canasta alimentaria que se ubicó en 164 millones de bolívares en junio de este año, de acuerdo a cifras manejadas por el Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores (Cenda).

El desgaste de los zapatos de Ibarra no es casual, a veces el docente debe caminar desde Catia hasta la UCV porque el Metro de Caracas, ahora gratuito, está colapsado y no tiene para el pasaje.

No me da pena decirlo: con estos zapatos me traslado a la #UCV a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela pues sale en 20 millones pic.twitter.com/jZP5rDxYVV

— José Ibarra (@Ibarraorellanes) 29 de junio de 2018

A Ibarra no le gusta usar el transporte público subterráneo. Todavía recuerda cuando lo golpearon y asaltaron  en una estación.

El profesor vive en una zona periurbana entre Catia, El Junquito y La Guaira. Solo en traslado puede gastar diario hasta 100 mil bolívares.

Ibarra fue el primero en su promoción, tiene 10 años como profesor graduado y gracias a unos talleres que imparte calcula que devenga entre 3 y 4 dólares mensuales.

“El tema con los zapatos fue mi punto de inflexión”, dijo Ibarra. “Después de tanto estudiar, me siento tan pobre o peor que en los años ochenta”, añadió.

El docente asegura que puede sortear la crisis porque recibe el apoyo de familiares. “Es la única forma de sobrevivir. Le doy prestada la tarjeta de débito a mi mamá y ella me da el efectivo, además mis hermanos tienen negocios y me tienden la mano”.

Ibarra pudo comprar una casa con sus ahorros en 2010 de contado por 80 mil bolívares, donde vive con su mamá, dos hermanos y sus sobrinos. No tiene hijos. “Antes era yo quien ayudaba a mis hermanos, ahora son ellos los que me brindan apoyo. ¿Quién lo diría?”.

El licenciado califica el 2018 como el peor año de su vida en materia económica. Sin embargo, agradece que aún puede ejercer su profesión y llevar un bocado a la casa de vez en cuando.

“Yo soy un bendecido, conozco profesores que se desmayan de hambre”.

Recibo de pago de José Ibarra

Doctor con una comida diaria

Danny Golindano es un doctor egresado de la Universidad de Oriente en Puerto Ordaz. Hace siete años se graduó de médico e hizo una especialización en hematología en la Universidad Central de Venezuela. Tiene 31 años de edad, no tiene esposa ni hijos. Se pasea a diario por los pasillos del Hospital José María Vargas en Caracas, a veces pasa 7 horas de consulta y hace guardias de 24 horas. Todo por la bicoca de 2.600.000 bolívares mensuales.

“Hay días en que solo me alcanza para el almuerzo; he bajado como 8 kilogramos en los últimos dos meses”, dijo el oriundo del estado Bolívar.

Golindano asegura que hay una falsa creencia en cuanto a los profesionales de la salud. Alega que algunos consideran que los médicos que laboran en centros asistenciales públicos compensan sus ínfimos ingresos atendiendo consultas privadas. “Alguien que está haciendo un postgrado requiere dedicación exclusiva, no tiene tiempo para ponerse a trabajar en una clínica”, comentó.

Expuso que los médicos privados deben arrendar consultorios, pagar a secretarias, comprar suministros y papelería. “Lo que le dan a uno en un hospital no alcanza para eso”, alertó.

Danny es el único médico en su familia: su padre fue obrero en una de las empresas básicas de Puerto Ordaz, su madre es ama de casa. Tiene una hermana farmaceuta y otro que trabaja en una contratista en oriente. Sus padres le ayudaron a estudiar con mucho sacrificio. Ahora, el sueldo de un mes no le alcanza para comprarse una empanada y un café grande.

Aseveró que ha conseguido en colegas la solidaridad para obtener recursos adicionales. “Hago suplencias a algunos compañeros cuando se van de permiso o vacaciones, los ayudo en proyectos, pero eso es algo esporádico, no es todo el tiempo”.

A su juicio, las oportunidades en clínicas también han disminuido porque la mayoría de la gente no posee el dinero para pagar una consulta privada. “Antes, un médico con trabajar en un hospital tenía, hoy eso no alcanza. Tengo compañeros que están en bienes raíces o haciendo otras cosas para medio mantenerse”.

Para Golindano el drama más terrible no es el salario que cobra mensualmente, sino la cantidad de personas que ve morir por falta de recursos y medicamentos. “Yo manejo el área de oncología y duele ser testigo de gente que fallece porque no se hizo un tratamiento de quimioterapia a tiempo. El cáncer no perdona; hay que gente que me pide que la ayude, pero cómo hago yo”.

Gasta más en transporte de lo que cobra

A la enfermera Adelys Urbina le sale más caro trasladarse a Caracas desde Guatire que cobrar la guardia nocturna de 300.000 bolívares que le pagan en el hospital Domingo Luciani. Urbina, una enfermera integral con 20 años de experiencia, devenga un sueldo cercano a los 3.000.000 de bolívares mensuales. Si bien le depositan unos bonos por profesionalización y transporte, también le descuentan por Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso y Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda. Al final, siente que va a trabajar gratuitamente.

Urbina es especialista en terapia intensiva, pero conoce de neurocirugía y pediatría. Además tiene una maestría en Gerencia de la Salud Pública en la Universidad Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.

“En los centros hospitalarios, la persona más importante es la enfermera, porque siempre está ahí. Los pacientes cuando necesitan algo buscan siempre es a una enfermera. No estamos reparando celulares, estamos tratando con personas y eso es un compromiso. A nosotras nos jubilan luego de décadas de servicios con unos sueldos paupérrimos”, dijo Urbina.

Aseguró que la jornada laboral de una enfermera puede llegar hasta 36 horas corridas, si se suman las pernoctas en los hospitales.

La enfermera ayuda a actualizar los libros de contabilidad de la empresa de transporte donde trabaja su marido para conseguir un dinero extra. Considera injusto que a militares les ajusten los sueldos periódicamente y no a los profesionales de la salud. “Yo no quiero bonos, yo quiero un sueldo digno. Si al presidente le gustan los uniformes, nosotros también tenemos; si le gustan las condecoraciones, aquí también hay”.

Urbina tiene dos hijos en edades adolescentes: uno se graduó de bachiller y el otro está por hacerlo. La posibilidad de enviarlos a universidades está cada vez más lejana. “Ellos han tenido que ayudarme vendiendo cigarrillos detallados y guarapos en la calle…Para nosotros ya no existe la diversión fuera de casa, se acabaron las idas al cine y a comer en un centro comercial”.

Pese a la situación por la que atraviesa, considera que hay gente con mayores calamidades. “Hay muchas compañeras que son madres solteras, que tienen familiares enfermos, con familias muy grandes”.

Alertó que la partida de colegas a otros países ha causado una crisis de personal sin precedentes. “Eso nos ha generado una carga adicional de trabajo. Lo peor es que seguimos cobrando el mismo sueldo”.

Al mal tiempo…

Pese a la imposibilidad de tener una calidad de vida similar a la de años atrás, el profesor universitario José Ibarra no desfallece en su afán de mantener los cánones de excelencia en las aulas de la Universidad Central de Venezuela.

“Con todo y crisis, en la UCV seguimos investigando. La educación es el muro de contención de todo esto, hay que fomentar el emprendimiento y las estructuras mentales, la gente no puede acostumbrarse a pedir”, dijo el especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo.

Ibarra reconoce que, como todo ser humano en Venezuela, algunos días amanece con el optimismo en cero. “A veces pienso que debo irme del país, pero veo el empeño de mis estudiantes y recapacito. Me desmoraliza la deserción escolar y el éxodo de profesores, es conocimiento que se está perdiendo”.

“Yo siempre he apostado porque acá debe haber un cambio, que vamos a tener una nación diferente, si todos decidimos irnos hay mucha gente que va a sufrir, cuando pienso en irme, estoy dejando atrás a un grupo de personas indefensas que probablemente mueran”, señala el doctor Danny Golindano. “Aplaudo la valentía de algunos colegas de salir de nuestras fronteras, pero esos mismos me dicen que si aquí hay un giro de timón, se regresan, porque el médico se debe a sus pacientes”, agregó.

“Hay un sentimiento encontrado, por un lado quieres tener una mejor vida y esa no se consigue hoy en día en Venezuela y por el otro está la vocación, estamos en la lucha diaria por la dignidad. Imagínate si acá se fueran todos, nosotros tenemos la esperanza de que esta vaina se acomode”, enfatizó la enfermera Adelys Urbina.

Sueldo de militares, mito o realidad

El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció en el fragor de una protesta de médicos y enfermeras para exigir salarios justos a principios de julio de este año que hay una brecha astronómica entre los ingresos de los militares en el gobierno de Nicolás Maduro y el resto de los trabajadores.

“Si un coronel de la República va a ganar 240 millones de bolívares, entonces un doctor también merece ganarlo; si un teniente va a ganar 230 millones, una enfermera también; si un mayor devenga 148 millones, un bioanalista también”, expresó.

“Un teniente coronel cobra como 25 dólares mensuales, poniéndolo a 3 millones, es decir 75 millones, lo demás es puro cuento”, asomó desde el anonimato un miembro de la FANB.

La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, corroboró la tesis del uniformado.

“Esos sueldos de militares que están circulando por ahí no son fidedignos. Los salarios de los miembros de la FANB se corresponden más con los de la administración pública, lo único cierto es que el presidente Maduro ha hecho ajustes paulatinos”.

Enfatizó que los salarios de los militares dependen de la antigüedad y el estatus. “Cada grado tiene cinco niveles, así que es algo difícil de determinar. Los incentivos que se dan no son generalizados e incide mucho el tema de la lealtad”.

Sostuvo que el pase a un ministerio u otra dependencia pública también puede vislumbrarse en el ámbito militar con una mejora económica. Según cifras de Control Ciudadano, 507 militares han sido responsables de distribución de alimentos desde que se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano en 2016.

Un informe de Transparencia Venezuela en febrero de este año reveló que de 127 empresas del Estado (agroalimentarias, básicas, de energía y financieras), en al menos 38 hay un militar activo o jubilado en la junta directiva.

San Miguel también informó que pese a la diferencia salarial entre militares y civiles en Venezuela, estos primeros siguen siendo los peor pagados en Latinoamérica. “Tal vez en los 80, el militar promedio gozaba de una condición de clase media, hoy en día no”.

Para San Miguel, la situación económica, aunada a las presiones en los comandos, han disparado las peticiones de baja, cifras imposibles de develar con exactitud en vista de la opacidad del ámbito castrense nacional.