Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.