Casi 5 millones de personas podrían migrar a la banca pública
Casi 5 millones de personas podrían migrar a la banca pública

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El economista José Grasso, director de Softline Consultores, señaló que casi 5 millones de tarjetahabientes de la banca privada son susceptibles de migrar a la banca pública, para solicitar cambio de operador y financiar sus viajes al exterior y hacer uso del cupo de internet.

La providencia 011, emitida por el ministerio de Finanzas y en vigencia desde este viernes, establece en su artículo 5 que “los operadores cambiarios autorizados son los pertenecientes a la banca pública”.

Dijo el analista financiero que hay 11 millones de tarjetas de crédito en el país, repartidas en alrededor de 7 millones de personas, tomando en cuenta que algunos titulares tienen 2 de esos instrumentos.

Grasso refirió que de los 7 millones de tarjetahabientes cerca de 1 millón no aplica para ser utilizada en el exterior y 1,2 millones pertenecen a la banca pública; por tanto un universo de unos 4,8 millones de personas posee tarjetas de bancos privados y son susceptibles de cambiar operador cambiario.

No obstante consideró, vía telefónica, que muchas personas ya han viajado en el año, en los asuetos de Carnaval y Semana Santa y no cree que estén interesados, en lo inmediato, a acudir a la banca pública.

Por su parte, el economista César Aristimuño, coincide en que “no todo el mundo va a cambiar de operador, en el caso de que así ocurriera estamos hablando de unos 2,5 millones de personas” tenedoras de tarjetas de crédito. Precisó que un tercio del sistema financiero está en manos del Estado.

Y destacó que las instituciones financieras públicas que podrían absorber a estos usuarios, son los Bancos de Venezuela, del Tesoro, Bicentenario, de la Fuerza Armada Nacional y el Industrial de Venezuela.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, indicó que esta medida responde a que el Gobierno no tiene suficientes recursos para enfrentar sus compromisos en dólares y recurre a “mecanismos como éste”.

En su opinión, esta decisión solo busca “ganar tiempo” para que el Estado reorganice su política económica en busca de otras soluciones.