La decisión del gobierno de decretar los viernes como días no laborales para el sector público fue objetada por analistas y opositores que consideran que la medida será insuficiente para atender la crisis del sistema eléctrico que enfrenta el riesgo de colapso ante la fuerte sequía que padece la represa que alimenta la mayor central hidroeléctrica del país.

El ingeniero José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos, afirmó que la decisión del gobierno de decretar los viernes como día no laborable en el sector público «no tiene el suficiente poder correctivo», y sostuvo que la medida es «demasiado tardía» para atender la difícil situación del embalse del Guri.

Aguilar dijo a The Associated Press que existe el riesgo que el consumo eléctrico que se ahorre en las empresas públicas se traslade al sector residencial cuando los empleados públicos se queden en sus casas, lo que podría elevar la demanda en ese sector y agravar la crisis.

El presidente Nicolás Maduro anunció la noche del miércoles que a partir de esa semana comenzará a regir un decreto especial que reduce a cuatro días la semana laboral de los empleados públicos, decisión que se extenderá por dos meses.

El complejo hidroeléctrico que surte el Guri suple cerca del 60% del consumo nacional.

El nivel de agua del Guri está 3,66 metros arriba de la cota de riesgo, que es de 240 metros sobre el nivel del mar, que de alcanzarse podría obligar a las autoridades a paralizar a algunas unidades de la hidroeléctrica y generar un apagón en algunos de los 24 estados del país. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, dijo la víspera que la cota de agua del Guri está en 243,66 metros sobre el nivel del mar.

Aguilar explicó de llegar la cota de agua del Guri a 240 metros sobre el nivel del mar se tendría que paralizar «ocho unidades» de la hidroeléctrica, tal como han reconocido las autoridades. La central quedaría con un estimado de «diez unidades» en operación que generarían «3.000 megavatios» lo que implicaría una restricción energética sin precedentes en el país, precisó el analista.

«Eso equivale a cortarle la energía que consumen diez estados. Venezuela tendría racionamientos permanentes las 24 horas del día», agregó.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado opositor Henry Ramos Allup, se sumó a los cuestionamientos y dijo que el decreto presidencial es un «disparate».

Para suplir las fallas del sistema hidroeléctrico el gobierno espera recurrir a las centrales termoeléctricas que generan cerca de 6.500 megavatios y suplen parte de la demanda promedio del país que está en 15.500 megavatios. La mayor parte de la demanda eléctrica es atendida por el sistema hidroeléctrico.

El gobierno impuso en febrero un plan de racionamiento en los centros comerciales que implicó la suspensión de actividades durante la mañana y un horario de operaciones de 12 del mediodía a 7 de la noche de lunes a viernes.

Asimismo, las autoridades acordaron llevar a 5 horas y media las jornadas diarias de trabajo en algunos ministerios y empresas públicas para contribuir con el ahorro de la energía. Maduro también decretó la Semana Santa como no laborable para el sector público y privado en un intento por ahorrar el consumo eléctrico.

Los analistas estiman que todas esas medidas han sido insuficientes debido a que no se ha logrado detener ni retrasar el descenso en la cota de agua del embalse del Guri, que se ha visto afectado en gran medida por una fuerte sequía que enfrenta Venezuela por el fenómeno del Niño que también ha golpeado los niveles de agua de otras represas del país.

Venezuela enfrenta desde hace seis años problemas en el servicio eléctrico como consecuencia de fuertes sequías, el aumento del consumo y el deterioro de las viejas instalaciones que el gobierno ha intentado compensar con millonarias inversiones y planes de emergencia. Los opositores y analistas estiman que parte de las inversiones en el sector eléctrico se perdieron por corrupción.