LA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO PENAL en el estado Mérida, Gipsy Sarita Montiel, denunció la crítica situación que padecen las personas que se encuentran detenidas en los diferentes centros de detención preventiva (CDP) de la entidad andina.
Aseguró que el incremento en la comisión de delitos producto de la situación país ha ocasionado una situación de hacinamiento en los centros de reclusión temporal, en los cuales incluso, se encuentran personas ya procesadas y sentenciadas. “La situación es bastante delicada y llama poderosamente la atención a quienes luchamos diariamente por la defensa y el repito de los derechos humanos en la entidad. Nos han hecho llegar denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos como en lo que es el CICPC, donde presuntamente en algunas ocasiones botan sus indumentarias, ropas, la comida no les llega a tiempo a los privados, no les dan acceso a la visita que tiene semanal con los familiares o lo abogados irrespetando lo que constitucionalmente aparece establecido como un derecho humano”.
La activista de derechos humanos también señaló que los familiares de los detenidos han denunciado presuntos malos tratos hacia quienes se encuentran en los CDP merideños. “Nos llama poderosamente la atención que también hay un maltrato de parte de algunos funcionarios que presuntamente, es lo que recibimos de los familiares de los privados de libertad donde se aplican torturas dentro de los centros penitenciarios y de reclusión momentánea, mientras que esperan acceder a una justicia plena”·.
Exhortó al estado venezolano a que garantice los derechos humanos de quienes se encuentran en los CDP. “Por mucho que haya cometido un error un individuo, tiene derecho al acceso a la justicia y al respeto a su humanidad”. Hacinamiento: común denominador Según Montiel, en los centros de detención de los diferentes organismos de seguridad no existe clasificación alguna de los privados en cuanto a los delitos cometidos lo cual ocasiona alteraciones dentro del funcionamiento. Explicó que el Centro Penitenciario de la Región Andina, CEPRA, es el único centro de reclusión que cumple con los requisitos mínimos que garantizan los DDHH de los privados de libertad. Sin embargo, los centros de reclusión temporal, como el retén de la comandancia general de policía en Glorias Patrias y otras dependencias policiales es grave, lo cual dijo, “limita el acceso para que se cumplan las leyes”.
“Relativamente están en áreas comunes”, dijo. Sin embargo, acotó que en el caso del centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), si se mantiene un control hacia los derechos del privado de libertad. “En otros órganos como el retén policial, el CICPC la cantidad de recluidos sobrepasa los límites de su capacidad, lo cual favorece el hacinamiento. Hacemos un llamado al ministerio a que se avoque a ver de qué manera se puede solventar este problema también de hacinamiento”.
Presencia de enfermedades
En cuanto el tema de salud, la representante del Observatorio Penal aseguró que se han registrado enfermedades que tiene que ver con afecciones respiratorias, anemia y enfermedades venéreas. “Enfermedades graves como VIH que ha este tipo de privados es mucho más delicado y se les debe respetar aún mas sus derechos, su vida en algunos casos ya está a punto de finalizar y se encuentran en estado es muy graves, tenemos conocimiento de presuntos privados que en el retén de Lagunillas tenían este tipo de enfermedad, no lo hemos confirmado, pero a través de familiares y de gente que nos ha hecho llegar esta información”.
En cuanto a la presencia de Tuberculosis señaló la presunta aparición recientemente de un caso en el retén de Glorias Patrias. “También reconozco la participación que ha tenido Corposalud y a la cual remitimos; también hacemos el llamado que se les permita el acceso a los médicos para que haya un chequeo por lo menos semanal o quincenal de estos privados que muchas veces solicitan citas en el hospital y es difícil porque no hay una patrulla para que los traslade”.
Al respecto, denunció que muchas de estas unidades se encuentran fuera de servicio por cauchos y otras causas lo cual limita el traslado de los reclusos al circuito penal.
Aun cuando aseguró que se cuentan por cientos, señaló que la cifra de
recluidos en los diferentes centros de detención varia constantemente debido al incremento del índice delictivo en la entidad. “Pero si sé que es bastante numerosa y cada día por la situación país que tenemos, avanza más porque las personas por cualquier acción que violenta la ley son privadas, y pasa algún tiempo y no son procesadas”.
Con información de Una Ventana a la Libertad
