SI NO SE LOGRA UN ACUERDO político que permita buscar soluciones para la crisis humanitaria, el país se encaminará hacia una dictadura más retrograda debido a que los problemas se agudizarán, afirmó Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.

“Las sanciones comenzarán a hacer más efecto, mucha gente de clase media migrará y la falta de recursos será mayor. A medida que la crisis aumente, al régimen no le queda otra opción que ser más retrogrado”, explicó en la presentación del informe anual de la organización no gubernamental.

El activista de los derechos humanos indicó que lo más importante para el país, en este momento, es que se abra el canal humanitario para que desde la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional se brinde asistencia a la crisis humanitaria compleja que padece la sociedad.

Afirmó que para empezar a subsanar la situación se debe producir un cambio político que dé paso a la implementación de planes de desarrollo que permitan mejorar el problema del sector salud, tanto en la mejora de los hospitales, el abastecimiento de medicamentos y la capacitación de personal. “Sin paz institucional no puedes implementar ningún plan”, dijo.

Para la ONG, la cúpula gobernante se vio obligada a participar en el proceso de negociación con mediación de Noruega, ante la presión que ejercen las sanciones económicas que comenzaron a tener efectos a partir de marzo de este año.

Considera que por esta vía debería surgir algún “arreglo o solución institucional mínima”, para que la nación salga de la crisis. Lo ideal sería la instalación de un gobierno de transición en el que tenga participación tanto la oposición como el chavismo, en vista de que “es difícil salir de un conflicto sin que el que lo ocasionó sea parte del proceso”, explicaron.

“El régimen está obligado a negar la crisis humanitaria”

Daniels aclaró que en el país existe una crisis humanitaria compleja, debido a que fue generada por la ausencia total o parcial del Estado, que no garantiza los derechos humanos sino que se ha reducido a “la represión y al aparato comunicacional”.

“El Ejecutivo está obligado a negar la crisis humanitaria, porque aceptarla es aceptar la negligencia en cada uno de los casos; sería aceptar su propia responsabilidad”, indicó.

Explicó que las características de esta crisis son similares a la vivida por Sudán en 2002, donde se obligaba a desplazar a la población, se masacraba a las personas mediante milicias organizadas –en el caso venezolano son colectivos– , y se creó un caos económico debido a la desorganización de los comercios y la acumulación de riquezas por parte de quienes sustentaban el poder a costa de los pobres.

También coinciden en el fracaso total del Estado, la manipulación de los bienes de socorro, el lavado de cerebro ideológico y el empoderamiento de algunos sectores para que se levante en contra de las estructuras existentes; la generación de traumas psicosociales y la destrucción ambiental.

“El problema humanitario en Venezuela no se resuelve con medicinas, con médicos o con hospitales; se resuelve con una solución política a un problema político”, indicó.

Señaló que al negar la ayuda humanitaria el régimen vulnera un derecho: “La ayuda humanitaria no es una limosna, una gracia ni un favor que se le hace a la gente, es un derecho establecido en la Carta Humanitaria”.

Para Acceso a la Justicia, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado constituye un crimen de lesa humanidad establecido en el artículo 7, literal k, del Estatuto de Roma, además de que sigue un patrón sistemático y generalizado.

Recordó que desde la ONG respaldaron la denuncia introducida ante la Corte Penal Internacional por estos delitos: “De aceptarse ese cargo, sería la primera vez que la Corte aceptaría un caso por derechos socioeconómicos y culturales, por la utilización de la ayuda social para generar daños a la sociedad”.

El camino a la dictadura

Laura Louza, fundadora y directora de la ONG, afirmó que en el país hay una dictadura moderna que empezó con un régimen híbrido durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, que pasó por el autoritarismo y se acerca al totalitarismo.

Explicó que poco a poco se fueron cerrando los espacios de oposición y para manifestar se ha dejado al Parlamento sin efecto jurídico, se ha instalado una hegemonía comunicacional, hay una militarización y la economía es manejada por el Estado.

“Todavía quedan algunos espacios de tolerancia porque el régimen lo decidió por razones políticas. Aunque para la región no es tan obvio; al final, esto es una dictadura con espacios democráticos y eso se terminará de cerrar si se adelantan las elecciones parlamentarias. Ahí no habría duda de que estamos en una dictadura”, precisó.

Louza indicó que el Ejecutivo dio un golpe de Estado “en silencio y sin armas”, pese a la militarización y a la represión luego de las elecciones parlamentarias de 2015, con el objetivo de tomar de forma absoluta el poder.

Recordó que desde esa fecha se ha consolidado un verdadero régimen de facto, con el nombramiento, designación o elección, según el caso, de autoridades ilegítimas e inconstitucionales con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual actualmente “todos los poderes del Estado son de hecho, salvo la Asamblea Nacional”.

Mencionó que el TSJ de Maduro ha avalado un estado de excepción continuado, decretado por primera vez el 14 de enero de 2016, sin aprobación de la AN como exige la Constitución y sin aclarar las garantías que restringe con el fin de apropiarse de los recursos y el presupuesto nacional.

Hasta la fecha, el estado de excepción ha sido prorrogado 20 veces y cada una de esas extensiones son acumulativas, por lo que lo decretado en cada prórroga sigue vigente: “Hace poco Maduro dijo que él maneja todo el dinero de la nación, y es así. Eso queda clarísimo en los decretos. Los maneja a su antojo, sin control”.

Denunció que durante 2018 y el primer semestre de 2019, el Poder Judicial mantuvo su función represora hacia la disidencia, al aplicar incluso la justicia militar en casos de civiles con acusaciones de traición a la patria y/o rebelión. Además, de que continuó vulnerando la inmunidad de los parlamentarios como es el caso de Juan Requesens, el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano; y más de los 15 legisladores a los que le allanaron su fuero.

“Utilizan la tesis de la flagrancia para evitar un antejuicio de mérito, pero los crímenes en flagrancia son así porque se descubre a la persona en el momento en que lo está cometiendo, no días después”, señaló.

Indicó que para controlar política y socialmente a la población, la fraudulenta asamblea nacional constituyente dictó la Ley constitucional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, y la Ley constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, publicadas en Gaceta Oficial N° 41330 del 29 de enero y la N° 41336 del 6 de febrero de 2018, respectivamente.

Además, de que durante el período de elecciones presidenciales, instauró la Red de Articulación y Asociación Política, utilizado como un mecanismo de denuncia en contra del “enemigo”, con el cual se buscaba perseguir, neutralizar y aniquilar a los ciudadanos que se oponían al régimen.

La jurista resaltó que por sentencia de la Sala Electoral del TSJ se eliminó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, se obligó a los partidos a revalidarse, con el argumento de prohibición de la doble militancia política, lo cual no está establecido en ninguna norma legal, y se anuló a los partidos que se negaron a participar en las elecciones presidenciales convocadas por la ANC ilegítima.

Aclaró que ante la juramentación de facto de Nicolás Maduro el 10 de enero, el presidente del Parlamento asumió las competencias Ejecutivas como establece el artículo 233 de la carta magna y se creó el Estatuto que rige la transición hacia la democracia, el cual, considera, “establece el camino a seguir ante la dualidad impuesta por el régimen de facto”.