Coinciden en que las Faes no rinde cuentas de sus acciones en los sectores populares 

Defensores de derechos humanos y organizaciones venezolanas condenaron la Masacre de La Vega, un operativo policial efectuado entre jueves 7 y viernes 8 de enero de 2021, donde murieron al menos 23 personas.

“Es, hasta dónde recuerdo, el operativo de ‘seguridad ciudadana’ con mayor cantidad de víctimas”, escribió Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en su cuenta de Twitter.

“Da la impresión de que este tipo de acciones, más allá de intentar enfrentar bandas criminales, lo que busca es ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivo para impedirle que ejerza su derecho a reclamar”, dijo Alvarado.

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic, rechazó las incursiones de este tipo en sectores populares en Venezuela.

“Con frecuencia nos encontramos con retrasos en la práctica de diligencias que son imprescindibles para la investigación y con negligencias en las autopsias. La inmensa mayoría de los casos nunca llegan a juicio”, concluyó.

Roberto Briceño León del Observatorio Venezolano de la Violencia indicó que “hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con la FAES la impunidad es total”.

Funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policia Nacional Bolivariana son sistemáticamente bloqueadas.

El experto cree que la reacción del gobierno ante las denuncias contra la FAES muestra que “en realidad están orgullosos por lo que se está haciendo. No creen en el sistema penitenciario, no creen en el sistema judicial, esta es su única política de seguridad”. 

“No hablamos de la actuación de elementos aislados. Se trata de una política de estado. Y es una política de exterminio”, sostuvo