Transparencia Venezuela: El poder militar también alcanzó a las empresas estatales - Runrun

Transparencia Venezuela: El poder militar también alcanzó a las empresas estatales

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DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ y con más énfasis en el de Nicolás Maduro, el poder militar cobró gran relevancia en la vida política y económica de Venezuela al tomar el control casi absoluto de sectores claves para la sociedad.

En los últimos años, un grupo de militares activos o retirados asumió atribuciones que van desde la vicepresidencia y la secretaría de la República, hasta ministerios, embajadas, gobernaciones y alcaldías. Han llegado incluso a convertirse en los jefes máximos de empresas estatales que nada tienen que ver con el estamento militar.

De acuerdo con la investigación Empresas Propiedad del Estado fase II que presentó Transparencia Venezuela a finales de 2018, de las 576 compañías estatales, al menos 60 cuentan con un militar como máxima autoridad.

Los datos de cada uno de los militares pueden ser consultados en Vendata, la mayor plataforma de datos abiertos en el país, promovida en alianza por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y Transparencia Venezuela.

La información registrada en Vendata precisa que las empresas lideradas por los militares pertenecen a sectores de gran importancia para la economía venezolana y que, además, han recibido significativas sumas de dinero vía Ley de Presupuesto y mediante créditos adicionales, sin que ello se refleje en una mayor eficiencia.

Las empresas que cuentan con militares en los más altos cargos están en el sector hidrocarburos, alimentación, construcción, minería y metalurgia, banca, transporte, comunicaciones, servicios públicos, entre otros.

La ineficiencia como resultado

Entre las estatales lideradas por militares destaca el caso de Petróleos de Venezuela, la principal empresa del país, que desde noviembre de 2017 es presidida por el mayor general Manuel Quevedo, quien a su vez ejerce el cargo de ministro de Energía.

La práctica de designar a una misma persona como regulador y operador ha sido una constante en la gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que revela una preocupante falta de control y fiscalización.

La designación de Quevedo al frente de Pdvsa y del ministerio fue fuertemente criticada por expertos petroleros, quienes sostienen que no cuenta con el mérito requerido para ejercer esos cargos. Aseguran que llegó allí por sus nexos de obediencia y lealtad con el gobierno.

Desde que lo nombró como presidente de Pdvsa, Nicolás Maduro le pidió a Quevedo que revirtiera la caída en la producción petrolera del país, pero hasta la fecha solo ha ocurrido lo contrario. Mientras en noviembre de 2017 la estatal producía 1,8 millones de barriles de petróleo por día, en diciembre de 2018 (última data disponible) produjo solo 1,5 millones de barriles por día, de acuerdo con datos enviados por el Ministerio de Energía a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Otra de las empresas estatales que es presidida por un militar es la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cuyo presidente es el mayor general Luis Motta Domínguez, que además es ministro de Energía Eléctrica, pese a no contar con preparación académica en el área.

Corpoelec tiene el monopolio del servicio eléctrico en Venezuela y en los últimos años ha sido foco de muchas denuncias públicas de corrupción, pues al sector se le destinaron recursos mil millonarios y aun así cada día funciona peor. Venezolanos han muerto en emergencias hospitalarias por falta de luz, y alimentos y medicinas se han perdido como consecuencia de constantes apagones.

El sector alimentación es uno de los que más ha resentido la presencia de militares sin capacitación en el área, como demuestra la investigación Empresas Propiedad del Estado fase II. Los uniformados participan desde la repartición de los insumos para las siembras hasta la distribución y comercialización de los alimentos.

En la información registrada en Vendata destaca el caso de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, Cuspal, encargada de recibir y distribuir los alimentos que se importan para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, el programa gubernamental que consiste en la venta de productos subsidiados y que ha propiciado múltiples prácticas corruptas con nefastos resultados para el abastecimiento seguro y soberano en el país.

Desde noviembre de 2018 el presidente de Cuspal es el Coronel Vianney Rojas García, quien antes se desempeñó como adjunto al director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y como director suplente de la junta directiva del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. Rojas sustituyó en la presidencia de Cuspal al general Luis Medina Ramírez, actual ministro de Alimentación.

El momento de evaluar

Compartir el poder con un grupo de militares le ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro contar con el respaldo del estamento aun en momentos de gran conflictividad política y social.

Cada vez que tiene oportunidad, Maduro participa en actos con los militares y aplaude su trabajo. Desde el Ministerio de Defensa no han dudado en manifestarle lealtad, sin embargo, en lo que va de 2019 ha quedado en evidencia que en la columna castrense no todos piensan igual.

Entre enero y lo que va de febrero han surgido pronunciamientos de militares que dicen no reconocer a Maduro, que le piden cese en el cargo frente a la profunda crisis y permitir que se restituya el orden constitucional.

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