La gestión de Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Mientras en el mundo se debate sobre cómo lograr que los gobiernos publiquen más documentos presupuestarios, en Venezuela crece la opacidad gubernamental en torno al uso del dinero público. Este lunes 16 de diciembre de 2019, la cuestionada Constituyente aprobó la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2020, sin difundir siquiera los montos autorizados.

Por cuarto año consecutivo, la gestión de Nicolás Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los proyectos de presupuesto y de endeudamiento deben ser entregados a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. El Ejecutivo insiste en que el Parlamento está en desacato.

“Esto (la Ley de Presupuesto) tiene entre los trámites pasar por la Asamblea Nacional, el gobierno nacional lo debe presentar a la AN, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la AN, si bien existe como institución, tiene una Junta Directiva en desacato por lo que uno no sabe a quién escribirle para este fin”, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente al momento de aprobar las leyes.

El supuesto desacato ha servido como excusa para que desde 2017 el Ejecutivo mantenga oculto el presupuesto. Pese a que el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece que la síntesis de la Ley de Presupuesto debe ser publicada en gaceta oficial, esto no ha ocurrido.

Según la Gaceta Oficial No. 41.301 de diciembre de 2017, la síntesis del presupuesto 2018 sería publicada en la gaceta oficial No. 6.347, pero nunca se tuvo acceso a ella. Igualmente, de acuerdo con la Gaceta Oficial No. 41.550 de diciembre de 2018, la síntesis de presupuesto de 2019 sería publicada en la Gaceta Oficial No. 6.416. Ninguna de esas gacetas se encuentra en el portal web de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Tampoco están disponibles en físico en la oficina del ente.

Los ciudadanos no han tenido acceso al presupuesto nacional, no han podido conocer sus proyectos ni como éstos tendrán un impacto en su vida, tampoco pudieron tener acceso a la distribución general del gasto, ni a la información general de los ingresos nacionales que debe ser mostrada en la síntesis de presupuesto.

A cuentagotas

En la presentación del presupuesto ante la Constituyente, Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Maduro, se limitó a decir que la Ley de Presupuesto 2020 cuenta con 404 proyectos para la protección social y añadió que 75,9% de los ingresos nacionales estarán destinados a la inversión social.

Aunque en medios trascendió que el monto del presupuesto supera los 252,18 billones de bolívares o 5.439 millones de dólares, la cifra no ha sido informada públicamente.

Trasparencia Venezuela demanda conocer cuáles son los proyectos que están contemplados en la ley, cuáles son sus objetivos, cuántos recursos se asignan para su ejecución, qué resultados se esperan obtener, y quiénes son sus responsables, tal como lo establece la Constitución.

También exige conocer cuáles fueron los supuestos macroeconómicos que se usaron para la construcción de la Ley de Presupuesto y la Ley especial de Endeudamiento para el próximo año. No se puede olvidar que en los últimos 12 años el Ejecutivo ha optado por subestimar las leyes para terminar asignando recursos de manera discrecional, a través de créditos adicionales que desde 2016 tampoco pasan por la Asamblea Nacional.

Entre enero y el 15 de diciembre de este año, Transparencia Venezuela ha logrado conseguir 29 créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial que han hecho crecer el presupuesto de la Nación en 1.274,56%, en términos nominales. Vale destacar que no todas las gacetas oficiales de este año están disponibles y el monto de los recursos aprobados a través de modificaciones presupuestarias puede variar.

El presupuesto inicial aprobado para el ejercicio fiscal 2019 era de 1.529.780.457.117 bolívares soberanos (Un billón quinientos veintinueve mil setecientos ochenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete bolívares), pero con la aprobación de los créditos adicionales llegó a 21.027.692.313.092,8 bolívares soberanos (Veintiún billones veintisiete mil seiscientos noventa y dos millones trescientos trece mil noventa y dos con ocho bolívares soberanos). Eso sin tomar en cuenta los recursos que se manejan a través de fondos paralelos al presupuesto.

El comportamiento del Ejecutivo con los recursos públicos lo que deja en evidencia, una vez más, es una gran falta de planificación y un desequilibrio fiscal que compromete el desarrollo económico del país, sumido en la peor contracción de su historia.