Según la ONG Acceso a la Justicia, el Consejo Nacional Electoral ha ignorado ilícitos para inclinar la balanza a favor del gobierno de Nicolás Maduro
¿Qué debe hacer un Gobierno cuando ya no puede ganar elecciones? La respuesta si es demócrata es muy sencilla: entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quiere aparentar lo contrario debes hacer algo que más que las dictaduras de corte militar: construir una escenografía electoral.
Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que adentro lleva la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto en Venezuela explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando mecanismos de control del Poder Electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación, se hace referencia a tres pasos clave para el plan totalitario del gobierno en el Poder Electoral: el fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores, y, finalmente, las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Ante todo se hará mención a algunos antecedentes ya fraudulentos que favorecieron en elecciones anteriores al partido de gobierno, en que este aún tenía todavía popularidad.
Antecedentes
En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. Esos comicios fueron convocados tras la muerte de Chávez y Maduro derrotó al líder opositor Henrique Capriles por 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), con una diferencia oficial de apenas 1.49%.
En 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro estableciendo obstáculos que lo hacían imposible, negando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. Pero no actuó solo, pues el Poder Judicial lo acompañó y dio la estocada final al proceso con una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.
Primer paso: un CNE a la carta
La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forma parte del secuestro del Poder Electoral. Ya en 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional (AN) de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a tres rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el TSJ asumiría las designaciones, sin que la Constitución le establezca esa competencia.
Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la AN al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado. En la sentencia n.° 1.865 del 26 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional acordó suplir la voluntad popular representada en la AN y, en consecuencia, designar a los miembros del CNE.
Segundo paso: supresión de partidos opositores
Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. Debe aclararse que en estas elecciones a la oposición le fue posible ganar y eludir las trampas electorales existentes, porque se unió en una coalición de partidos, que se registró ante el CNE como un nuevo partido denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por ser la diferencia muy alta con el chavismo, a este se le hizo difícil manipular las cifras con las estrategias existentes, así que desplegó nuevas.
La primera de ellas fue la progresiva eliminación de la oposición, primero mediante el TSJ y el propio CNE, y luego a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De sesenta y siete partidos que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, para abril de 2018, restaban diecisiete: doce progobierno y cinco del antichavismo. Para las presidenciales fraudulentas y anticipadas de mayo de 2018 se inscribió uno más de oposición en una suerte de “oposición a la medida”. Con estas seis últimas toldas es que ahora paca el Gobierno, a pesar de que son una minoría que a muy pocos representa.
La “purga” política tuvo su génesis en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Quedaron exceptuados de la renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al Gobierno que también se habían aglutinado en uno solo: el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional, porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia, como ocurre en otros países.
Luego, el CNE dictó por mandato del TSJ las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales,que serían aplicadas a los partidos con miras a su participación en cualquier elección. El 28 de abril de 2017 se produjo la sentencia n.° 223 de la Sala Constitucional que flexibilizó el proceso de renovación para facilitar el proceso de de algunas organizaciones oficialistas, como Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), aunque también para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa).
Por virtud de este proceso, solo catorce toldas lograron renovarse, que sumadas a las ocho declaradas válidos sin tener que someterse a ese proceso dieron lugar en 2017 a veintidós partidos inscritos en el CNE frente a los sesenta y siete que existían en diciembre de 2015. Sin embargo, la fraudulenta ANC emitió un decreto el 27 de diciembre de 2017 que ordenaba una nueva validación de las organizaciones en represalia contra las que no habían participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia (siendo el presidente de la Asamblea Nacional para esa época, Julio Borges, uno de sus más conocidos miembros) y Voluntad Popular (cuyo representante es Leopoldo López y de él hace parte también Juan Guaidó). También fue anulado por virtud de ese proceso el Partido Unión y Entendimiento (Puente).
Finalmente, la Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 53 del 25 de enero de 2018, que ordenó eliminar sin razón jurídica valida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE en diciembre de 2015 quedaban diecisiete, y de ellos solo cinco de oposición.
Comicios fraudulentos
En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los veintitrés estados del país el 15 de octubre de 2017. Los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre, como correspondía.
Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el Gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a dirigentes opositores que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla, y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien fue el principal contendor de Chávez por parte de la oposición. Asimismo, el Poder Electoral impidió a la MUD, que todavía en 2017 no había sido anulada, la sustitución de candidaturas.
Acceso a la Justicia subraya que, como parte de control político y electoral del Gobierno, en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad, a ser usado por el PSUV para “asistir” a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. También se registraron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos a pocos metros del centro electoral, para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria, con el objetivo hacer presión y atentar de esta manera contra el voto secreto y libre.
El secuestro del Poder Electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la fraudulenta ANC. El único que se negó fue Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país), y por ello se le impidió tomar posesión de su cargo, llamando la propia ANC, sin tener competencia para ello, a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE.
En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Se reeditaron los mecanismos ilícitos como el voto asistido irregular, los puntos rojos y el ventajismo en la campaña, entre otros, todo para asegurar el triunfo sin sorpresas del PSUV y su arrase en más de 300 alcaldías de las 335 en disputa.
Dentro de las muchas irregularidades figura la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, por cuanto el ente comicial acordó que el Registro Electoral (RE), que serviría de base a esas elecciones municipales sería el del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.
Luego de estas pruebas de ensayo en las elecciones regionales y municipales, el régimen se sintió listo para celebrar unas presidenciales a la medida de Nicolás Maduro. Con ello se garantizó su permanencia en el poder aunque no contara con el voto popular, creando una fachada de elecciones para tratar de legitimarse.
Las irregularidades de este proceso se condensan en cuatro elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 de la Constitución; la eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del PSUV, y la creación de una oposición a la medida: en menos de un mes aparecieron cinco candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. Uno de los candidatos más importantes de esa nueva oposición era Henri Falcón, quien había sido chavista, hacía unos años había creado un nuevo partido y se había unido a la MUD.
El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante TSJ por orden del propio máximo tribunal según sentencia n.° 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). Esto configuró la ausencia de toma de posesión del cargo de presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo Gobierno de Maduro; de allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones.
