Las acciones legales de las multinacionales para cobrar las indemnizaciones por sus activos que fueron expropiados en Venezuela están aumentando, según alertó Barclays a sus clientes en el reporte que les envió este martes.

“Venezuela está enfrentando presiones en múltiples frentes legales”, se lee en el análisis realizado por la firma. Barclays recordó que desde finales del año pasado han salido del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial, varios laudos que obligan al país a cancelar alrededor de 3 mil millones de dólares en compensaciones a compañías expropiadas durante el Gobierno de Hugo Chávez, tales como Exxon Mobil, Owens Illinois y Gold Reserve.

En el caso de Gold Reserve se explicó que la minera canadiense acudió a una corte de Estados Unidos para que “confirme” el laudo emitido por el Ciadi en septiembre de 2014 y así poder cobrarlo. En efecto, esta semana un tribunal de la Corte del Distrito de Columbia inició una solicitud de “default” contra Venezuela a petición de Gold Reserve como estrategia para ejecutar el laudo.

Barclays señaló que el “resultado final de esta disputa” con la minera canadiense podría tener “importantes implicaciones” no sólo por la “presión adicional” que supondría para el menguado “flujo de caja” que tiene el Gobierno, sino también para un posible evento de default con los bonos Venzuela 2022.

La firma sostuvo que si en algún momento el tribunal estadounidense confirma el laudo, comenzaría “la cuenta atrás para que Venezuela realice el pago”.

El monto que debería cancelar Venezuela a Gold Reserve es de casi 750 millones de dólares, unos 10 millones de dólares más desde que se publicó el laudo en septiembre debido a los intereses que siguen corriendo. “Es importante aclarar que se trata de una demanda contra la República, no contra Pdvsa”, acotó Barcalys en el reporte.

En el análisis también se indica que “el país todavía tiene alternativas para ganar tiempo” en relación con los distintos casos de arbitraje que obligan a Venezuela a pagar compensaciones millonarias por las expropiaciones.

Entre septiembre del año pasado y marzo de este año los tribunales arbitrales del Ciadi han divulgado cinco decisiones que le imponen a Venezuela pagos por una cifra que ronda los 3 mil millones de dólares.

Precisamente, en varios de esos casos la estrategia legal de la República ha sido buscar ganar tiempo solicitando la revisión y hasta la anulación de las decisiones para intentar postergar lo más posible la cancelación de las indemnizaciones en un momento en que los ingresos del país se han desplomado por la caída de los precios del petróleo.