Anyelo Rafael Quintero Rivas luchó siete meses y 17 días por su vida, tras recibir un balazo en la cabeza disparada por funcionarios de la GNB que reprimían una protesta en Mérida
El joven no estaba manifestando. Iba caminando por la calle, cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos
Anyelo Rafael Quintero Rivas estuvo siete meses y 17 días luchando por su vida. Una bala disparada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Estatal de Mérida impactó en su cabeza cuando empezaron a reprimir una manifestación antigubernamental de 2017.
El joven de 29 años ni siquiera había ido a protestar.
15 minutos antes de resultar herido, estaba visitando a su hijo de un año. Era 26 de junio y las calles de Ejido, en el estado Mérida, estaban revueltas por las protestas callejeras. Anyelo iba caminando por la calle San Isidro del sector El Trapichito cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos.
El disparo que recibió Anyelo fue a tan corta distancia que se le encajó en el pariental derecho y le destrozó toda la región occipital. Le causó muerte cerebral, según declararon los médicos que lo recibieron en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). En el centro de salud sometieron al muchacho a una operación quirúrgica.
Durante los casi ocho meses que estuvo hospitalizado en el centro de salud, fue intervenido en múltiples oportunidades.
Para los familiares del muchacho fue difícil enfrentar lo ocurrido. No solo tuvieron que hacerle frente al hecho de que Anyelo fuera gravemente herido, sino que también tuvieron que sobrellevar las precarias condiciones en las que se encontraba el hospital.
Pero el estado de desnutrición que tenía Anyelo era severo y contrajo bacterias en varias ocasiones por la falta de higiene del lugar.
Murió Angelo Rafael Quintero Rivas, joven de 28 años, quien fue herido tras recibir un disparo en la cabeza, durante las protestas de 2017 en Mérida. https://t.co/FEdpvxvCxh pic.twitter.com/Y3kFz6Ibd1
— El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) February 13, 2018
El 12 de febrero de 2018, Anyelo falleció en el mismo hospital. Es la víctima número 11 de personas que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“El asesinato de Ányelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque al parecer cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. ¿Qué te puedo decir? Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, expresa Yurlexy Rivas, hermana del joven.
"UN AÑO DESPUÉS LAS BALAS QUE REPRIMEN SIGUEN MATANDO" Ante el sensible fallecimiento de Anyelo Rafael Quintero Rivas, joven gravemente herido en las protestas #Mérida 2017 https://t.co/kg2mrEPjJE pic.twitter.com/terRcDuV3Y
— PROMEDEHUM (@promedehum) February 21, 2018
El secretario general del Gobierno de Mérida, Gerardo Molina, desmintió que Ányelo haya sido atacado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que los funcionarios de la GNB no llegaron al lugar del hecho durante “el plantón” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.
Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.
Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.
Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones.
La hermana del muchacho afirma no haber recibido respuesta por parte de las autoridades. En ningún momento fueron informados de los avances en la investigación.
A tres años de aquellas protestas, Yurlexy renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, a fin de determinar las responsabilidades y las sanciones.
“Fue un guerrero, en plenas facultades vitales y también mientras estuvo en agonía. Siempre luchó por su vida y por las cosas que quiso. Fue un trabajador incansable. Se dedicó al ramo de la construcción y la electricidad. Cuando muere, estaba proyectando construir una vivienda a su hijo, pero la crisis económica del país era un inconveniente, cosa que no ha cambiado”, comentó.
