EN VENEZUELA, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) en vez de actuar como un órgano garante de la Constitución y los derechos humanos se convirtió es un ente represor. Las prácticas de persecución, instauradas especialmente desde 2014 cuando hubo masivas protestas en el ámbito nacional, se incrementaron significativamente luego de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la oposición alpresidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría.

Esta situación fue denunciada por Laura Louza, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, durante su participación en 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de septiembre de 2019. Allí la abogada expuso que la organización no gubernamental (ONG) contabiliza 105 sentencias contra la Asamblea Nacional (AN); por lo menos 61 contra 87 funcionarios de oposición o disidentes, entre los que figuran 18 alcaldes 1 gobernador y 5 concejales. El máximo tribunal también ha emitido decisiones contra 33 magistrados, 3 funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), incluida la propia fiscal, y 27 diputados del Parlamento.

La persecución a la disidencia es parte de una política sistemática e intencional del máximo tribunal. De allí que en Venezuela no pueda hablarse de un verdadero Poder Judicial o sistema de justicia, sino de un brazo ejecutor del Ejecutivo y, además, de talante represor.

Acceso a la Justicia destacó que esas ejecutorias arbitrarias se basan en la ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas, juicios sin debido proceso yderecho a la defensa en particular, y la presentación de fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten como un guion en todos los casos, sin basamento legal válido.

La cadena de vicios en los que ha incurrido el TSJ incluye la creación de figuras o incluso de consecuencias jurídicas inexistentes en las normas. Un ejemplo de ello es la  anulación de actos jurídicos futuros o de todo un órgano como el Parlamento por el desacato a una sentencia cautelar. Al mismo tiempo, se han asimilado delitos continuados, que no son tales, a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la norma respecto de altos funcionarios.

El TSJ, en su subordinación descarada al Gobierno, ha incurrido en la violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito, la ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos; y el proceder incluso de oficio, como lo ha hecho en 2019 en siete oportunidades para suspender motu propio acuerdos de la Asamblea Nacional. 

Falsa renovación institucional

Otro elemento importante reportado ante la CIDH por Laura Louza es la persecución manifiesta del Poder Judicial desde enero de 2016 a los adversarios de Maduro, mediante la estrategia de anulación de los partidos políticos bajo el falso argumento de la renovación institucional. Esta medida forma parte del proyecto chavista de la toma del poder absoluto.

Esta anulación se dio al no permitirse la renovación de la organización por estar compuesta de varias organizaciones ya renovadas y atentar supuestamente contra el principio de la doble militancia, aunque no esté prohibida constitucionalmente. Pero, justamente con la tarjeta de la MUD, la oposición se hizo de la mayoría delPoder Legislativo en 2015, y por si fuera poco, se trata de tarjeta más votada en la historia electoral de Venezuela.

Además de la inhabilitación de la MUD, la ONG recordó que la represión del tribunal dio lugar a una disminución abrumadora de partidos políticos inscritos. De 67 toldas que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron laselecciones parlamentarias, actualmente solo hay 18, 12 progobierno y 6 de oposición, que son minoritarios en la Asamblea y que de hecho fueron los contendores a los comicios presidenciales, efectuados en mayo de 2018, y no los que realmente representan a la gran mayoría de la oposición.

Ampliación de medidas cautelares

En el petitorio presentado por Acceso a la Justicia ante la CIDH se incluyó la solicitud de medidas cautelares para los diputados de oposición de la AN  que aún no las tienen, así como para el diputado disidente Germán Ferrer. También se pidieron medidas institucionales de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para documentar y denunciar las sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo, la ONG solicitó medidas institucionales de cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para lograr la apertura de la fase de investigación contra quienes cometen o han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.