Una Ventana a la Libertad exige cumplir medidas de la CIDH al retén de Cabimas - Runrun
Una Ventana a la Libertad exige cumplir medidas de la CIDH al retén de Cabimas
También insta a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos, la atención médica, el despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas

 

Tras la solicitud interpuesta por Una Ventana a La Libertad (UVAL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor de los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, en el Zulia; así como de sus familiares y de quienes trabajan en el retén, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

En la resolución 15-20, la CIDH le exige al Estado venezolano que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarias, aplicar las normas internacionales para el tratamiento de privados de libertad; concierte las medidas a adoptarse con la representación de la medida cautelar e informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición.

UVAL solicita al Estado venezolano, representado por la Gobernación del estado Zulia y la Secretaria de Seguridad y Orden Público, que se cumpla la medidas cautelares otorgadas por la CIDH e inicien las adecuaciones necesarias para que mejoren las condiciones tanto de quienes conviven dentro del centro de detención preventiva como de las comunidades que rodean al penal.

Insta también a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos y la atención médica y despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas tanto de los detenidos como de los custodios y funcionarios policiales.

Se exige, además, que se reconsidere la clausura definitiva del penal mientras no se le garantice a los presos la culminación de su proceso judicial en los términos planteados por las leyes venezolanas y el traslado a penales que cumplan con las condiciones de infraestructura, salud, alimentación, vestimenta y servicios básicos. De esa manera no seguir menoscabando sus derechos.