La ONG se dedica a defender los derechos de militares detenidos por razones políticas
Como consecuencia de las protestas de 2014, que según la Fiscalía General de la República entonces dirigida por Luisa Ortega Díaz dejaron 43 muertos, 486 heridos y 1.854 detenidos, surgió la ONG Justicia Venezolana.
La situación de vulnerabilidad de los aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado fue el detonante para que defensores de los derechos humanos dieran origen a Justicia Venezolana, que tiene como objetivo ser el principal frente de defensa para el exiliado, preso de conciencia o perseguido político por los tribunales militares.
Además ofrecen capacitación, formación y asistencia jurídica a los perseguidos por la justicia penal militar.
Su directora ejecutiva, Lilia Camejo Gutierrez, advirtió sobre la politización de la justicia en el país y las condiciones deplorables en la que se encuentran militares detenidos en los centros de reclusión.
De acuerdo a la ONG en la actualidad hay 219 militares institucionales privados de libertad.
Recientemente insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad para los detenidos en vista del estado de alarma por el que atraviesa Venezuela a raíz de la pandemia del Covid-19.
¿Desde 2014 hasta el presente como cataloga la situación de los militares detenidos?
Lilia Camejo: La situación de persecución en Venezuela se agravó en el transcurso de todos estos años y empezó el acoso inclemente en contra de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?
LC: La mayoría son militares víctimas de abusos a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes. Tenemos un monitoreo permanente de la justicia penal militar y nos enfocamos en la defensa de militares institucionales privados de libertad por razones políticas.
¿Quienes integran Justicia Venezolana?
LC: Somos 20 personas. Todos abogados litigantes en materia penal que ofrecemos soporte jurídico y apoyo social a los detenidos y sus familiares.
¿En qué zonas operan?
LC: Caracas, Barquisimeto, Maracay, Altos Mirandinos y Valencia.
¿Cuáles son los mayores retos de la organización?
LC: Nuestra meta es lograr medidas cautelares y libertad plena para los militares que defendemos. La amenaza está siempre latente por las denuncias que realizamos en cuanto a los casos de torturas, tratos crueles y las detenciones arbitrarias.
¿Cómo pueden contribuir las personas con Justicia Venezolana?
LC: Con aportes en alimentos y medicinas para los detenidos.
¿Un caso emblemático?
LC: El de Oscar Pérez, miembro del Cicpc muerto en enero de 2018 por funcionarios de seguridad del Estado y en lo que respecta a civiles el profesor de la Universidad Católica Andres Bello, Sergio Contreras, detenido en una manifestación en junio de 2017 por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el diputado Edgar Zambrano, aprehendido por miembros del Sebin en mayo de 2019.
