El Foro Penal Venezolano propuso un decreto legislativo de amnistía de todos los presos y perseguidos políticos en vez de una ley. La organización no gubernamental optó por esta vía alterna para evitar el veto presidencial, que ya anunció el jefe del Estado, Nicolás Maduro, así como los eventuales obstáculos provenientes del Tribunal Supremo de Justicia.
La propuesta, concebida como “un primer borrador”, cuenta con el aval de 21 juristas y se fundamenta en el artículo 187, numeral 5 de la Constitución, el cual faculta a la Asamblea Nacional para decretar amnistías, con plena eficacia y de obligatorio e inmediato cumplimiento por todos los órganos del poder público.
La Sala Constitucional, insisten los autores de la propuesta, no tiene jurisdicción para examinar la conveniencia de un decreto legislativo de amnistía por tratarse de una decisión política que escapa a su control. Solo podría revisarlo si quebranta las garantías para evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la carta magna.
El proyecto de decreto define la amnistía: “…se refiere a hechos que han sido considerados como infracciones al ordenamiento jurídico en general, y no a las personas individualizadas, de manera que si el hecho o suceso que le da origen queda despenalizado (…) la amnistía opera para todas las personas que pudieran haber sido sujetas a denuncias, acusaciones, o que de oficio hayan sido investigadas, acusadas o sujetas a procedimientos de cualquier tenor, o sancionadas a consecuencia de los mismos”.
