En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de servicios básicos como electricidad y agua
“Cuando estamos ante la presencia crónica y sistemática de violación de derechos humanos, nos convertimos en personas con la desesperanza aprendida. Somos un cuerpo sin alma. Sentimos que no poseemos y no tenemos los medios para cambiar o modificar este contexto difícil que estamos viviendo”, son las reflexiones que hace el sociólogo Nelson Freitez, miembro de la Red de Derechos Humanos (DD.HH.) de Lara, tratando de ubicarse en la perspectiva de quienes padecen la violencia.
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, muchos de los habitantes del estado Lara vivieron episodios de violencia, expresada, entre otras formas, en represión y criminalización de la protesta por parte del gobierno. El profesor Freitez, coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y representante de la red, explicó que hay un proceso de violencia continuada por parte de los agentes de seguridad del Estado y de los planificadores que deben garantizar los servicios públicos. “Lara, como el resto del país, sigue estando sujeta a grandes privaciones. La vida diaria de la gente que aquí vive es, desde hace unos cuatro años, un acercamiento al colapso, que genera frustración si no se buscan mecanismos de defensa emocional”, dijo.
En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de los servicios básicos como electricidad, agua, recolección de desechos, despacho de gasolina, desaparición del dinero en efectivo. La respuesta ha sido represión y, en varios casos, la cárcel. “Las personas no hayan salidas para organizar sus vidas. Deben pasar los días solventando problemas. Eso significa someter a la población a situaciones de incertidumbre permanente. Hay quienes terminan por considerar que la vida es un horror, generando amargura”, explicó Freitez.
El sociólogo Freitez observa con preocupación que el saldo de las actuaciones militares y policiales en las protestas es desproporcionado, indiscriminado y con actos ilegales. “Algunas de las imputaciones y allanamientos han sido sin órdenes judiciales. Eso es muy grave”, aseveró.
Violación de los DD.HH.
En Lara, hay denuncias de abuso de autoridad en contra de la población más vulnerable, como es el caso de los migrantes que regresaron a la entidad desde Colombia y Apure, y que se les confinó en unos espacios en condiciones inhumanas, como lo denunciaron varios de ellos. Este hecho es considerado, por el representante de la Red de DD.HH. de Lara, como una violación a los derechos humanos. “Esas personas migraron del país precisamente por la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela y que dada la pandemia que afecta también a los países a los que migraron, cayeron en una situación de vulnerabilidad y desprotección que los obligó a regresar. Sin embargo, son recibidos con amenazas y malos tratos”.
Según Freitez, a los migrantes que siguen llegando no se les ha dado la atención suficiente, según los protocolos técnicos y médicos que una población que esté bajo protección por parte del Estado requiere. Recordó la denuncia de un niño que falleció por no contar con la atención necesaria. “Eso equivale a violencia”, destacó.
La protesta en forma de cacerola
Apelar al “cacerolazo”, como medio para exigir respeto, es una práctica común en Venezuela y otros países en Latinoamérica. No obstante, en Venezuela es castigada por efectivos de seguridad del Estado, a través de la represión y el amedrentamiento, comenta Freitez. “A los ciudadanos, cuando expresan su rechazo a las medidas de racionamiento de los servicios públicos, les son enviadas patrullas de efectivos militares que realizan acciones de control a partir de alcabalas y puntos móviles para atemorizar a la población civil”.
La Red de DD.HH. de Lara publicó un comunicado sobre el Coronavirus en el estado. En él, denuncian las condiciones en las que se está abordando la pandemia a través de las diversas voces de los actores que hacen vida en la red. “Hay una fuerte represión, amparada por el Decreto 04039. Quedó evidenciado que no existe un buen manejo de la situación y que poco importa el tema básico de los servicios públicos”, asegura Freitez.
El sacerdote Alfonso Maldonado, coordinador de la Vicaría de DD.HH., catalogó de «abominables» los hechos ocurridos en la urbanización Antonio José de Sucre, en el mes de mayo y junio, además de las otras 27 detenciones que se han aplicado en municipios foráneos de la entidad larense. «Incurren en abuso de autoridad; no es posible que desplieguen a un ejército contra los ciudadanos. Pretenden aplicar un toque de queda, pero hacen que las comunidades actúen como una olla de presión, porque los problemas por las fallas en el servicio de electricidad no son solucionados. No pueden culpar a la sociedad por protestar en cuarentena, cuando los principales culpables son quienes detentan el poder, quienes no han invertido en recuperar el sistema eléctrico», mencionó.
El sacerdote manifestó su preocupación por la agresividad de los cuerpos policiales y en especial de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Los diferentes sectores de la ciudad de Barquisimeto, protestaron a través de los “cacerolazos” en reclamo de energía eléctrica. No obstante, la respuesta del Estado fue desplegar las fuerzas represivas y practicar la detención de ciudadanos, quienes, además, fueron maltratados físicamente”, dijo.
Además, cuestionó el «ensañamiento» que, a su juicio, han tenido contra los habitantes de “La Sucre”. “Ha sido una acción ejemplar, porque los han venido atacando, acosando y torturando desde 2017 por protestas políticas, pero siguen denunciando; esto evidencia que la gobernadora Carmen Meléndez no vela por espacios de diálogo», señaló.
Para el abogado Henderson Maldonado, integrante de la ONG Movimiento Vinotinto, las agresiones de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los larenses, por solicitar mejoras en los servicios públicos, es permanente. “Las FAES y otros organismos salen fuertemente armados y en recorridos por los barrios, tratando de atemorizar a la gente. Asimismo, afirmó que “los larenses seguirán protestando porque no soportan que las suspensiones de servicio eléctrico se produzcan todos los días, por espacio de varias horas, y les causen problemas, como el daño a sus electrodomésticos”.
Maldonado tiene una medida cautelar en el Ministerio Público, por haber documentado las irregularidades que estaban ocurriendo cuando un grupo de enfermos renales solicitaba los pases para recargar combustible. El defensor de DD.HH. fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con el argumento de alteración del orden público y resistencia a la autoridad. El tiempo que estuvo detenido fue sometido a malos tratos.
Se sobrevive con la solidaridad
“No se puede vivir para sufrir”, es la frase que utiliza el sociólogo para convocar a los habitantes del estado Lara a organizarse a partir de redes de apoyo y solidaridad. “La familia, la Iglesia, las ONG, la sociedad civil, han creado maneras de sobrellevar la situación precaria y de vulnerabilidad en la cual se encuentran muchos. Es una manera de constituir formas de resistencia para afrontar las carencias. Se debe prestar ayuda, apoyo, para no perder el sentido de la vida”, dijo.
Otra manera de tener soporte ante la crisis y la violencia es la asistencia moral de la familia. “La fortaleza debe surgir de las personas que en nuestra familia tienen un peso de dignidad y reconocimiento de sus valores. También las organizaciones de la sociedad civil, como los centros de ayuda, aunque algunos con capacidad limitada, están haciendo un trabajo de hormiga para tratar de mitigar la situación de vulnerabilidad”, concluyó.
