A Daniel Infante lo hirieron en el estado Mérida en el marco de las protestas de 2017, cuando ni siquiera estaba en una de las manifestaciones. Su vida y la de su familia cambió para siempre
La hermana del joven presume que la bala que le atravesó la cabeza salió del arma de colectivos del gobierno
Daniel Infante ni siquiera estaba protestando cuando casi pierde la vida. Estaba en su casa, en el estado Mérida, recuperándose de una operación el día en que la oposición venezolana había convocado al primer gran plantón nacional para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Era 24 de abril de 2017 y las protestas ya llevaban tres semanas consecutivas.
A pocos metros de su residencia, en la avenida Las Américas de Mérida, estaba la concentración de personas que habían salido a las calles. Al final de uno de los viaductos del centro de la ciudad, la policía y “tupamaros” habían cubierto los dos sentidos de los canales, una moto al lado de la otra. Y ahí estuvieron todo el día.
El joven se asomó a la ventana y vio a dos de sus vecinas en planta baja. Decidió que bajaría a hablar con ellas y a revisar la seguridad de la entrada principal. Su hermana Diana se negó a bajar con él y solo le dijo “no te tardes” antes de que el joven dejara el apartamento.
Ella cree que pasaron más de 20 minutos cuando su pareja, que estaba en la ducha, salió preocupado a preguntar por Daniel.
-Él bajó un momentico.
-¿Por qué lo dejaste bajar? Mira cómo está todo.
Desde el apartamento escuchaban los disparos. Diana cuenta que horas antes de que terminara el plantón, funcionarios y “tupamaros”, grupos armados del oficialismo, decidieron cruzar en moto todo el viaducto hacia donde estaban las personas concentradas mientras disparaban al aire para arremeter contra la protesta. “Obviamente esos disparos vaya usted a saber a dónde iban a parar”.
La gente comenzó a correr para resguardarse y el sitio se convirtió en caos. La escena se repitió varias veces: los manifestantes volvían a reunirse y ellos volvían a dispersarlos a punta de tiros y miedo.
Bajó corriendo las escaleras hasta la planta baja del edificio. Lo primero en lo que pensó fue que su hermano estaba muerto. Al llegar, no podía acercarse a él porque había quedado entre dos de las rejas de la residencia y afuera los disparos seguían.
Cuando logró hacerlo, Diana vio que Daniel tenía un disparo en la cabeza. Su corazón seguía funcionando, pero no reaccionaba. La bala había cruzado de un lado a otro, del lado derecho al izquierdo del cerebro.
A Daniel Infante le tuvieron que retirar toda la parte derecha del cráneo para poder descomprimir la gran cantidad de sangre y el edema que había por el impacto que recibió. Después de casi cuatro años de lo ocurrido, el proyectil sigue ahí.
Uno de los vecinos ya había llamado al 171, así que los bomberos llegaron en pocos minutos y fue trasladado al Hospital Universitario de Mérida. Ahí Daniel estuvo en la unidad de cuidados intensivos por casi tres meses, en un coma inducido debido al trauma que tuvo a nivel cerebral, y unos cuantos meses más en hospitalización.
La cantidad de heridos por la represión que había en el hospital era alta. A pesar de que al joven lo llevaron rápido al centro de salud, Diana considera que la atención no fue la mejor por la congestión en el lugar y los niveles de estrés a los que estaban sometidos los trabajadores de la salud.
Ni en esa oportunidad ni en todo el tiempo que ha pasado le han dado un diagnóstico certero de lo que ocurrió con su hermano. “La atención en ese momento fue muy baja. Yo me cansé de preguntar para saber qué hacíamos y la respuesta de ciertos médicos era más bien de pensar en donar los órganos porque iba a ser una persona en estado vegetal. Los diagnósticos iban hacia otro lado más que pensar en tener que recuperar al paciente o ver qué se podía hacer”.
Nada volverá a ser igual
La vida le cambió a todos los integrantes de la familia Infante ese 24 de abril de 2017. Daniel pasó de estudiar Administración y trabajar como supervisor de recaudación de boletería en el TroleBus Mérida a estar acostado en una cama. Sin poder moverse ni hablar.
“Cuando él llegó a casa, era muy impresionante porque yo decía que era realmente como ver a una persona en estado vegetal, pero que abría los ojos. Yo me imagino que fue ese retorno y estar otra vez en su espacio, la impresión de él de estar en su lugar y no ser él, que estuvo mucho tiempo deprimido”, expresa Diana.
Los avances de Daniel Infante han sido poco a poco. La estrategia de su hermana para animarlo y estimularlo fue seguir haciéndolo sentir parte de la dinámica familiar, sin importar que él no hiciera o ejerciera las acciones.
A pesar de no hablar, ha buscado hacerse entender. “Creo que hemos logrado establecer una forma de comunicación. Él responde con emociones. Él ríe muchísimo, llora, se molesta. Logramos darnos cuenta que tiene memoria, que no es responder por responder, sino que puedo comentar experiencias pasadas de la familia y él las entiende”.
Su atención médica, cuidados, terapias, medicinas ha sido una carga difícil de llevar porque Diana es la única en condición de salir a trabajar. El hecho de que en Mérida no haya centros de rehabilitación o que se les haga complicado trasladarlo a un centro de salud, ha afectado su recuperación. Siente que quizá en otras circunstancias, la situación fuese otra.
Es por eso que en sus planes está poder emigrar con Daniel. “A veces digo que sí se pudiera lograr que él respondiera, pero lo que falta es estimulación. Por eso no pierdo la esperanza de en algún momento poderlo sacar para que realmente pueda avanzar. Así sea tarde, pero yo digo que ese sería mi último intento”.
¿Quién es el culpable?
Durante la protestas de 2017, Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de ese momento. Por su parte, el Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese mismo año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5.341 y hubo al menos 4.000 heridos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones.
Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se acercaron al lugar para tomar declaraciones en todos los apartamentos del edificio y hacer las mediciones balísticas. Pero las investigaciones no avanzaron. En cambio, buscaron culpar a un muchacho de la misma zona que participaba activamente en las protestas. Para Diana, esa versión no tiene sentido.
Aunque en su momento no denunciaron ni presionaron por saber quién hirió a Daniel Infante, sobre todo después de avocarse a su recuperación, Diana tiene intenciones de no dejar que el caso de su hermano quede en el olvido.
“Hay culpables que están mucho más arriba que nunca se harán responsables de los hechos. Yo espero que en algún momento se sepa quién fue el culpable. ¿Y qué va pagar? El tiempo que tenga que pagar. Aunque el mayor daño, lo que le hicieron a Daniel, es difícil de revertir. Porque de lo que él era a lo que es o pudiera lograr ser en algún momento, son tres cosas muy diferentes”.
Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón
