COMPROBADA «LA EFICACIA», PARA EL  Gobierno, del uso del Carnet de la Patria para controlar “electoralmente” a los ciudadanos, apoyen al actual modelo político o no, bajo amenaza velada o expresa de no recibir los subsidios gubernamentales o la caja de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) si no votaban por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los últimos procesos comiciales, el Ejecutivo nacional no sólo procedió a ampliar la aplicación del documento sino a “legalizarlo”.

La vía empleada por Nicolás Maduro para legitimar el carnet es tan irregular como la pretensión de que dicho instrumento sea superior incluso a la cédula de identidad(según el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación es el documento principal) a la hora de que el ciudadano pueda acceder a derechos como el de la alimentación y la salud. Lo prevé en su último decreto de estado de excepción (decreto 3.610 del 10 de septiembre de 2018, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.478, de esa misma fecha).

En el texto, apartado n.° 11, se hace referencia a la “implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal”. En este mismo sentido, el apartado n.° 23 consagra la “organización de procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios”.

La decisión ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia 638 del día 20 de ese mismo mes, que le da carácter constitucional, así como ha refrendado los nueve decretos anteriores con sus respectivas prórrogas.  Recordamos que el decreto de estado de excepción es inconstitucional e ilegal porque la Carta Magna establece que su duración es de máximo 120 días (incluida la prórroga) y porque ha abarcado áreas fuera de la económica y en nada ha contribuido con la solución a la crisis que vive el país, para lo cual fue adoptado, de acuerdo con Maduro.

Acceso a la Justicia denuncia que, a partir del uso del Carnet de la Patria, el Ejecutivo Nacional ha establecido un “apartheid revolucionario”, tal como lo acusa la ONG Transparencia Venezuela, en el que parece establecer dos tipos de personas: los carnetizados y los no carnetizados, o si se quiere, venezolanos “de primera” y “de segunda”, fomentando una discriminación de tipo político electoral que reedita el mismo esquema de la llamada “Lista Tascón”. Vale recordar que en dicho caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) mediante sentencia del 30 de mayo de este año, condenó al Estado venezolano por la terminación arbitraria de contratos laborales por motivos políticos.

Subrayamos que el Carnet de la Patria es un instrumento de coacción social y control político impuesto por el Gobierno para chantajear a las personas con los CLAP y un sinfín de bonificaciones a lo largo del año (Bono de Carnaval, Bono Día de la Juventud, Bono del Plan Parto Humanizado, Bono José Gregorio Hernández, Bono Hogares de la Patria, Bono de Escolarización, Bono Navideño, entre otros).   Una de las últimas medidas que involucra su uso es la compra de gasolina a precio subsidiado y quien no lo posea deberá pagar un precio internacional, con lo que Maduro va dirigido a que “todo se haga con el Carnet de la Patria”, tal como lo advirtió a finales del año pasado.

El sábado 20 de octubre el primer mandatario prometió que en estas navidades “no van a fallar” con la entrega de perniles y juguetes para los venezolanos mediante el documento, promesa que el año pasado fue incumplida.

Emergencia humanitaria

Cuando observamos la aplicación del Carnet de la Patria como mecanismo de control ciudadano podemos entender por qué el Ejecutivo muestra tan poco interés en resolver la emergencia humanitaria, la subestima o la niega, ya que la mejor forma de mantenerse en el poder sin popularidad es dominar a la población con este tipo de medidas en un contexto de crisis profunda. Es decir, el Gobierno propicia el problema, no toma correctivos, sino que empeora la situación y lanza especies de salvavidas a la población para que esta crea que hace algo por ella y así logra atornillarse aún más en el poder. Peor es nada, de allí que ha habido personas tramitando el documento, aunque no comulgue con la ideología revolucionaria. Cifras oficiales de 2018 han dado cuenta de 18 millones de personas carnetizadas.

Esta realidad llegó a oídos de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de este año, por la voz de representantes las ONG Espacio Público, Civilis, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el documento expuesto por Carlos Correa, de Espacio Público, se expresó:

“El Gobierno usa el Carnet de la Patria y otros planes sociales para intimidar a la población y así propiciar un ambiente de discriminación, persecución y control político. No sólo para obligar a las personas a participar en procesos electorales, sino para acceder a medicinas, alimentos, vivienda, educación, servicios e incluso para realizar trámites o denuncias en organismos públicos. La ciudadanía sin importar su condición ha sido vejada y sus derechos transgredidos a pesar de las condiciones de salud, sociales o de vulnerabilidad. Personas que presentan necesidades específicas se han visto impedidas a acceder a sus derechos por no contar con el Carnet de la Patria, la población es discriminada y segregada por un apartheid político bajo una política autoritaria y de control”.

Por Acceso a la Justicia