Abogados que no entregaron documentos que demuestren que cumplen los requisitos académicos exigidos por la Constitución y la ley, que estaban vinculados con hechos de corrupción o que tenían abiertas investigaciones penales por distintos delitos. Estas fueron algunas de las anomalías que los funcionarios y técnicos del Consejo Moral Republicano hallaron al revisar los expedientes de los entonces 13 candidatos a magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la anterior Asamblea Nacional les remitió en diciembre de 2015. Pese a los hallazgos, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo los avalaron y el Parlamento los nombró en la víspera de la Navidad de ese año.
Documentos obtenidos por Crónica.Uno comprueban las sospechas que la oposición y académicos tenían en relación a la idoneidad de algunos de los escogidos, así como las denuncias que en los últimos días ha realizado la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en relación con los vicios que rodearon el proceso y por los cuales ella rechazó respaldarlo.
De los 13 magistrados principales, solamente cinco aprobaron la revisión que los funcionarios del Consejo Moral hicieron (Luis Damiani, Juan Luis Ibara, Yanina Karabin, Marco Medina y Eulalia Guerrero). Es decir, que obtuvieron al menos 10 puntos sobre 20 en el baremo elaborado por el máximo organismo del Poder Ciudadano y el cual, según el artículo 264 de la Constitución de 1999, tiene que hacer una segunda preselección de potenciales candidatos a integrar el máximo juzgado, la cual remitirá a los diputados para que haga la selección definitiva.
Por su parte, Calixto Ortega y Lourdes Suárez, actuales miembros de la Sala Constitucional, reprobaron, lo mismo que Vilma Fernández, Francisco Velásquez e Yván Darío Bastardo o Jesús Jiménez Alfonzo, quienes integran las salas Civil y Social, respectivamente.
Respecto a Fanny Márquez y el exdiputado Christian Zerpa, quienes terminaron en la Sala Electoral, los técnicos del Consejo Moral ni siquiera los evaluaron porque no entregaron los documentos que demuestran que tienen los estudios de cuarto nivel o las especializaciones requeridas para ocupar los puestos que ahora desempeñan.
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