Las elecciones que ganó Nicolás Maduro por la mínima a Henrique Capriles en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez significaron el principio del fin para la credibilidad internacional del chavismo. Dos años más tarde, la situación es crítica para Venezuela con la economía por los suelos, la tasa de homicidios y de pobreza en los hogares (48,4%) subiendo y las colas en los supermercados cada vez más kilométricas donde el coste de los productos no importa tanto como el tiempo de espera.

En este escenario, el próximo 6 de diciembre se celebrarán unas elecciones parlamentarias decisivas para el país, que apuntan al cambio político si no se equivocan las encuestas.

Pese al optimismo de la oposición, a quienes los sondeos le otorgan hasta 20 puntos de diferencia frente al chavismo, el resultado puede ser aún bien diferente.

«En las presidenciales se registraron varios abusos de los poderes del Estado para la campaña, como la nula presencia de la oposición en los canales públicos, gran inequidad en la financiación… es la lucha de David contra Goliat. Así que, ¿cómo le ganas a un petroestado?», reflexiona el investigador de la U. Carlos III de Madrid y conocedor del sistema electoral venezolano desde hace 25 años, Manuel Hidalgo.

En un contexto en el que el 86% de los venezolanos quiere un cambio, según Venebarómetro, y Maduro es valorado positivamente por solo el 24% de la población, frente al 60% de Chávez, las dudas se ciernen sobre el sistema electoral venezolano. Hidalgo, que ha analizado las irregularidades de las elecciones desde 2004-2013, recuerda una situación que «nunca antes había vivido». Un vídeo que circuló entre los especialistas electorales.

Eran las cinco de la tarde del 14 de abril de 2013 cuando simpatizantes del candidato chavista, Nicolás Maduro, aparecieron en moto en Universidad Central de Venezuela en Caracas donde se encontraba la ONG Asamblea de Educación, organismo autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el interior del recinto vallado estaba el jefe de la observación, que les explicó en vano a los asaltantes que únicamente podían entrar las personas autorizadas. Los chavistas fueron saltando poco a poco las vallas tras los forcejeos pese a las protestas del equipo electoral.

Ante las presiones, el jefe del equipo de observación permitió que tres de los motoristas accedieran, entre ellos, su líder, el oficialista y militante del PSUV Kevin Ávila. Una vez dentro del recinto y acompañados por más asaltantes, estos empezaron a robar móviles, relojes y todo tipo de objetos personales. Tras varios minutos recorriendo los pasillos del centro gritando consignas a favor de Maduro, llegaron a la sala donde se amontonaban los informes de los expertos acreditados por el CNE. Revisaron los documentos y les tomaron fotos. Terminaron incluso golpeando a un voluntario, al que le obligaron a arrodillarse.

Para estas elecciones parlamentarias, el CNE no ha autorizado salvo excepciones la observación electoral internacional. Esto ocurre desde 2007, en la única derrota de Chávez en su intento de cambiar la Constitución por medio de un referéndum. Desde entonces se ha establecido el «acompañamiento electoral»: las delegaciones que acuden representando a sus partidos políticos no pueden abarcar todos los colegios electorales; la muestra es pequeña y donde más abusos se han registrado es en las barriadas más pobres y en las zonas populares. De esta forma, ni Naciones Unidas, ni la Unión Europea ni la propia Organización para los Estados Americanos —»no hemos recibido ninguna petición para observar y no estamos inmiscuidos», dicen desde la OEA a ABC— han recibido la invitación de Venezuela para hacer un seguimiento de los comicios. Sí podrán asistir Corea del Sur, Rusia, Centro Africano, Celac y Unasur.

La principal potencia de este último, Brasil, se queda al margen tras la renuncia del prestigioso jurista brasileño Nelson Jobim por la falta de garantías del CNE. «Todo esto es altamente sospechoso, las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para Venezuela, y es cada vez más difícil que puedan hacerse de una manera que asegure su credibilidad», señala José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

El «veto» a estos organismos internacionales desde 2007 tiene otra explicación en el seno del chavismo, lejos de cualquier sospecha electoral. «El Gobierno de Hugo Chávez consideró que la observación de países en desarrollo por países desarrollados u organismos internacionales donde los países desarrollados tienen más peso, es una tradición que viene del periodo colonialista y desafía la soberanía de un país para realizar sus procesos electorales y organizar su vida interna», dice a ABC el experto electoral residente en Venezuela Dimitris V. Pantoulas. En esto coinciden desde la OEA, al señalar que no tiene por qué haber relación entre sistema débil electoral con presencia de observadores.

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