DDHH olvidados | Policías apagaron la sonrisa de “Doctor Cotillón” - Runrun
DDHH olvidados | Policías apagaron la sonrisa de “Doctor Cotillón”
Leonardo González fue perseguido y asesinado en las protestas de 2017 por policías municipales del estado Carabobo
Más de tres años después de que fueran identificados los responsables, el caso sigue en etapa de juicio

@ValeriaPedicini

A Leonardo González lo conocían como el “Doctor Cotillón”. Él era un payaso de hospital. Vistiendo una bata blanca, una nariz de payaso y gorro de arlequín, formaba parte de la organización Doctor Yaso que se encarga de visitar a niños, niñas y adolescentes en centros de salud para aliviar el sufrimiento de estos pacientes a través de la risa.

Así es como conocían al hombre de 48 años de edad, esposo y padre de tres hijas en su comunidad de Los Guayabitos en el estado Carabobo: por ayudar a la gente, por su alegría y su don servicial.

Fue por eso que la noticia de su asesinato el 27 de julio de 2017 causó consternación y dejó un vacío irreparable entre sus familiares, allegados y vecinos.

Ese jueves la gente se había concentrado en las calles para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro una vez más. Las protestas callejeras llevaban más de tres meses consecutivos en todo el país. En la avenida Valencia del municipio Naguanagua, donde vivía Leonardo, también salieron a manifestar desde tempranas horas del día.

Todo marchaba con normalidad. Y de un momento a otro, apareció un contingente de la policía de Carabobo con intención de dispersar a las personas. Tras insultos, empujones y patadas vinieron las armas de fuego. Los efectivos soltaron varios disparos y la gente tuvo que salir huyendo del lugar.

El “Doctor Cotillón”, quien suministraba agua y alimentos a las personas que manifestaba, fue el último en hacerlo: un joven de 18 años había quedado rezagado y él había regresado a buscarlo.

Un efectivo policial con un arma de fuego en la mano se dirigió violentamente a él y Leonardo decidió correr. Funcionarios de la policía de Carabobo iniciaron una persecución en su contra, luego se unió la policía municipal de Naguanagua. Más de 30 funcionarios lo perseguían.

Testigos del hecho contaron que Leonardo les gritaba a los policías desde el carro donde estaba que no le dispararan porque él era de la sociedad civil. 

Lo acorralaron. El vehículo donde “Doctor Cotillón” estaba recibió 26 impactos de bala y una de ellas fue a parar en su espalda. Leonardo se bajó del carro y pidió ayuda a los efectivos, pero lo ignoraron.  Él cayó al pisó y murió en el lugar, a pocos metros de su vivienda.

“La manera como actuaron revela la intención de los funcionarios. Trataron a Leo como un delincuente, siendo un hombre extraordinario, íntegro, padre de familia; a ellos no les importó nada”, expresó su esposa Olga de González.

No se ha hecho justicia

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. “Al revisar el carro y los bolsillos de mi esposo solo encontraron caramelos, cotillones. Nada de armas, de ningún tipo”, cuenta su esposa.

Doctor Cotillón sigue repartiendo sonrisas

A las 48 horas de haber fallecido, un funcionario de la policía municipal de Naguanagua, Ronald Vidal Paternina Ramírez, fue detenido y acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo fútil, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro.

En 2018, fueron aprehendidos otros cinco funcionarios más, acusados como coautores de los delitos anteriormente señalados: Wuisnbert Alexander Fernández Riera, Johana Orlimar Medina Blanco, Joel Lenin Rodríguez Sánchez y los hermanos Krosslan Josueth y Radameth Josueth Acosta Malpica.

Más de tres años han pasado del asesinato de “Doctor Cotillón” y el caso sigue en etapa de juicio.

“El retardo se debe a múltiples diferimientos de la audiencia preliminar, debido a la falta de traslado de los privados de libertad, falta de debida notificación a las partes y la falta de despacho por parte del propio Tribunal, lo cual se ha agudizado tras la cuarentena”, dice Olga.

A todo esto, se le suman los frecuentes cambios de fiscales, lo que interrumpe la continuidad del proceso. “Me obliga a actualizar la historia cada vez que asume un nuevo fiscal, tener que empezar de cero, revivir los hechos (revictimización, en términos jurídicos), lo cual me parece un irrespeto del Estado hacia las víctimas; recientemente nos cambiaron ambos fiscales, el nacional y el regional”.

En 2019, Olga de González solicitó a la Fiscalía de Carabobo la apertura de una investigación sobre el sitio de reclusión de los exfuncionarios acusados. Porque no están cumpliendo la privativa de libertad en el centro penitenciario dispuesto por el tribunal. “Solamente Ronald Paternina está en el lugar de reclusión que fue dispuesto en su momento por el tribunal y la funcionaria Johana Medina que recibió una medida de arresto domiciliario por un embarazo que ya superó, y ahora estamos pidiendo que dicho beneficio sea revisado. La lucha es dura pero seguimos batallando hasta obtener justicia”.

Pero el legado de “Doctor Cotillón” continúa. Su familia creó la “Fundación Leonardo González Barreto: Sonrisas de Esperanza. “Mi esposo era un hombre extraordinario, un payaso humanista, una persona de bien que se dedicaba a llevar sonrisas, repartía alegrías, esperanzas a los hospitales, a los enfermos con cáncer. En tributo a su memoria nos dedicamos a llevar alimentos, medicinas y fuerza espiritual a personas en situación de calle, centros médicos, asilos, casas hogares y demás instituciones públicas o privadas de Naguanagua que requieran nuestro apoyo”.