A Yolanda le ofrecieron un trabajo en Colombia y al llegar fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas fueran explotadas sexualmente
Una vecina le ofreció a Yolanda* una oferta de trabajo en una ciudad fronteriza de Colombia vendiendo cafés. Todo con la promesa de que podría mejorar las condiciones de vida que tenía Venezuela. Le contó que había estado en el país vecino y le había ido muy bien, así que a ella seguramente también. Yolanda no estaba muy segura porque no quería dejar a sus dos hijas, de 6 y 8 años, pero le dijo que no se preocupara y que podía llevarse a las niñas con ella.
Se ofreció a pagar los costes del viaje, hospedaje y comida de Yolanda, su esposo y sus dos hijas. Yolanda aceptó y poco tiempo después iniciaron el viaje.
Los cuatro cruzaron la frontera. Del otro lado del territorio venezolano, una persona les estaba esperando para trasladarles al lugar donde, en principio, iban a residir y trabajar.
Yolanda dijo que no.
Pero uno de los tratantes empezó a acosarla y, finalmente, la agredió sexualmente. “El señor entra al cuarto con un cuchillo y me lo pone en el cuello. Me dice que me quedara quietecita que ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas, él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía”.
Cuando el hombre intentó abusar sexualmente de una de sus hijas, Yolanda reaccionó. Lo empujó, agarró sus cosas y escapó de la vivienda.
Una vez Yolanda se encontró con su esposo, le contó lo sucedido y este fue a retirar sus pertenencias de la casa. Pasaron la noche en una plaza pública y una pareja de policías se acercaron a preguntarles por su situación. Le contaron lo sucedido y los policías dijeron que no era la primera vez que ese señor tenía problemas y que ese tipo de historias solían ocurrirle a mujeres venezolanas.
La organización entró en contacto con varios organismos nacionales e internacionales, así como con la policía especializada en el delito de trata de personas, pero esta entidad no atendió la solicitud de manera inmediata. La asistencia básica, como la compra de productos básicos de aseo y alimentación, salud primaria, hospedaje en un hotel y medidas de protección se la brindaron varias organizaciones, pero fue de carácter temporal.
Yolanda sigue esperando justicia
Yolanda presentó una denuncia por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General de la Nación de la ciudad en la que se encontraba. No obstante, el personal de la Fiscalía determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Esta decisión tendría graves consecuencias posteriormente en el reconocimiento de sus derechos y de medidas de protección.
Pero ella no se detuvo. Unos días después, con el apoyo de una organización, Yolanda se acercó a la Secretaría de Gobierno con el propósito de activar la ruta de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, pero los funcionarios que la atendieron le informaron de que en su caso no era posible activar dicha ruta, pues en la denuncia ante la Fiscalía el delito registrado era inducción a la prostitución.
Ante la falta de protección debido a los problemas de identificación como víctima de trata y debido a la grave situación económica en la que se encontraba, Yolanda decidió volver a Venezuela junto a su familia. Al llegar a su ciudad natal, empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de la red de trata, así que decidieron volver a Colombia. Pero las amenazas continuaron. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para que otorgaran medidas de protección, pero Yolanda nunca recibió respuesta.
La autoridad competente en la protección de víctimas de trata no activó de manera integral la ruta de protección y asistencia a la Yolanda que tenía derecho. No tuvo acceso a vivienda, ni a empleo, ni a las mínimas condiciones de sobrevivencia y sus hijas se encontraban sin escolarizar.
Acompañada por Women’s Link, Yolanda llevó su caso a la justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional. Yolanda reclamaba ser reconocida como víctima de trata de personas y que la Corte dictara medidas urgentes y estructurales para que las autoridades colombianas mejoraran su capacidad de coordinación, identificación y protección integral a todas las víctimas de trata, incluidas sus familias, especialmente en el nuevo contexto de COVID-19. Se trata de la primera vez que la Corte revisa un caso de trata en el que la víctima es una mujer migrante y ordena medidas de protección.
517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.
“La decisión provisional de la Corte Constitucional permitirá mejorar de manera inmediata la situación de Yolanda y su familia. Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, afirma Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.
*Yolanda es un nombre ficticio para proteger su identidad y seguridad.
