EL MARTES 7 DE AGOSTO EN HORAS DE LA NOCHE el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se llevó detenido al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Fue trasladado a la fuerza junto a su hermana Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) cuando se encontraban en Terrazas del Club Hípico. Los procedimientos aplicados en el arresto del diputado Requesens evidencian una clara violación al debido proceso y los derechos humanos del parlamentario.
La detención del diputado por el estado Táchira, se dio minutos antes de que el Presidente Nicolás Maduro lo señalara en televisión nacional, junto a su colega Julio Borges, como presuntos implicados en el atentado del 4 de agosto en la avenida Bolívar. Maduro calificó a Requesens como uno de sus adversarios “más locos y psicópatas”.
El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, le dictó privativa de libertad como presunto autor y partícipe del supuesto atentado contra el Presidente. Fue imputado por los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra siete efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), terrorismo, asociación para delinquir, y posesión de armas y municiones.
El Tribunal fijó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como lugar de reclusión. Desde su detención lo familiares no han podido verlo, los oficiales de seguridad alegan tener “órdenes superiores” que impiden las vistas al parlamentario.
Su familia teme por lo que pueda ocurrirle al parlamentario, dado que por haber sido sometido a una cirugía bariátrica necesita cuidados especiales, los cuales no le son permitidos por los funcionarios del Sebin. Requiere de vitaminas, comida y medicamentos, pero a la familia se le hace esperar horas para entregarlos bajo la excusa de que “no hay funcionarios que la reciban”. Desconocen si realmente le son entregados al diputado.
Por su parte, el equipo de defensa asegura que está en marcha una condena sin juicio. “Sabemos que el presidente ya lo condenó a priori; sabemos que ya hay una condena sin un juicio previo, sin el debido proceso, que está ya en marcha, pero nosotros necesitamos tener acceso a las actas. Necesitamos hablar con Juan”, dijo Joel García, abogado del parlamentario.
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