La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, rechazó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado y la opacidad de las instituciones del Gobierno sobre el operativo que se realizó para capturar al piloto y exinspector del Cicpc, Óscar Pérez.
Solórzano dijo que se ha visto la violación flagrante de la Constitución y todas las leyes venezolanas que resguardan la vida, cuando “un grupo de ciudadanos que se estaba rindiendo, y a pesar de la rendición fueron masacrados”.
La parlamentaria exigió respuestas claras al Gobierno de Nicolás Maduro sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad en el operativo que culminó con la muerte de Óscar Pérez y varios de sus compañeros en circunstancias que no han sido aclaradas.
“Si todo lo que narran los medios de comunicación es cierto, podríamos estar frente a una posible ejecución extrajudicial prohibida por la Constitución, porque no está avalada la pena de muerte”.
Solórzano aseveró que el Parlamento venezolano no se pronuncia a favor o en contra de los métodos utilizados por Óscar Pérez, “pero estos no son los mecanismos para ejecutar la justicia en un país que se dice en democracia”.
“En Venezuela no hay, democracia o Estado de Derecho, tampoco podemos expresarnos libremente”, sentenció la presidenta de la Comisión de Política Interior.
Si estuviéramos en una guerra incluso los tratados de rendición se violaron en este caso, argumentó la diputada por Un Nuevo Tiempo. “Podemos recordar lo ocurrido en 1992 (golpe de Estado liderado por Hugo Chávez), no quisiera pero la realidad es que cuando una persona se rinde no hay necesidad de que lo maten. Esas son las investigaciones que debemos hacer”.
Por ello, el Parlamento venezolano aprobó la creación de una comisión especial presidida por Solórzano y los integrantes de la Comisión de Política Interior para investigar la muerte del exinspector del Cicpc y varios de sus compañeros.
En apoyo a la Iglesia
Sobre los señalamientos del mandatario Nicolás Maduro contra dos monseñores de la Iglesia Católica, Delsa Solórzano indicó que esos prelados han hecho observaciones que todo el mundo hace sobre la corrupción “pero eso es algo que no quieren que desde el Gobierno se sepa”.
Calificó de insólita la solicitud de una investigación contra los dos obispos por expresar una opinión, y aseveró que “quien se tiene que ir del país es aquel que nos tiene oprimidos”.
“Cualquiera que levante la voz en el país comete un delito de odio, pero señor Maduro el pueblo de Venezuela está pasando hambre y se pronuncia porque se lo permite la Constitución. Si nosotros dejamos de lado la Constitución no hay nada que exigir”.
El domingo 14 de enero, durante la misa en honor a la Divina Pastora, los monseñores Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe se refirieron a los flagelos del hambre y la corrupción, flagelos que estiman más daño ocasionan al pueblo venezolano.
Nicolás Maduro ordenó una investigación contra los obispos por presuntamente violar la normativa contra el Odio, dictada por la impuesta asamblea constituyente.
El Parlamento venezolano remitió a la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario una investigación sobre las amenazas que recibieron los monseñores de Barquisimeto y San Felipe.
Dip.@delsasolorzano: se viola también la Ley del Servicio de Policía; ¿Qué hacía el jefe de un colectivo en ese procedimiento? El Estado aún no da el nombre de los fallecidos ni explica cómo perdieron la vida. #SesiónAN pic.twitter.com/szFjhPHXtJ
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 16 de enero de 2018
Dip.@delsasolorzano: 2. Condenamos el ASESINATO del ciudadano Oscar Pérez y de otros venezolanos en un OSCURO procedimiento del que no hay informe oficial. ¿Cómo es posible que rindiéndose lo acribillan? El Estado viola Art.44 CRBV que resguarda el derecho a la vida. #SesiónAN pic.twitter.com/GJhPyqHOVM
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 16 de enero de 2018
