@ValeriaPedicini
Llegaron de madrugada. Eran aproximadamente las dos de la mañana del 1 de febrero de 2018 cuando tocaron con fuerza la puerta de la casa de Geraldine Chacón. La joven pensó que se trataba de un secuestro cuando vio afuera de su hogar a unos cuantos hombres vestidos de negro de pies a cabeza, pasamontañas y armas largas. Pero todo quedó claro al ver el logo que llevaban los encapuchados en la ropa: el del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Contrario a lo que se podría pensar de una escena así, un funcionario preguntó amablemente por ella y pidió entrar a la vivienda. Como pensó que no tenía nada que esconder, los dejó pasar. Se pasearon por cada rincón del apartamento y tomaron fotos de todas partes, hasta del baño.
Los efectivos del Sebin le dijeron que necesitaban entrevistarla pero no podía ser ahí, debía irse con ellos. Esa era la orden. “Nos tomará máximo tres o cuatro horas, te traemos de vuelta al culminar”. No mostraron orden de allanamiento ni detención. Geraldine tampoco se molestó en preguntar porque sabía que no tenían. Así que, sin muchas opciones, se vistió, agarró su celular y las llaves de su casa. Intentó calmar a su madre antes de salir: “Quédate tranquila, yo vengo ahorita”.
La llevaron a El Helicoide, en el centro de Caracas. Al llegar, le quitaron el chip de su teléfono justificándolo como parte de un protocolo de rutina para entrar al sitio. Tomaron sus huellas dactilares y unas fotografías con un cartel que tenía su número de cédula. Funcionarios de distintos rangos le cayeron a preguntas: “¿Eres directora en Embajadores Comunitarios? ¿Conoces a los otros directores? ¿Dónde están? ¿Conoces a Víctor Navarro? ¿Qué hacen en la organización? ¿Quiénes son los donantes?”. La grabaron mientras la interrogaban.
En ese momento, Geraldine estudiaba Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y trabajaba en el Banco Central de Venezuela como asesora legal. Además, dedicaba más de 50 horas a la semana a su trabajo como Directora de Programas de la Fundación Embajadores Comunitarios, una organización no gubernamental educativa que trabajaba en el empoderamiento de jóvenes de zonas populares de Caracas usando el Modelo de las Naciones Unidas (MUN). Empezó ahí para cumplir el servicio comunitario obligatorio de su casa de estudios, pero terminó enamorada del proyecto y se quedó para formar parte del tren directivo.
Horas antes de su detención, durante el día, había recibido tres noticias: habían apresado a un joven que formaba parte de Embajadores Comunitarios llamado Víctor Navarro, una comisión del Sebin se encontraba en la sede de la organización y que el director general Gregory Hinds había decidido ir voluntariamente a El Helicoide porque efectivos de la policía política le querían hacer preguntas.
A Geraldine la llevaron a una pequeña oficina. No tenía forma de saber la hora porque no había ni una pequeña rendija por donde pasara luz natural. Ahí estuvo casi dos días encerrada. Lloraba, gritaba, pegaba el oído a la puerta para ver qué lograba escuchar. Pero nadie hablaba con ella. Se sentía indignada, furiosa, asustada, desesperada. “Pasé por todo el espectro de emociones humanas en menos de 48 horas”.
Una doctora le hizo un chequeo médico básico. Al finalizar, le entregó un informe que pidió que firmara pero Geraldine se negó: en el lugar destinado para su firma decía “detenida”. Quedó atónita hasta que llegó un comisario del Sebin y le soltó un montón de preguntas. Él solo le contestó: “Lo que pasa es que tú estás privada de libertad”. Sin dar mayor explicación ni una razón.
El funcionario le pidió firmar un papel titulado “Derechos del imputado” aun cuando le había sido violentados todos ellos: fue detenida sin orden judicial, no sabe de qué la acusan, está aislada, sin contacto con familiares o abogados, le han quitado sus pertenencias. De nuevo, Geraldine se negó.
Al día siguiente fue trasladada a los tribunales del Palacio de Justicia junto a su compañero Gregory Hinds para la presentación. En el camino hablaron poco, ambos tenían miedo. La audiencia fue pospuesta, pero Geraldine pudo abrazar por poco tiempo a su familia sin saber que pasarían muchos meses para volverlo a hacer.
La desesperación de una injusta detención
A Geraldine la recluyeron en la única celda de mujeres de El Helicoide. En esos 40 metros cuadrados había 26 detenidas, menos de dos metros cuadrados por reclusa. La mayoría estaban acusadas de delitos comunes. “Había de todo. Solo una estaba cumpliendo condena. Las demás eran procesadas. Fue una realidad desgarradora para mí, mujeres que tenían más de cuatro años sin ir al tribunal luego de su primera presentación”.
Moverse por las instalaciones con pocas restricciones era un privilegio reservado solo para los hombres. Sus captores les decían que tenerlas encerradas las protegía de eventuales asaltos sexuales. “El desprecio a la dignidad de la mujer era terrible, era pisoteada una y otra vez tanto por los funcionarios como por los presos, la violencia verbal y psicológica era impresionante”. Aunque no fue maltratada físicamente, escuchaba las golpizas que les propinaban a otras mujeres de su celda.
Geraldine sentía que su vida se había detenido. El aislamiento era desesperante. Pero entre las cosas que empezó a recibir de su familia, había algo muy valioso que pasó a significar todo para ella: las cartas. En medio de tanto caos, la ayudaban a sentirse menos desamparada. “Esas cartas eran mi esperanza de que no iba a desaparecer sin que alguien lo supiera, porque mi familia estaba afuera esperando, preguntando todos los días por mí, cada cinco minutos”.
Geraldine Chacón fue acusada de instigación pública y agavillamiento. Su familia, que se encargó de manejar el caso, fue asesorada por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional que la declaró presa de conciencia. A los dos meses de detención, le otorgaron una medida cautelar sustitutiva de libertad y ordenaron su liberación inmediata. Pero eso no sirvió de mucho: el Sebin hizo la vista gorda y pasó dos meses más en El Helicoide.
En mayo, ocurrió lo impensable: presos políticos y comunes tomaron el control de las instalaciones para exigir revisión de sus casos y la liberación de aquellos con boleta de excarcelación. Y aunque el motín fue controlado, los detenidos tuvieron miedo de las represalias.
Cuando las obligaron a ponerse el uniforme de este centro penitenciario, Geraldine sufrió un ataque de pánico y se niega. Los efectivos, sin embargo, se lo ponen a la fuerza. Y aunque las demás abandonaron la huelga, ella siguió.
La aislaron. Estuvo alrededor de una semana en una oficina, acostada en una camilla, sintiéndose débil. Cada día le tomaban fotos con los platos de comida que rechazaba y un cartel con fecha y hora.
El 1 de junio le dijeron lo que tanto había querido escuchar. “Hoy te vas de aquí, come”. No les creyó, pero decidió hacerlo. La montaron en un autobús que la llevó hasta el centro de Caracas. Le cuesta ver: era la primera vez que veía directamente al sol después de cuatro meses.
En la Casa Amarilla, sede de la cancillería, se encuentra con otros presos políticos. Les explican que serían liberados por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Fueron obligados a firmar una declaración relacionada con su compromiso a la no participación en hechos violentos. Nadie se niega, ni siquiera Geraldine. No había otra opción.
Libertad a medias
El Foro Penal Venezolano registró, entre el 1 de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 fueron selectivas y el resto se desarrollaron en el contexto de protestas.
El caso de Geraldine Chacón fue mencionado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en su informe publicado el pasado 15 de septiembre. En el mismo se documenta la situación de derechos humanos en Venezuela y de todo el panorama general relacionado a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en la nación desde el año 2014.
“La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos”. Además, aseguraron haber encontrados “motivos razonables para creer que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
En el documento se analizó detalladamente el caso de la joven, un testimonio que ayuda a comprender las graves violaciones a los derechos humanos contra las mujeres durante su detención. La Misión de la ONU señaló que según los relatos recibidos por Geraldine, la práctica más común de tortura “consistía en colgar a las mujeres de las manos, vendarles los ojos y golpearlas por todo el cuerpo, mientras las llamaban ‘perras’ y otros insultos. Otras recibían choques eléctricos. La Sra. Chacón sabía que al menos una mujer intentó suicidarse en El Helicoide (…) Algunos funcionarios se dedicaban a lo que describían como relaciones con las detenidas a cambio de privilegios”.
A pesar de haber sido puesta en libertad, Geraldine debe presentarse mensualmente ante el tribunal que lleva su caso como parte de la medida cautelar sustitutiva de privación de libertad que aún pesa sobre ella y no puede salir del país. Hasta la fecha, sigue esperando su audiencia preliminar y el fiscal aún no ha presentado la acusación formal, en violación del plazo establecido por la ley, según explicó la Misión de la ONU.
“Me gustaría decir que con esa Geraldine se fue el miedo pero no puedo decirlo, la verdad. Yo no soy completamente libre, me siento vigilada. Tengo miedo de que me vuelvan a detener porque además es un expediente que no se ha cerrado, es un caso que pueden resucitar. Yo amaba los aeropuertos, amaba viajar, ahora no puedo acercarme a uno de ellos porque tengo pesadillas recurrentes de que me van a detener”.
Tras lo ocurrido, también tuvo que afrontar el duelo que significó el desmantelamiento de Embajadores Comunitarios. Muchos miembros de la organización huyeron del país. “¿Qué hizo el Estado? Cerró muchas oportunidades, les tiró la puerta en la cara a todos estos muchachos en condiciones de pobreza y exclusión. En dos días acabó con una organización con más de 10 años de trabajo. No solo me da rabia, me da dolor ¿Cómo es posible esta brutalidad?”.
N de R: El testimonio forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace
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