Rocío Guijarro, gerente general Cedice Libertad, considera que devaluar el bolívar, decretar un nuevo aumento del salario mínimo y aumentar la gasolina no son medidas orientadas a reactivar la economía nacional, sino solamente a aportar más dinero al erario público, ante la baja de los precios del petróleo, colaborando en un permanente crecimiento del Estado, cada vez más ineficiente.
Para Guijarro, las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro solo refuerzan un modelo económico intervencionista que ha fracasado, no solo en los últimos 17 años, sino en todas las ocasiones en las que ha sido implementado, entre ellas en Cuba y la Unión Soviética.
A manera de ejemplo, se refirió al nuevo aumento del salario mínimo, que calificó como una medida que busca devolverle a Maduro la popularidad perdida.
La especialista comentó que, con este nuevo decreto, el gobierno nacional da otro golpe al empresariado venezolano, pues hace cada vez más difícil el cumplimiento de estas obligaciones, con lo que lleva inevitablemente al cierre de las empresas.
“El gobierno no ha entendido que los aumentos salariales por decreto solo son nominales, es decir, no representan nada en la realidad, pues las empresas no pueden producir lo mínimo para costear estos aumentos constantes”, resaltó Guijarro, quien agregó que aumentos decretados de esta manera no hacen sino agravar la espiral inflacionaria del país, pues así como aumentan los salarios aumentan los costos de producción y, por ende, los precios.
También comentó que esta imposibilidad para producir se debe a otros elementos económicos que el presidente ignoró por completo en sus anuncios: los controles de precio, que, insistió, deben ser derogados, al igual que aspectos de la legislación laboral que atentan contra la productividad, como es el caso del decreto de inamovilidad laboral.
Populismo y tributación
Guijarro también criticó el balance hecho por Maduro respecto a la recaudación tributaria del año pasado. Luego de que el primer mandatario acotó que con los impuestos se sostuvieron las misiones sociales, la especialista consideró que tanto los incrementos como el uso discrecional de los tributos es un nuevo abuso contra el ciudadano.
“El Estado solo debe garantizar libertad, derecho de propiedad y seguridad. No puede obligar a ningún ciudadano a financiar con sus tributos, que ya son bastante innecesarios, cualquier programa social con el que solo busca aumentar su popularidad y dedicarse a tareas que no le corresponden y que deberían estar en manos privadas, como la salud, la vivienda y la educación”, cuestionó Guijarro.
Prensa Cedice Libertad.
