Luego de las manifestaciones ocurridas el 23 de enero, en el Zulia se registraron episodios de represión, detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales y a medios de comunicación cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado.

De todas las detenciones que se practicaron el 23 de Enero, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) registró 57 detenidos que se encuentran actualmente a la orden de tribunales. Algunos de los manifestantes fueron liberados con medidas cautelares sustitutivas de la privativa de libertad.

Al igual que en las manifestaciones de 2014 y 2017, se repiten patrones de judicialización como las edades y el género de los manifestantes: la mayor parte de los imputados son hombres con edades entre los 18 y los 30 años. Se repite, además, la imputación de delitos como el agavillamiento, instigación pública, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad.

El equipo de defensa de Codhez conoció que una de las víctimas que se encuentra recluida en el comando 111 de la Guardia Nacional (La Ciega), sufrió una crisis de asma y le fue negado el acceso a los medicamentos.

Una víctima arrollada e incomunicada

Una de las víctimas asistidas por Codhez fue arrollada como método de inmovilización al momento de la detención, y hasta el mediodía del 25 de enero, no había sido posible verificar su estado de salud. Además, se le negó a la víctima la entrevista con sus abogados que la ley establece como obligatoria.

La víctima se encuentra recluida en el comando 111 de la Guardia Nacional Bolivariana. En dos oportunidades, los funcionarios negaron la presencia del detenido en el comando a sus familiares, a pesar de que efectivamente sí se encontraba en el referido centro de detención.

Además, en las inmediaciones del comando se escucharon consignas políticas a favor de Nicolás Maduro. El equipo de Codhez presente en el sitio, presume que los funcionarios obligaron a los detenidos a repetirlas.

En este contexto de represión a las manifestaciones, desde Codhez se reitera que han sido repetidos los patrones de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2014 y 2017 en el Zulia durante los periodos de manifestaciones masivas: ataques a zonas residenciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras situaciones violatorias a los derechos humanos.

El Estado debe cesar las prácticas de represión y violencia que han dejado numerosas muertes en todo el país, masivas detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales y represión en sectores populares de Caracas y otras ciudades de Venezuela. Codhez se une al llamado de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, de realizar una investigación efectiva de los actos que han provocado numerosas muertes y lesiones durante la última semana de protestas.