Desde 1988 la institución lucha por los derechos humanos en Venezuela

A finales de 1987 y en vista de la hecatombe social y económica que había causado en Venezuela la devaluacion del bolívar, mejor conocida como viernes negro en 1983, las trabajadoras sociales Ligia Bolívar y Dianora Contramaestre decidieron que era hora de crear una organización encargada de velar por los derechos humanos y civiles de los venezolanos. Fue así como junto al exiliado argentino Raúl Cubas fundaron el 15 de octubre de 1988 el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

La aparición de Provea coincidió con la masacre de El Amparo, un suceso acontecido el 29 de octubre de 1988 en el estado Apure, donde fueron asesinados 14 pescadores a manos de funcionarios policiales y militares venezolanos.

“Ese fue el primer caso emblemático que asumimos”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea. “Esa masacre ocasionó una indignación generalizada y movilizó a sectores estudiantiles que protestaron, probablemente eso generó el contexto previo a El Caracazo el 27 de febrero de 1989”. añadió Uzcátegui.

Ante la irregularidad de las investigaciones y la absolución de los involucrados por parte de los tribunales militares, Provea y los únicos dos sobrevivientes de la masacre de El Amparo llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1994 el Estado informó a la Corte que aceptaba la responsabilidad de la matanza.

De acuerdo a Uzcátegui, el tema de los derechos humanos era desconocido en Venezuela a finales de los ochenta y las primeras denuncias tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales. “Había prejuicios porque decían que defendíamos a delincuentes y comunistas”.

Uzcátegui sentenció que con la llegada del chavismo al poder y especialmente de Nicolás Maduro el deterioro de los derechos políticos y civiles de los venezolanos es evidente. 

¿Qué tipo de víctimas se acercaban a ustedes antes que llegara Chávez al poder? 

Rafael Uzcátegui: Elias Jaua fue pasante de Provea cuando estudiaba Sociología en la Universidad Central de Venezuela, Tarek William Saab iba mucho a las oficinas, Nicolás Maduro estuvo en 1993 reclamando por sus derechos sindicales cuando trabajaba en el Metro de Caracas. Provea le hizo una visita a Hugo Chávez en la cárcel de Yare para constatar que estaban respetando sus derechos humanos.  

¿Cómo ha sido el deterioro de los derechos humanos en la última década?

RU: Hemos llegado a un momento crítico donde las instituciones no dan respuesta a los problemas del ciudadano, la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia, el Ministerio Público está totalmente parcializado, estamos en medio de una orfandad. 

¿Las ONG han reemplazado la figura de las instituciones?

RU:  Las ONG se han convertido en un sustituto para atender los reclamos de las personas. Nosotros brindamos acompañamiento en cuanto a asesoría jurídica. En el caso de que las instituciones nacionales no respondan, llevamos los casos a instancias internacionales. 

¿Qué tan importante es la labor de las ONG para la democracia?

RU: Desde el año 2016 hemos asumido el proceso de regreso a la democracia con otras organizaciones e incluso la empresa privada, en algún momento nos vinculamos al Frente Amplio. Estamos en una coalición internacional. Hoy Provea forma parte de la Federación Interamericana de Derechos Humanos. Una angustia permanente es cómo podemos hacer para ser más útiles para el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Somos hipercríticos en nuestro trabajo y no contamos con todas las herramientas, no se trata solo de acompañar a las víctimas sino de generar un cambio positivo para el país. 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que deben atender?

RU: Provea ha tenido que atender a familiares de víctimas de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y las Faes. En el uso alternativo del derecho siempre se busca que los afectados se transformen en protagonistas, que se conviertan en luchadores por sus derechos humanos. 

¿Cuántas personas se necesitan para una ONG con tanta responsabilidad?

RU: En Provea somos 14 personas, a comienzos de 2000 había 26. Hemos intentado crecer lo estrictamente necesario para poder mantener buenas condiciones laborales para todo el equipo, en 2017 se fueron unas personas por la migración masiva que hubo.

¿Tienen alianzas con otras instituciones?

RU: A nivel nacional se han establecido alianzas. Se hace un encuentro nacional cada cinco años, el año pasado vinieron 140 defensores de 22  estados del país. Nunca hemos querido fundar una Provea en las regiones, trabajamos desde Caracas en conexión con las regiones. Hemos decidido no tener voluntariado por razones de seguridad, como un infiltrado por ejemplo. 

¿Cómo lidian con las persecuciones del gobierno a miembros de ONG?

RU: Cuatro personas de Provea  tenemos medidas cautelares de protección por la CIDH, nos podemos dar el lujo de poder ser más confrontacionales con el gobierno. Seguimos fiel a nuestro lema: Todos los derechos para todas las personas. 

¿Un caso emblemático?

RU: El de Rubén González, un sindicalista apresado por expresar su derecho y el del politólogo Nicmer Evans. A ambos se les apoyo en cuanto a la defensa jurídica. González estuvo en dos oportunidades preso, la primera vez fuimos a Ciudad Guayana, en esa ocasión lo visitamos. Hoy nos alegra que ambos estén libres.