Líderes chavistas reconocieron que el objetivo de la ANC nunca fue redactar una nueva Constitución 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por Nicolás Maduro en 2017 dejó de sesionar y pese a que tuvo una duración de más de tres años, algo sin precedentes en la historia nacional, no cumplió su principal tarea: redactar una nueva Constitución. ¿La razón? Ese jamás fue su objetivo, sino arrogarse las tareas de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015. Así lo dejó en claro su presidente, Diosdado Cabello:

«Redactar una Constitución es una de las premisas que pudiera cumplir [una Constituyente], otra es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para esa refundación del Estado y allí hemos cumplido. No necesariamente tienes que cumplir todas. La Constituyente del año 99 solo redactó la Constitución, las leyes las aprobaron las sucesivas asambleas nacionales».

La declaración de Cabello revela que la instancia fue «un fraude constitucional desde su origen hasta su disolución». Así, lo denunció Acceso a la Justicia en el Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela, en el cual sostiene que la figura terminó de llevarse «tras de sí los últimos trazos de Estado de Derecho que quedaban en el país».

En el reporte se hace un repaso a la actuación de la Constituyente desde que se instaló el 4 de agosto de 2017, tras su cuestionada convocatoria en mayo y fraudulenta elección el 30 de julio de ese año; y se resalta que casi la totalidad de su actividad ha estado centrada en ejercer de Parlamento, pese a no serlo. De tal forma que en estos más de tres años ha dictado o reformado una treintena de leyes, a algunas de las cuales le ha colocado el calificativo de «constitucionales».

Entre dichos instrumentos destacan la Ley contra el Odio, la cual castiga con hasta veinte años de cárcel a quienes «inciten el odio», y que ha sido utilizada para procesar a ciudadanos que manifiestan en las calles o expresan su desacuerdo con las políticas gubernamentales a través de las redes sociales, o incluso, mediante mensajes escritos enviados por teléfono. Un caso emblemático fue el de los bomberos de Mérida que grabaron un video satírico montados sobre un burro.

Otros textos a los que la Constituyente dio este calificativo son los de Precios Acordados y el referido a los Comités Locales de Producción y Abastecimientos. Esta última «ley constitucional» pretende «regularizar» la adjudicación de alimentos que, de manera discrecional, ejecutan estas instancias controladas por el Gobierno de Maduro.

Una rapiña

En el informe también se denuncia que la Constituyente de Maduro ha abierto las puertas al expolio de los recursos y bienes del país, mediante instrumentos como el que establece el Régimen Tributario del Arco Minero del Orinoco y, sobre todo, con la reciente y no menos polémica Ley Antibloqueo, que faculta al Gobierno para celebrar «todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios», a fin de «impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República», sin control legislativo o judicial. Esta ley también habilita al Poder Ejecutivo para desaplicar leyes, potestad que la Constitución reserva a los jueces, por lo que se trata de una abierta usurpación de funciones.

Acceso a la Justicia denuncia en su estudio que:

«áreas fundamentales de la economía venezolana, como la explotación del petróleo y los servicios públicos, pueden ser cedidas total o parcialmente a inversionistas extranjeros, sin que se sepan quiénes son, cuáles son los términos de los acuerdos comerciales con ellos y, más aún, cómo se administrarán los recursos que se obtengan de los mismos».   

Invento criollo

«Las leyes constitucionales tienen carácter constitucional y para cambiarlas debes convocar otra Constituyente. Esas leyes están por encima de las leyes orgánicas», explicó Diosdado Cabello.

Sin embargo, en su investigación Acceso a la Justicia refuta esta interpretación de la Constitución, y recuerda que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe esta figura, por lo que se trata de otra violación a los principios básicos del derecho, según los cuales la Constitución está por encima de las leyes.

La ANC no solo dictó nuevos instrumentos sin tener facultad para ello, sino que además reformó instrumentos ya en vigor como las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Código Orgánico Tributario, lo cual también es tarea de la AN. Asimismo aprobó los presupuestos nacionales y del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. No obstante, hasta el momento no se ha informado que haya ejercido labor alguna de control sobre el Gobierno de Maduro, tal como la interpelación a algún ministro, hecho este último que desde hace décadas no se hace, sea porque la AN estaba controlada por el oficialismo, o porque el Tribunal Supremo de Justicia se lo ha impedido a la que actualmente cuenta con mayoría opositora.

Por último, la única medida que podría considerarse como un intento de «transformar el Estado», otra de las tareas que el artículo 347 constitucional confiere a esta figura, es la supresión de las alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, lo que, además de ser inconstitucional, trajo como consecuencia que las poblaciones de esos territorios no pudieran elegir a sus alcaldes, situación que tiene su origen en la elección en Caracas de alcaldes metropolitanos contrarios al Gobierno. En ese sentido, no es un hecho menor que como no se puede ganar esa elección, se opte por eliminar la correspondiente entidad.