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La nueva cara del estigma del venezolano en Colombia
Venezolanos que viven en el vecino país son señalados como culpables de alteraciones al orden público
Aseguran que la culpa de esta estigmatización recae en gran parte en el pésimo manejo de la información por parte de algunos medios 
La Constitución colombiana permite a los inmigrantes protestar de manera pacífica

 

Según el artículo 37 de la Constitución de Colombia, la protesta es un derecho de todo aquel que habite en ese país. “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”, reza el mencionado artículo. 

Para Lucía Ramírez, miembro del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia en Bogotá, los venezolanos que viven en Colombia también tienen derecho a la protesta, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica.

“No existe una prohibición expresa en la ley para que los venezolanos no puedan protestar. La protesta es un derecho que está contemplado en la ley”, sostuvo Ramírez.

En el marco de las protestas que se efectúan en la capital colombiana contra el gobierno del presidente Iván Duque, la policía expulsó a 59 venezolanos por supuestamente participar en actos vandálicos el pasado 25 de noviembre. Los sujetos fueron subidos a un autobús esposados y llevados al aeropuerto militar de Catam a las afueras de Bogotá para ser deportados.

Entre la población colombiana corre el rumor de que son grupos de venezolanos quienes propician los disturbios. 

Durante las protestas la etiqueta #venezolanos y #venecos se hizo tendencia en Twitter. Además en grupos de WhatsApp corrió la información de que los responsables de los desmanes eran de nacionalidad venezolana.

 

En septiembre de 2019, el gobierno colombiano reportó que la cifra de migrantes venezolanos que viven en el país ya superó los 1,6 millones de personas, lo que corresponde al 3,4% de la población.

Lucía Ramírez dijo que ciertamente se está comenzando a propagar una corriente de estigmatización contra el venezolano inmigrante en Colombia. 

“Hay una responsabilidad importante de los medios que han visibilizado de manera inadecuada hechos que involucran a venezolanos. Como en cualquier lugar hay personas que comenten delitos y no se debe resaltar cuál es su nacionalidad. Las organizaciones hemos solicitado a ciertos medios que sean responsables a la hora de comunicar la forma como presentan los hechos porque estos pueden tener cierto impacto en la persona a la que le llega ese mensaje”, dijo Ramírez.

 

César Valderrama también es investigador de DeJusticia y en una entrevista transmitida por Radio Fe y Alegría dijo que la desinformación ha generado una ola de xenofobia contra los venezolanos en medio de las protestas en Colombia.

“Capturaron a un grupo y los acusaron de propiciar los disturbios y esto género sentimientos de xenofobia muy fuertes en Colombia. Eso es algo totalmente condenable”, dijo Valderrama.

Valderrama indicó que se violó el debido proceso porque no se le respetaron sus derechos humanos.

Lucía Ramírez sostuvo que a partir de informaciones no verificadas también se vinculó a personas venezolanas con los saqueos que se produjeron en varias ciudades de Colombia.

“Lo que está sucediendo es un problema de Colombia y los colombianos, pero si hay venezolanos inmersos en actividades contrarias a la ley Colombia tiene que judicializarlos y condenarlos”, dijo en unas declaraciones a la revista Semana el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Colombia, Gonzalo Oliveros.

“La legislación interna establece que si un extranjero está involucrado en situaciones que alteran el orden público, se le puede adelantar un proceso de deportación”, dijo Ramírez. 

Criminalidad no tiene nacionalidad 

La abogada Lucía Ramírez sostuvo que los índices de criminalidad en Colombia nada tienen que ver con una nacionalidad en particular.

“No tenemos pruebas que indiquen que sean un grupo de personas de un país en específico que esté delinquiendo más en Colombia. Las personas migrantes no delinquen más que los nacionales”, dijo la miembro de DeJusticia. 

Sostuvo que es incuestionable el impacto que ha tenido la migración venezolana en Colombia.

“Colombia era más bien un expulsor de población migrante. Hasta hace unos años era el país en la región que había expulsado más refugiados a otros países”, sostuvo Ramírez.

Ramírez dijo que Colombia no posee la infraestructura institucional para recibir a un gran número de migrantes. “Esto ha generado impacto en sectores como la salud y la educación. No contamos con una política migratoria integral que garantice la protección de los derechos de las personas migrantes de una manera amplia”, dijo la experta en derecho. 

La abogada sostuvo que la inmigración también tiene aspectos positivos que favorecen a la sociedad colombiana.

“Muchas de las personas que emigran son jóvenes que pueden incorporarse al sistema laboral”. 

Diputados del caso CLAP fueron recibidos con cordialidad en la AN pero serán investigados
La Comisión Especial para investigar a los parlamentarios encontró indicios que sustentan una auditoría 
El diputado José Luis Pirela reconoció que un empresario le financió el viaje a Europa  
Conrado Pérez, José Brito y Luis Parra no levantaron la mano para votar por el inicio de una investigación

@saracosco

Héctor Vargas (UNT-Zulia) y William Barrientos (UNT-Zulia) llegaron al Palacio Federal Legislativo cargados con folios y documentos para tratar de desmontar el reportaje de investigación del medio Armando.info en el que se reveló que varios diputados de oposición -ellos dos, entre otros- se prestaron para “lavar la reputación” de empresarios relacionados con la corrupción del negocio de los CLAP.

Aunque la corrupción de los CLAP no era un punto en en el orden del día de la sesión ordinaria del martes pasado en la Asamblea Nacional, sí fue el tema de debate entre parlamentarios y de conversación entre periodistas por los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Desde temprano cada uno de los diputados señalados en el reportaje de Armando.Info fueron llegando a la sede del Legislativo y, varios de ellos, aseguraron -a pesar de las evidencias del reportaje- que no forman parte de ninguna trama de corrupción. Todos, menos Luis Parra (PJ-Yaracuy), pertenecen a la Comisión de Contraloría de la AN.

Barrientos, incluso, llevó su pasaporte para comprobar que no viajó a Colombia o Europa como señala el reportaje. En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos. 

En un momento de euforia del diputado zuliano, el pasaporte quedó tirado en el suelo cerca de los camarógrafos.

Al momento de declarar a la prensa Vargas y Barrientos lo hicieron en momentos distintos y sin la compañía de alguno de sus colegas de partido. Sin embargo, una vez dentro del Hemiciclo, saludaron de forma cordial al resto de los diputados, e incluso votaron a favor de iniciar la investigación.

Barrientos -además- subió al puesto del presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó, donde ambos se dieron la mano, hablaron y se rieron. 

“Paciencia”

El diputado José Luis Pirela (16J-Zulia) fue otro de los que declaró su inocencia ante los medios, aunque confesó que un empresario – sin revelar el nombre – financió su viaje a Europa para denunciar al expresidente de Rafael Ramírez y aseguró que un parlamentario no tiene obligación de pedir permiso para viajar.

Pirela no está siendo investigado por su fracción – a diferencia de los diputados de UNT, VP y PJ- y sus compañeros de organización lo acompañaron durante sus declaraciones. En todo momento mostraron apoyo e incluso se rieron de algunas preguntas de los periodistas.

Situación similar sucedió con el diputado Adolfo Superlano (Independientes-Barinas) que llegó al Palacio junto a sus compañeros de fracción, José Antonio España (Delta Amacuro) y José Gregorio Aparicio (Independientes-Monagas).

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Antes de declarar, los tres se mantuvieron juntos en los jardines del Palacio y estuvieron al lado de Superlano mientras conversaba con los medios. Incluso hubo un momento en el que Aparicio le susurró “paciencia” ante las preguntas de los periodistas.

Mientras Superlano declaraba, otros señalados en el reportaje, los diputados Conrado Pérez (PJ-Trujillo) y José Brito (PJ-Anzoátegui), llegaron a la Asamblea Nacional. Los dos fueron seguidos por algunas cámaras, aunque Pérez no respondió a ninguna pregunta y Brito acusó nuevamente a Guaidó de corrupto.

Pérez solo conversó con Luis Parra (PJ-Yaracuy) y Brito dentro del Hemiciclo, aunque ellos dos sí saludaron al resto de sus compañeros de partido de forma natural. 

A diferencia del resto de los señalados en el reportaje de investigación, ninguno de los tres levantó la mano para votar a favor de iniciar una investigación a la Comisión de Contraloría. 

Guaidó pidió ver a los venezolanos la diferencia entre su respuesta ante esta denuncia y la que ha dado el Gobierno de Nicolás Maduro. 

“Hoy nuestros niños mueren de hambre por culpa de la maldita corrupción que tiene años azotando a Venezuela. A los venezolanos le pido que vean la radical diferencia entre las acciones del gobierno interino que de inmediato da respuestas y ordena una investigación; al contrario de la dictadura que luego de 20 años no ha investigado, discutido, debatido ningún caso de corrupción en los que se han visto envueltos como Odebrecht, Pdvsa, entre otros”, aseguró con un tono de voz elevado que consiguió los aplausos de la mayoría de sus colegas.

Hay base para investigar

La Comisión Especial – conformada por el primer vicepresidente Edgar Zambrano (AD-Lara), el segundo vicepresidente, Stalin González (UNT-Distrito Capital), Marialbert Barrios (PJ-Distrito Capital) y el subsecretario, José Luis Cartaya- confirmó que hay base para iniciar una investigación para desentrañar el vínculo entre los diputados opositores con Alex Saab y Carlos Lizcano, empresarios colombianos acusados de corrupción en la importación de alimentos y compra de las Cajas CLAP- comida subsidiada por el Gobierno. 

Como parte del proceso de investigación auditarán todas las actas de la Comisión de Contraloría, subcomisiones, correspondencia recibida y enviada y los documentos registrados en las notarías desde 2016 hasta el año actual.

La Comisión citó a los parlamentarios para el próximo lunes, 9 de diciembre, en las mismas oficinas donde presuntamente firmaron esas “cartas de buena conducta” para Alex Saab y  Carlos Lizcano. 

Los vecinos se ocupan de sus cosas y la crisis venezolana pasa a un segundo plano en la región
Los cambios políticos y manifestaciones sociales han cambiado el foco de atención de los gobiernos del continente a sus problemas internos
Expertos indican que la Asamblea Nacional debe dejar de lado el discurso de ideologías y aclarar que la situación en Venezuela se trata de derechos humanos

@gchenriquez1

Así como en el año 2017 la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Smartmatic, denunció que en agosto de ese año el Consejo Nacional Electoral anunció resultados diferentes a los arrojados por el sistema de votación, el viernes 8 de noviembre ocurrió lo mismo en Bolivia. 

Pero las consecuencias fueron diferentes. 

La empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral boliviano, Ethical Hacking, determinó que la integridad de la base de datos fue violada y que mucha de la data que se encontró en la investigación sustenta que el proceso electoral estuvo viciado de nulidad. Asimismo, la auditoría realizada por la OEA determinó que las elecciones del pasado 20 de octubre no podían ser ratificadas debido a “graves irregularidades”. 

Tan solo dos días, después, el domingo 10 de noviembre, Evo Morales y el vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron a sus cargos luego de que el  jefe del Ejército, Williams Kaliman, sugiriera -verbo que es usado en la Constitución de ese país- su dimisión. Junto a ellos, todas las autoridades que forman parte de la cadena de sucesión constitucional también renunciaron. 

Es por eso que Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado y política opositora, asumió el martes 12 de noviembre la presidencia interina de Bolivia, en una sesión parlamentaria con la ausencia de los representantes de la bancada mayoritaria, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Después de acusaciones de haber consumado un golpe de Estado y de permitir la represión policial hacia los simpatizantes de Morales, Áñez va encaminada a definir una fecha de elecciones presidenciales. 

El de Áñez sería el segundo gobierno interino de la región, junto al de Juan Guaidó. Pero, al parecer, con consecuencias diferentes. 

Después de que a inicios de 2019 buena parte de los gobiernos del continente, a través principalmente del Grupo de Lima, cerró filas alrededor del interinato del presidente del parlamento, Juan Guaidó. Varios meses después, los vecinos comenzaron a ver su propio jardín arder.  ¿El timing venezolano ya pasó? 

Grupo de lima-limón 

En Brasilia, el 8 de noviembre se reunieron los 11 miembros del Grupo de Lima para ratificar su apoyo a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, tras no haberlo hecho desde el pasado 23 de septiembre. En el último encuentro se comprometieron a “adoptar otras medidas adicionales de presión – excluyendo el uso de la fuerza – sobre el régimen de Maduro, con sanciones específicas que permitan avances en la transición democrática, de acuerdo con los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales”. El resultado de este encuentro, sintetizado en 23 puntos, reafirma la opinión expresada por el director asistente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Geoff Ramsey. 

Ramsey no encuentra una solución a la vista que vaya a marcar la diferencia en la crisis venezolana.

“Yo creo que a nivel regional el Grupo de Lima probablemente va a seguir emitiendo una declaración cada mes o par de meses y va a seguir documentando el agravamiento de la crisis. Pero no veo a una región muy interesada en hacer más que eso. Quizás los países en la nueva reunión del TIAR podrían producir un anuncio en torno a las sanciones individuales, pero aún así yo no veo una solución saliendo de las sanciones”, apuntó.  

 

Luis Álvarez, internacionalista y magíster en Ciencia Política, indica que antes de la reunión del Grupo de Lima, el canciller de Perú habló de un relanzamiento del organismo, por lo que se evidencia que hubo una caída y quiebre en el dinamismo que tenía. 

Otro elemento que enrarece el contexto del funcionamiento del Grupo de Lima es la contradicción entre el apoyo de este grupo a la propuesta de Guaidó y las políticas migratorias de estos países hacia los venezolanos que ingresan a ellos. 

Álvarez considera que los países miembros deben facilitar aún más la estadía de los venezolanos. “No pedir el apostille o documentos registrados ya que eso se debe hacer en las oficinas y ministerios de un régimen que ellos no reconocen; y además, cómo los consigue una persona que se fue caminando del país. Por lo menos deben flexibilizar los requisitos en los trámites de visa como dicen que lo van a hacer”. 

Venezuela, la dueña de su propio futuro

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay: todos estos países terminarán el año con panoramas muy distintos a como lo empezaron. Venezuela, en cambio, pareciera que finalizará 2019 en un largo purgatorio político, una burbuja económica dolarizada para beneficio de una minoría y la misma emergencia humanitaria aplastando a los sectores con menos recursos. 

En opinión de Álvarez los cambios en la región podrían afectar el trabajo por la recuperación democrática que la Asamblea Nacional viene haciendo. “Por una razón muy lógica: los países tienen que dejar de ver a Venezuela porque tienen que empezar a ver lo que ocurre hacia adentro”, explicó. 

 

Álvarez aseguró que el trabajo que queda por delante, en manos de la Asamblea Nacional, es tender los puentes necesarios con los distintos gobiernos, independientemente de su naturaleza, para dar a entender que en Venezuela no existe un problema ideológico sino de derechos humanos y de falta de libertad. “Es importante que en la política comunicacional de la Asamblea Nacional se deje claro que el drama regional empieza a aclararse si en Venezuela hay un cambio de gobierno bajo condiciones democráticas”, apuntó.   

 

 

Geoff Ramsey, de WOLA, opina que “a nivel simbólico probablemente la región va a seguir ejerciendo un papel significante pero no creo que vaya a hacer la diferencia. A nivel regional esto nunca iba a ser permanente. Cada país tiene sus preocupaciones internas y eso de cierta manera era inevitable: perder el interés en Venezuela después de un tiempo”. 

Apunta que la oposición debe volver a la estrategia de no politizar la lucha venezolana y de decir que no se trata de un conflicto de izquierda o de derecha, sino de la democracia contra el autoritarismo. 

“Recuerdo que en febrero-marzo hubo un intento de establecer lazos con sectores del chavismo democrático o con los moderados en esa coalición. Parece que esos esfuerzos han sido abandonados y yo creo que hay que volver a ese tipo de narrativa porque lo que hace es blindar el apoyo público para el movimiento opositor en el país”, explicó. 

La región, de norte a sur

En el norte, en opinión Álvarez, la administración de Donald Trump va a mantener una política de sanciones a individuos pero no irá más allá que eso. Explica que el tema venezolano le funciona para atender a un electorado del sur de la Florida y a los republicanos críticos de las políticas demócratas. No obstante, le interesa mantener a su electorado de la zona norte del país. “¿Si está retirando tropas de Siria, por qué se va a meter más en Venezuela? Una acción directa no la veo y espero que tampoco ocurra, por las consecuencias que eso implica”, indicó. 

De hecho, voceros como John Bolton, Marco Rubio y el propio Trump cada vez se refieren menos en sus redes sociales a Venezuela y cada vez se ocupan más de sus asuntos internos. Es ahora Elliott Abrams, representante especial para Venezuela, quien se refiere a al país públicamente; y el pasado miércoles 29 de noviembre aseguró que Estados Unidos mantendrá la misma política hacia la nación sudamericana. 

Ramsey asevera que Estados Unidos ya “ha usado la opción nuclear”, que son las sanciones petroleras. Estas no han generado un cambio notable dentro de la coalición gobernante en Venezuela, por lo que no avizora qué más podría hacer la comunidad internacional por el país. 

 

“Yo creo que estamos al máximo de la presión internacional y hay que volver a insistir en presión interna y en apoyar a factores políticos que están dentro de Venezuela intentando abogar por una solución política”, añadió.  

 

Las sanciones impuestas por Estados Unidos el pasado martes 26 de noviembre a la Corporación Panamericana de Cuba, empresa utilizada por la estatal Cubametales para comercializar petróleo venezolano y así ayudar al país a evadir las sanciones, refuerza la ruta de acciones a distancia que ha elegido EE.UU., país cuyos voceros además han amenazado con imponer aún más sanciones. 

En México Andrés Manuel López Obrador no se retrata abiertamente con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que indica que si bien no tiene la posición cerrada que tenía el gobierno anterior, igual mantiene críticas y preocupación con lo que ocurre en Venezuela. No obstante, con el recibimiento del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en calidad de asilado político el pasado 12 de noviembre, se deja en evidencia que las inclinaciones de López Obrador siguen orientadas a apoyar a mandatarios de izquierda. 

A juicio de Álvarez, los resultados de las elecciones regionales en Colombia -en los que los candidatos afines al presidente Iván Duque no fueron favorecidos- señalan que la Asamblea Nacional venezolana debería mantener una relación con los partidos políticos de ese país desde el punto de vista institucional y los distintos partidos venezolanos deberían acercarse a los que pudiesen tener afinidad con ellos.

“Los partidos de la Asamblea deberían buscar referentes o interlocutores para seguir presionando y que cada vez más Maduro y su entorno pierdan el poco respaldo que les queda. Porque el respaldo que en verdad le queda a Maduro en Colombia es el respaldo nominal del partido político de las FARC, porque el apoyo del partido armado es mucho más claro”, detalló. 

 

El director asistente de WOLA considera que a pesar de los cambios electorales en Colombia y en Sudamérica no ve que ningún gobierno en la región tenga un interés real en tomar medidas drásticas como sería una intervención militar. 

 

“Es decir, realmente ni Colombia ni Estados Unidos estaban hablando de una intervención militar en Venezuela porque saben que la crisis migratoria y la crisis de refugiados aumentaría y que no habría una garantía de una salida estable ni democrática”, explicó Ramsey. 

Asimismo, desde el paro nacional en Colombia del pasado jueves 21 de noviembre, persisten las protestas pacíficas en contra de que el presidente Duque ejecute una reforma laboral y de las pensiones. Mientras tanto, 59 venezolanos fueron deportados por Migración Colombia por estar supuestamente vinculados a hechos vandálicos durante las manifestaciones.

Carmen Beatriz Fernández, especialista en marketing político, expone en un hilo en la red social Twitter algunas de las razones por las que las protestas surgen globalmente, por diversas razones, pero, también con ciertas similitudes. 

 

En Brasil las prioridades para el mandatario Jair Bolsonaro también se podrían ver afectadas luego de que al ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva​ se le otorgara libertad por el caso Lava Jato el pasado viernes 8 de noviembre, mientras espera por el veredicto final de la Corte Suprema de Brasil. La decisión fue tomada por el juez Danilo Pereira Júnior, del juzgado penal federal 12 de Curitiba, quien aceptó el pedido de la defensa de da Silva y lo autorizó a dejar la prisión.

En agosto de 2018, antes de las elecciones presidenciales en el vecino país, las encuestadoras Datafolha e Ibope daban un 39% y 37% de intención de voto a Lula; mientras que Bolsonaro solo contaba con un 18%, según lo publicado por ambas compañías. 

Más abajo en el continente, en Argentina, aún no se descifra la posición que tendrá Alberto Fernández con respecto a Venezuela, pero su futuro canciller, Felipe Sola, ya ha anunciado que el país no se saldrá del Grupo de Lima. 

Sin embargo, Álvarez señaló que el presidente electo no tendrá una postura tan clara en apoyo a Guaidó como la que ha tenido Mauricio Macri, más bien pasará a tener una posición más inclinada a que se de un diálogo en el que participe la Unión Europea. Una posición como la que ha venido esgrimiendo México. 

En Chile, a más de un mes de iniciadas las protestas por las medidas económicas tomadas por Sebastián Piñera, el mandatario reconoció que ha habido casos de abusos y excesos policiales durante las protestas en Chile y abrió a la posibilidad a que se realice una reforma en la Constitución, vigente desde la dictadura de Pinochet. 

Finalmente, en Uruguay se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el domingo 24 de noviembre en las que resultó electo, con tan solo 28.666 votos de ventaja, Luis Lacalle Pou (Centro-derecha). Pero por ser tan estrecha la diferencia con respecto a su contrincante, Daniel Martínez (centro-izquierda), la Corte Electoral de Uruguay debió escrutar nuevamente los votos para poder declarar a un ganador y finalmente el jueves 28 de noviembre fue reafirmada la victoria del centro derechista. 

Con Lacalle como ganador Guaidó tiene un aliado más en la región, tal y como quedó demostrado en el intercambio de mensajes en Twitter. Pero, lo importante, es que unos aliados se van y otros se suman mientras los venezolanos no asumen el propio timonel de su destino.

Ikabarú en claves: De bloque especial del Arco Minero a escenario de una masacre
Ocho personas fueron asesinadas en el pueblo minero, próximo a la frontera con Brasil. Mientras Nicolás Maduro mantiene silencio sobre la matanza, los habitantes de la zona piensan que fue perpetrada por fuerzas de seguridad del Estado que actuaron encubiertas. Runrun.es reúne datos sobre las víctimas, presuntos victimarios y circunstancias que rodean el tercer hecho de sangre ocurrido en el municipio Gran Sabana en menos de un año

@loremelendez

(Nota actualizada el 6 de diciembre de 2019)

¿Qué pasó?

La noche del viernes 22 de noviembre de 2019, entre las 7:00 y 8:00 pm, un grupo de hombres armados y vestidos de negro arribó al pueblo de Ikabarú, en el Sector 7 del Territorio Pemón, y asesinó al menos a ocho personas a balazos y dejó herida a una más.

Ikabarú está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Para llegar por tierra hasta esta zona, hay que tomar un desvío en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, y conducir durante cuatro o cinco horas (pese a los cálculos de Google Maps) a través de una carretera nacional. Se trata de un área que desde hace décadas se dedica a la minería de oro. Entre los años 80 y 90 se instalaron allí sedes de empresas de procesamiento de minerales.

De acuerdo con la versión oficial, la masacre fue perpetrada supuestamente por integrantes de la banda “El Ciego”, el pran las zonas mineras de La Paragua y El Manteco, a más de 900 kilómetros de distancia del lugar de la matanza. Con el paso de los días, lugareños sospechan que, en realidad, se trató de una operación comandada por cuerpos de seguridad del Estado que pretenden militarizar los territorios indígenas para apropiarse de estos y sus recursos.

Las víctimas

Dos semanas después de la masacre no se había publicado ninguna lista oficial de víctimas. A los 13 días posteriores, el Ministerio Público confirmó la información que se había filtrado a través de reportes de activistas y líderes indígenas: se consiguieron ocho cadáveres. De acuerdo con imágenes de los cuerpos difundidas a través de servicios de mensajería y redes sociales, la mayoría recibió disparos en la cabeza.

Uno de los muertos fue un sargento retirado de la Guardia Nacional llamado Antonio José Perera Flores, de 46 años. En la zona era una de las personas más conocidas y respetadas porque fue durante años instructor de Instrucción Premilitar en el Liceo Nicolás Mesa, el principal centro educativo del municipio Gran Sabana.Cursó una licenciatura en Letras, mención Portugués – Español, en la Universidad Federal de Roraima, producto de un convenio educativo entre Brasil y Venezuela. Cada viernes, se iba a las minas de Ikabarú para ganar algo de dinero. Una fuente de la zona contó que le dispararon cuando tomaba fotografías de los victimarios. Lo enterraron sin hacerle autopsia.

Entre las víctimas reportadas por periodistas de la zona también está Máximo Jeremy Muñoz Solano, de 17 años, apodado como “Coquito”, el único menor de edad reportado muerto hasta ahora; Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años; Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años; Eslie Ezequiel Basanta, de 33 años y Edison Ramón Soto Suárez, de 46 años, conocido por el apodo de “Báquiro”, quien era el único indígena del grupo.

Durante la mañana del lunes 25 de noviembre se hallaron otros dos cadáveres en la mina La Sabanita, cercana al pueblo de Ikabarú. Según los pobladores, eran los de Cristian y Cristóbal Ruiz Barrios. A este último era supuestamente a quien buscaban los victimarios antes de comenzar a disparar.

Cristóbal Ruiz Barrios y su hermano llevaban varios años en Ikabarú. Ambos provenían de Santa Elena de Uairén, de donde se fueron para trabajar como mineros. Quienes conocieron a Cristóbal, lo describen como un hombre poderoso en el negocio aurífero de la zona. Otros, en cambio, se refieren a él como un joven de clase media, hijo de un tornero, que se fue a las minas por necesidad. Ricardo Delgado indicó que a algunos de los vecinos de los hermanos asesinados les sorprendió la forma súbita en la que se enriquecieron tras comenzar a trabajar con el oro.

En el suceso también hubo un herido: Johnny López, de 25 años.

Los victimarios

La versión oficial sobre los hechos apuntó que los autores de la masacre habían sido los miembros de la banda de “El Ciego”, cuyo líder es un hombre de 32 años llamado Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, quien durante el último lustro se convirtió en uno de los “pranes” del oro más poderosos del estado Bolívar. Su mote es uno de los más mencionados en las zonas donde se explota el mineral en esa entidad.

El Ministerio Público informó que Murgueytio Bastardo no había sido capturado aunque tenía una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio intencional. Sin embargo, otras ocho personas fueron detenidas por la matanza: Braunis González Miranda, Jhonny Youseth López Marcano fueron los primeros en ser presentados y privados de libertad por homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, robo agravado, robo agravado de vehículo automotor y agavillamiento.

Durante la segunda semana posterior a la masacre, se llevaron a cabo más aprehensiones: a Luis Eloy Acosta Castillo y Evimael Ozanin (indocumentado de nacionalidad brasileña) se les decomisó un pistola con seriales devastados y 198 municiones de distintos calibres. En otro procedimiento fueron capturados Derwins Casanova, Juan Carlos Valdemar, David Medina y José Ángel Morales, a quienes se les incautó una pistola.

“El Ciego” había sido integrante de la banda de Wilmer José Brizuela Vera, conocido como “Wilmito” o el “pran de pranes”, quien fue asesinado el 1 de abril de 2017 en el Centro Penitenciario de Aragua (cárcel de Tocorón). Ambos se aliaron mientras estuvieron recluidos en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, o cárcel de Vista Hermosa, donde el supuesto autor de la masacre de Ikabarú estuvo preso por un robo cometido en 2009.

De su poder da fe el informe sobre la masacre de Tumeremo que elaboró la comisión especial de la Asamblea Nacional designada para investigar el suceso. El grupo, conformado por los diputados Américo De Grazia, Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, incluyó en los antecedentes de la matanza un documento, con fecha de enero de 2016, que el entonces comisario jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), José Gregorio Lezama Gómez, remitió a su superior: el director de ese cuerpo de inteligencia, Gustavo González López. Allí señalaba que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, a través de su director policial, Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba credenciales policiales y armamento a bandas delictivas que, a su vez, tenían la “responsabilidad de control” de diversos yacimientos. Entre los beneficiados estaba “El Ciego”, que era el encargado de las minas de El Manteco y La Paragua, además de controlar la capital: Ciudad Bolívar.

Desde 2017, “El Ciego” estaba en la mira del Cicpc. Este año cayeron varios de los integrantes de la banda en un par de operaciones policiales en El Manteco y Puerto Ordaz. En enero fue detenido, junto a otras cuatro personas, Charle David Lazo Pérez, quien supuestamente era el tercero al mando del grupo criminal. En agosto pasado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enfrentó a Yelitza Romero Salmerón, José Gregorio Contreras y un hombre no identificado, cuando presuntamente mantenían secuestrado a un comerciante dentro de su carro. Los tres murieron y fueron señalados como miembros como secuaces de “El Ciego”

La motivación de la banda para cometer la masacre sería la de desplazar a los actuales jefes mineros y tomar el mando de la zona. Pero una fuente en Santa Elena insiste en la hipótesis de las fuerzas de seguridad del Estado como responsables. “Aquí todos somos víctimas del terror después del 22 y 23 de febrero, pero nadie ni siquiera menciona a ‘El Ciego’”, dice.

El líder indígena y ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, sigue esa misma corriente y asegura que la operación fue ejecutada por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Muchos testigos dicen que ellos (los victimarios) salieron por la parte de atrás de la Medicatura de Ikabarú y allí lo que está es el Comando de la Guardia Nacional, es decir, tenían tiempo allí planificando, viendo todo y por supuesto sabían a quién iba a matar porque no fue una masacre masiva, sino selectiva”, asevera Delgado.

Los hombres armados, según el ex alcalde, se trasladaron en vehículos Toyota “chasis largo” y sin placas, que son comúnmente usados por organismos de seguridad venezolanos.

Para Delgado, las detenciones anunciadas por el Ministerio Público son un montaje hecho por el gobierno. Afirmó que a cada uno de los capturados lo llevaban con el rostro tapado, lo que dificultaba que la comunidad supiera a quien inculpaban.

El exalcalde  aseveró que uno de los arrestados, Jhonny Youseth López Marcano,  fue herido durante la masacre. El gobierno le ofreció trasladarlo hasta el hospital de Boa Vista, en Brasil, para que pudiera tratarse. Sin embargo, fue arrestado antes de pasar la frontera.

El líder indígena tiene también otra versión sobre la detención de José Ángel Morales, quien iba a bordo de una moto desde la comunidad de Playa Blanca hasta Ikabarú, cuando guardias nacionales lo bajaron de su vehículo y apresaron en la entrada del pueblo. “Ese mismo libreto cubano”, apuntó Delgado, se repitió con las aprehensiones de Franklin Fernández y Leandro Girón, cuyos nombres no aparecen entre los difundidos por el Ministerio Público.

“Pasan cosas que advierten que va a ocurrir otro desastre allí”, recalca Delgado, quien cuenta que días antes de la tragedia, el gobierno había movilizado hasta Santa Elena de Uairén varios autobuses, cargados de presuntos miembros de “colectivos” chavistas, para amedrentar a quienes asistieran a la manifestación del sábado 16 de noviembre, convocada por el presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Se presume que parte de ese contingente participó en la masacre.

Esas movilizaciones de personas, sostiene Delgado, suelen suceder en medio de coyunturas políticas. “Son un patrón”, alerta, y recuerda que la masacre de Guasipati (municipio Roscio del estado Bolívar) del 16 de mayo de 2018 –que dejó más de seis muertos y al menos una decena de heridos- se ejecutó cuando el gobierno trasladó hasta Ciudad Guayana a cientos de mineros a propósito del cierre de campaña presidencial. En el mitin estaría Nicolás Maduro, entonces candidato a la reelección, quien prometería a los trabajadores dejarlos seguir con la actividad extractivista. Según el diputado a la AN, Américo De Grazia, esa circunstancia fue aprovechada por las bandas criminales de la zona minera para enfrentarse al Ejército y a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que custodiaban los yacimientos.

Delgado también advierte que, antes de la masacre, miembros de la seguridad pemón reconocieron en un punto de control a agentes de la DGCIM dentro de un grupo que se dirigía hacia Ikabarú. Una fuente en Santa Elena de Uairén, consultada por Runrun.es, apuntó que semanas atrás había corrido el rumor por el pueblo de que sucedería una tragedia similar a la de Kumarakapay. 

Esa alarma se había comunicado a la Guardia Nacional y al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, organización que se define como defensora de los derechos de los indígenas y que fue creada a raíz del auge minero. Pero ninguna instancia tomó medida alguna para resguardar a la población.

Desde Colombia, la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró tener pruebas que culpan de la matanza al gobernador de Bolívar, Justo Noguera, y almirante William Serantes Pinto, quien desde julio pasado está al frente de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana.

Antecedentes

  • En 2013, a Ikabarú se le concedió un título de propiedad colectiva que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, se otorgó sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). No obstante, la entrega de documento permitió a las autoridades del sector la administración de sus tierras.

  • En febrero de 2016, durante el acto en el que Nicolás Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobernante mencionó que Ikabarú sería parte de un Bloque Especial del proyecto aunque dentro del documento publicado en Gaceta Oficial tal disposición no aparece por ningún lado.
  • Tal anuncio, aunado a la agudización de la emergencia humanitaria, provocó que hacia esa zona arribaran miles de personas para trabajar en las minas. Los indígenas, entonces, tomaron medidas.

  • En septiembre de 2017, y en virtud de que el ingreso de personas foráneas a la zona había incrementado la inseguridad, así como de las amenazas de muerte que había recibido el capitán general del Sector 7, Juan Gabriel González, la Coordinación de Seguridad del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Indígena Pemón suspendió la entrada de quienes no residieran ni trabajaran en el área.

  • En el municipio Gran Sabana han ocurrido otros dos ataques armados en menos de un año. En el sector Occidental del Parque Nacional Canaima, Sector 2 (Kamarata – Kanaimö) del territorio pemón, hubo una incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 8 de diciembre de 2018 que dejó un muerto y dos heridos. El gobierno justificó la acción al señalar que se trataba de la “Operación Tepuy Protector”, que había llegado para erradicar la minería dentro de la zona protegida. Runrun.es confirmó, meses después del episodio, que el extractivismo seguía practicándose en la zona.

    En febrero de 2019, en medio del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela exigido por Juan Guaidó, presidente de la República y de la Asamblea Nacional, el Ejército atacó la población de Kumarakapay, en el Sector Oriental de Canaima, y mató a tres indígenas. Al día siguiente, durante las protestas, la Guardia Nacional disparó contra la población y asesinó a otras cinco personas. Ambos hechos dejaron decenas de heridos y miles de desplazados, quienes se fueron de la zona por la militarización y persecución que se desató los días siguientes.

Reacciones

Foro Penal, a través de su coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, fue la primera ONG venezolana en confirmar los sucesos de Ikabarú el día sábado, horas después de que habían ocurrido.

Provea publicó ese mismo día un informe preliminar sobre la masacre, en el que destacó que existía “tolerancia de estas acciones por parte de organismos del Estado”.  La organización señaló a la GNB de no actuar pese a la alerta de la comunidad.

“Lo que ha ocurrido en Ikabarú ha sido una práctica frecuente en los espacios con territorios con mineras, donde grupos delictivos denominados ‘sindicatos’ se apoderan a través del uso de la violencia para luego implantar un sistema de explotación en la zona con connivencia estatal que luego con la excusa de control toma las zonas para ‘explotación controlada’ (…) La aprobación y expansión del Arco Minero del Orinoco está ocasionando consecuencias en territorios indígenas, no sólo por la destrucción de sus territorios, sino por la apropiación sin consulta de sus tierras, el sometimiento a estructuras paralelas de dominación que actúan con apoyo del Estado, la violencia, el desplazamiento forzado y la pérdida de sus costumbres y culturas (…) Pedimos la investigación de los hechos, sanciones para los responsables y medidas para evitar su repetición”, se lee en el documento.

El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado, emitió vía Twitter un comunicado sobre su preocupación por la noticia. “Tales hechos deben ser investigados y sus responsables sancionados. Un trabajo para la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU para Venezuela, pues la falta de independencia de los poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados”, indicó mediante un hilo de mensajes.

El sábado, Guaidó también condenó la masacre. “¡Masacran a nuestros indígenas para robarse el oro de los venezolanos! No lo podemos permitir: hay que ejercer soberanía y hacer lo que sea necesario para defender a nuestra gente (…) El fondo de esta matanza a nuestros pueblos aborígenes y a la comunidad es el control de 8 toneladas de oro mensuales”, rechazó.

El lunes 25 de noviembre, el partido Primero Justicia (PJ), responsabilizó de la matanza a las mafias mineras del estado del sur del país. “El pueblo Pemón ha hecho su minería durante dos siglos de manera artesanal. El poblado de Ikabarú, como toda la Gran Sabana, era la zona de paz y tranquilidad de todo el estado Bolívar. Esta paz ha sido destruida por la fiebre del oro y por el arco minero, un arco destructivo del ecosistema, un arco voraz que busca y quiere tratar sin éxito de suplantar la renta petrolera por la renta del oro”, declaró el diputado Ángel Medina.

La comunidad de Parkupik, también del Sector 7 del territorio pemón, alertó a través de videos y audios sobre la posibilidad de que en la zona se repitiera un ataque como el de Ikabarú. Walter Torres, su capitán indígenas, advirtió que grupos armados merodeaban los alrededores y que la tarde del miércoles había arribado el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, con un decenas de militares. 

El 1 de diciembre, las autoridades del pueblo pemón del Sector VI emitieron un comunicado en el que exigieron una investigación sobre el suceso y anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales.

El martes 3 de diciembre, 13 días después de la masacre, se ofrecieron las primeras declaraciones oficiales sobre el suceso. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, habló desde la Base Aérea Teófilo Méndez, en Puerto Ordaz, a donde arribaron cuatro de los detenidos. Allí explicó que para aprehender a los presuntos autores materiales del hecho se aplicaron “maniobras de desgaste” a través de los efectivos de la  Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Guayana y de la Zona de Defensa Integral (Zodi), junto a la Guardia Nacional. “Fue una operación no letal”, indicó.

El miércoles 4 se pronunció Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, para difundir las identidades de los arrestados.

En silencio permanece Nicolás Maduro, lo mismo que el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, que se creó para defender los derechos de los indígenas.

Tropa virtual de Maduro bombardea las redes para desinformar

 

En Twitterzuela se libra una desigual batalla campal. La acentuada desproporción de los mensajes del chavismo con respecto a la oposición es corroborada en un estudio del observatorio de actividad digital Probox
Venezuela es el primer país en la región  que utiliza estrategias avanzadas como bots  para posicionar sus mensajes en las redes sociales, advierte el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council
La “revolución bolivariana” utiliza Twitter para difundir sus mensajes, posicionarse como tendencia y “combatir” las informaciones que desean neutralizar 
 Junto con China, India, Irán, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita, Venezuela es uno de los siete países del mundo con mayor número de ciber-tropas  para desinformar con impacto global, revela un estudio de la Universidad de Oxford 

 

Saraí Coscojuela

Luisa Quintero

 

El 12 de agosto de 2019, #GuaidoYLosReales se hizo tendencia en Venezuela. En apenas dos horas 50 minutos se registraron 6.352 tuits donde se incluían estas palabras. Cuatro días antes, #VenezuelaResisteAlBloqueo produjo 7.227 trinos en menor tiempo. 

Esto forma parte del “trabajo” que hace el gobierno de Nicolás Maduro dentro de Twitter para posicionar sus mensajes: unos de apoyo a la “revolución” y otros de ataque contra el resto de los actores políticos con el objetivo de confundir a la población a través de la difusión de mensajes tergiversados o falsos. 

En Twitterzuela se libra una desigual batalla campal. Una tropa de cuentas de Twitter afines al gobierno de Nicolás Maduro disparan a diario miles de mensajes y etiquetas o hashtag que saturan esta red social, para neutralizar informaciones adversas e imponer mensajes a favor con el objetivo de desinformar e influir en la formación de opinión.

La acentuada desproporción de los mensajes del chavismo con respecto a la oposición en Venezuela es corroborada por estudios que se encargan de rastrear esas cuentas de Twitter llamadas bots, que son programadas para replicar o ampliar mensajes difamatorios.  En una relación de 97 a 3, entre el primero y el 15 de agosto de 2019, se detectaron 226.013 tuits generados por el Ministerio de Comunicación e Información (Minci) frente a 5.089 de la oposición, revela una medición de Probox, observatorio creado por investigadores venezolanos para el monitoreo y análisis de la actividad digital destinado a combatir la desinformación en la red.

Incluso, entre los usuarios de las redes sociales radicales del chavismo y de la oposición existe un amplio margen: un total de 35.157 tuits con etiquetas como #TrumpVerguenzaMundial y #ExiguimosAGuiadoPreso frente a 4.499 tuits  con hashtag contrapuestos como #TrumpJaqueMateAlDictador y #ElTiempoDeActuarEsAhora.

Este bombardeo de tuits promovidos por bots o cuentas manejadas por personas que se comportan en redes como tales, ocurrió durante una quincena noticiosamente “tranquila” si se contrapone con el acelerado ritmo de acontecimientos que tuvo lugar en Venezuela en el primer semestre de 2019. A comienzos de agosto, corrían los días de las conversaciones en Barbados promovidas por Noruega para lograr una transición política en el país, que fueron suspendidas el 7 de agosto por el gobierno de Maduro tras el anuncio de nuevas  sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera. El 8 de agosto, el gobernante llamó a protesta mundial contra Donald Trump y el bloqueo a Venezuela. 

El oficialismo en Venezuela ha tomado las redes sociales como el campo  perfecto para desinformar, opina Iria Puyosa, investigadora y consultora en comunicación política, opinión pública y estrategia web e investigadores del Laboratorio de Investigación Forense Digital y también investigadores de la Universidad de Oxford. Le permite difundir y posicionar sus mensajes, usando estrategias combinadas en las redes sociales con el objetivo de amplificar su contenido a través de usuarios que tienen características de cuentas automatizadas o que actúan como bots.  Y lo hace teniendo en cuenta su nivel de penetración de Twitter en el país. Alrededor de 70% de la población confía en la social media y aplicaciones de mensajería para obtener información sobre la política nacional, según datos de una encuesta realizada por More Consulting en mayo de 2017.

En Venezuela, además de Facebook y  aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, Twitter reúne la mayor cantidad de población (un millón 280 mil usuarios activos mensuales), que busca un contenido específico en esta red social, generalmente político. 

En Twitter, los bots ayudan a difundir y amplificar los mensajes sean verdaderos o no, lo que influye en debates o creencias, “especialmente cuando las redes sociales son utilizadas en contextos complejos en los que los ciudadanos cuentan con ellas para recibir información sobre el acontecer nacional y mundial”, señala Probox. 

En el escenario venezolano, Probox menciona que Twitter gana protagonismo frente a otras redes “debido a la censura comunicacional y el rol de los medios digitales para difundir información a los ciudadanos”.

Twitter es muy importante para Venezuela pues es una plataforma “fácil de manipular” a través de programas que permiten burlar sus algoritmos, afirma Luiza Bandeira, asistente de Investigación para América Latina del Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab, por sus siglas en inglés), una división del think tank Atlantic Council con sede en Washington. 

Esa “manipulación” no es solo por el uso de bots, explica Bandeira. Los grupos de personas o usuarios también están involucrados en la actividad del gobierno de Nicolás Maduro para posicionar sus mensajes y tendencias. 

En el DFRLab han logrado identificar que hay tendencias o hashtag –palabras clave más utilizadas en un plazo de tiempo concreto- que son creadas desde el gobierno. Algunos de los temas de interés de la “revolución bolivariana” también llegan a tendencias por los algoritmos de Twitter, comenta Bandeira, pues la APP hace un cálculo sobre el nivel de tuits y su desarrollo en el tiempo, con lo cual predicen el número de trinos que podría llegar a alcanzar determinada palabra. 

Por eso se observa que hay tendencias en Twitter que apenas alcanzan los mil tuits, afirma la investigadora del DFRLab, al tiempo que destaca que son los algoritmos los que posicionan determinados temas que de otra forma no tendrían mayor difusión. 

A pesar de ello, advierte que Twitter ha hecho cambios en su infraestructura que no permiten la automatización, lo que derivó en la suspensión o cierre de 1.196 cuentas creadas en Venezuela que la red social consideró como que parecían “involucradas en una campaña de influencia impulsada por el Estado”.

El comportamiento de la cibertropa de Maduro en Twitter es de manual. Coincide con las instrucciones del Proyecto de Formación de Ejército de Trolls de la Revolución Bolivariana, creado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz en 2017 para “enfrentar la guerra mediática”. Allí se especifica los componentes que debe llevar un “ejército digital”, en el que se detalla,  por ejemplo, que cada persona (cada celular) debe manejar 23 cuentas de las más importantes redes sociales (entre ellas 10 de Twitter). Para el momento de su lanzamiento, el documento indica que contaban con 500 cuentas de Twitter administradas mediante Tweedeck y resaltaban la importancia de crear “influenciadores” en las redes. 

Manual Ejército de Trolls Venezuela de la Revolución Bolivariana by runrunesweb on Scribd

 

Sube y baja etiquetas

Entre el 1ero de agosto y el 15 de agosto la agenda del gobierno de Maduro pasó de promover la negociación con la mediación de Noruega, a condenar las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó el congelamiento de todos los activos e intereses del régimen de Nicolás Maduro.

Esta dinámica en las redes sociales no es nueva y menos para el gobierno de Maduro. Aunque cada día posicionan una tendencia en Twitter sobre distintos temas, durante la primera quincena de  agosto hubo una agenda especial para el presidente Trump, haciendo querer ver que estas nuevas medidas de Estados Unidos son las causantes de la crisis. 

En esa agenda también hubo mensajes en contra del presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.  

El 5 de agosto en la noche se publicó la información sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos y al día siguiente el canciller, Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que calificó estas medidas como injerencistas y que “pretenden formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años”.

A la par se mantenía como una tendencia – impulsada por el Ministerio de Comunicación e Información- en la red social la etiqueta #TrumpDesbloqueaVenezuela, que además se mantuvo durante 8 horas con 295 mil tuits impulsados en 87% por bots.

El estudio de Probox descubrió que el tuit de origen con la etiqueta #TrumDesbloqueaAVenezuela es institucional: la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores @CancilleriaVe la impulsó el 4 de agosto de 2019, un día antes de que se filtrara la orden de EEUU precedido por los rumores sobre el advenimiento de las sanciones. Dos días después, se convirtió en tendencia en las redes. 

Aunque existe una línea oficial de tendencias por parte del Ministerio, el chavismo más radical también lleva una agenda dentro de las redes sociales y ese mismo día impuso su tendencia #ExigimosAGuaidoPreso, que si bien criticaba la postura y gestión del presidente encargado también mantuvo cierta crítica al gobierno de Maduro.

En este caso un 32% de los tuits generados – en el que se intentaba mostrar al presidente del Parlamento como un traidor a la patria- fueron también con la ayuda de las cuentas automatizadas. 

La oposición toma espacios

Pero el chavismo institucional y radical no es el único que intenta copar la agenda y las opiniones a través de las redes sociales. El estudio de Probox pudo medir que la oposición – aunque con menos impacto – también respondió a las sanciones de Trump, pero haciendo ver que Maduro es el responsable de la emergencia humanitaria.

Como en el chavismo, la oposición también se divide entre los institucionales – la Asamblea Nacional – y los radicales que según los datos recabados durante las primeras dos semanas de agosto por Probox, provenían del partido político de María Corina Machado, Vente. 

#ElCulpableEsMaduro fue una tendencia impulsada principalmente por el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. En esta tendencia que se mantuvo por al menos unas 4 horas, se trataba de explicar que la crisis económica del país no es producto de las medidas estadounidenses, sino de las políticas erradas del presidente Nicolás Maduro. 

De igual forma los más radicales participaron con la etiqueta #ElTiempoDeActuarEsAhora, también como una forma de apoyar las declaraciones del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton sobre que “el tiempo del diálogo se acabó y es hora de pasar a la acción”. 

La esencia de los tuits celebraban las medidas de Estados Unidos y al mismo tiempo criticaban el proceso de negociación. Incluso algunas de las publicaciones fueron acompañados por una imagen de Elliot Abrams, enviado especial de la Casa Blanca para el caso Venezuela, en el que aseguró que “existe la opción militar para Venezuela”. 

Pero la repercusión de esta tendencia fue menor a la de los chavistas – tanto radicales como institucionales – porque aunque se mantuvo igualmente por un lapso de 10 horas, solo produjo un total de 2.945 tuits en los cuales un 11% fueron a través de cuentas bots, que produjeron un 22% de las publicaciones. 

En este caso los tuits y estas tendencias se publicaban desde las cuentas del partido político de Machado, pero ella no participó directamente ni publicó tuits con ese hashtag.

Sanciones versus  persecución

Tras la suspensión de las reuniones de Barbados, la tendencia que posicionó el gobierno – igualmente a través del Ministerio de Comunicación e Información – fue la de #VenezuelaSeRespeta con una duración de 11 horas y 263 mil tuits, con un 24% de cuentas bots que produjeron el 83% del contenido.

Ese mismo día la oposición también impuso una tendencia pero relacionado al año que cumplió el diputado, Juan Requesens preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La Asamblea Nacional, los familiares del parlamentario y ciudadanos se concentraron en la plaza de Los Palos Grandes en Caracas para un acto, en el que estuvo presente el presidente encargado, Juan Guaidó. 

Esta tendencia se mantuvo por 14 horas pero solo generó 6940 tuits, que también contó con un 5% de cuentas automatizadas que generaron el 21% de los tuits.

La oposición radical retomó el tema de las sanciones a través de las redes sociales con la etiqueta #LaSolucionEsLaIntervencionYA el 8 de agosto, durante casi 4 horas. Mientras el régimen de Maduro también presentó su tendencia #VenezuelaDignaYSoberana, cuando enviaron una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidiendo que el organismo se pronuncie en contra de estas medidas.

Ataques personales

Aunque con menos impacto, en Twitter los ataques personales también son otro recurso para  desinformar. En en el periodo analizado por Probox, todos los dardos se lanzaron desde el chavismo contra Guaidó. 

Luego de las sanciones impuestas por Trump, lo responsabilizaron por la decisión de la red social Facebook de suspender la compra de publicidad desde Venezuela. Por lo cual posicionaron como tendencia #GuaidoJodioFacebook, con 6888 tweets durante ocho horas.  

Otra de las tendencias dedicadas al presidente encargado fue #GuaidoYLosReales, aunque se mantuvo solo por dos horas en Twitter.  Esta etiqueta salió publicada un día después que denunciara de una posible disolución de la Asamblea Nacional por parte de la asamblea nacional constituyente.

Aunque eso al final no se llevó a cabo, la ANC dirigida por Diosdado Cabello decidió allanar la inmunidad del diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas), además de crear una comisión para estudiar un posible adelanto de elecciones parlamentarias.

Es por eso que ese mismo día, el 12 de agosto, la oposición a través de la AN fijó como agenda en las redes sociales, la etiqueta #FirmesContraElRégimen, que tenía como mensaje principal la defensa del Parlamento y estuvo al aire durante 8 horas con un 8% de cuentas bots que publicaron un 19% de los tuits.

Desentrañando la estrategia

Iria Puyosa, investigadora y consultora en comunicación política, opinión pública y estrategia web, ha realizado numerosos trabajos sobre la manipulación del chavismo en Twitter. En un informe publicado en septiembre de 2018 sobre la “guerra informativa” en esta red social, concluyó que el gobierno de Maduro se vale de tres estrategias para “poner obstáculos a la diversidad de expresiones en línea y realizar interferencias indebidas con la oposición política y la organización en línea de la sociedad civil”.

Estas estrategias consisten en la articulación de cuentas oficiales y cuentas automatizadas para alcanzar las tendencias diariamente; la promoción de etiquetas de distracción a través de la articulación de cuentas cyborgs y bots, con uso de mensajes emotivos, escandalosos, desinformativos, ofensivos y/o falsos; y el secuestro de etiquetas de la oposición para desvirtuar sus discursos e interferir en sus flujos de conversación.

En este punto, Luiza Bandeira, asistente de investigación del DFRLab, agrega que Venezuela es el primer país en la región  en utilizar estrategias avanzadas para desinformar y posicionar sus mensajes dentro de las redes sociales, algo que entienden los actores políticos, especialmente del oficialismo, en una especie de batalla por el control de las comunicaciones. 

El DFRLab asegura  que ha logrado recopilar denuncias comprobables sobre la presión que ejerce el gobierno de Maduro para que las personas tuiteen a cambio de beneficios gubernamentales. Bandeira señala que “en esto, la estrategia venezolana es más desarrollada que en China o Rusia, donde sí es más extendido el uso de bots”. 

Para ello, hay cuentas creadas entre 2010 y 2012 que fueron reactivadas o se procedió a la creación de nuevos usuarios en Twitter, especialmente durante el Foro de Sao Paulo y las últimas sanciones emitidas por la administración de Donald Trump, emitidas el 5 de agosto, detalla Esteban Ponce de León, asistente de investigación del DFRLab basado en Colombia. 

Puyosa señala que los bots son herramientas dentro de una estrategia compleja que ha usado el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI) desde 2010 y además formaban parte de la misión “Chávez Candanga”, un homenaje al usuario en Twitter del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Primero las líneas del uso de bots se realizaban por la Vicepresidencia, luego pasaron al Ministerio de Comunicación e Información, describe Puyosa. “Ahora son más sofisticados”. Coincidencialmente, son las carteras que ocupan los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, que han ocupado varios cargos desde el gobierno de Hugo Chávez. 

De aquí se emiten las líneas y los tuits que utilizarán el resto de los usuarios que ayudarán a posicionar las tendencias del día o las cuentas de donde saldrán los mensajes, explica Ponce de León, pues no siempre los trinos provienen de las cuentas oficialistas de los ministerios.

Para Puyosa, el despliegue de estas estrategias “configura una violación sistemática del derecho a participar en los asuntos públicos de los usuarios de Internet venezolanos. Por tanto, contribuyen a vulnerar libertades de expresión y asociación, el acceso a la información y el derecho a participar en el debate sobre los asuntos públicos que son consustanciales a un internet libre, abierto y ajustado al respeto de los derechos humanos”.

Pero en Venezuela los bots no son la única opción a la hora de posicionar tendencias en redes sociales. El estudio El Orden Mundial de Desinformación, publicado a mediados de octubre por la Universidad de Oxford, revela que Venezuela – al igual que China y Vietnam – contratan a grandes grupos de personas (de carne y hueso), para darle forma a los mensajes que quieren emitir por las redes.

Incluso en el informe clasifican a Venezuela como un país que cuenta con una alta capacidad de cyber troop, pues mantienen de forma permanente un equipo de al menos 500 personas, con entrenamiento formal y grandes presupuestos, para “operaciones psicológicas o guerra de información”. El estudio de la Universidad de Oxford midió la actividad de las ciber-tropas en 70 países  encontrando que en 26 de ellos la propaganda computacional se ha convertido en una herramienta de control de la información suprimiendo los derechos humanos fundamentales, desacreditar oponentes políticos y apagar las opiniones desfavorables. 

Pero la estrategia digital del gobierno de Nicolás Maduro no solo se concentra en la política interna del país. El estudio de Oxford registra que Venezuela – junto a China, India, Irán, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí – son los siete países del mundo que llevan a cabo operaciones de alcance global.

El DFRLab indica que cuentas de Twitter identificadas como “chavistas” y que operan desde Venezuela, han intentado influir en eventos nacionales de otros países.

El último caso detectado por el Laboratorio fue el de Chile, durante las protestas que se han dado desde el 16 de octubre luego de un aumento en el precio del Metro, donde el gobierno de Maduro ha querido posicionar su mensaje.

En su estudio determinan que de 24.764 cuentas identificadas como chavistas y venezolanas, al menos 2.862 publicaron 20.443 tuits del total que fue 1.1 millón. Esto representa el 1.86% de los trinos.

“Sin embargo, todas las cuentas chavistas, contribuyeron con una proporción mucho mayor de los tuits con 19.2%, es decir 106.626 publicaciones”, agrega el DFRLab.

En este caso destacan que no encontraron evidencia de automatización generalizada, o que la discusión del tema chileno en Twitter fuera totalmente inorgánica. Las protestas chilenas fueron un tema ampliamente seguido por los medios de comunicación y los líderes políticos venezolanos.

Pero para ayudar a su narrativa, los tuits de usuarios identificados como chavistas, amplificaron mensajes de los medios estatales de Rusia, donde destacan la brutalidad policial en las manifestaciones de Chile. “Ese contenido también sirvió a la narrativa del régimen venezolano a debilitar la posición del gobierno chileno. Además sirvió para distraer del propio historial de Derechos Humanos de Venezuela”.

Con la extracción del oro el suministro eléctrico del país puede empeorar
La diputada María Gabriela Hernández alertó que la extracción de minerales en el país afecta el caudal de los ríos
Hay otras zonas de Venezuela donde se están extrayendo otros minerales como el sílice

@saracosco

La diputada de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernandez (PJ-Monagas) aseguró que la extracción de oro en Canaima puede afectar el suministro eléctrico de todo el país.

En reacción al trabajo especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro de Runrun.es, la parlamentaria ratificó que en toda esa área natural  protegida no se debe extraer oro porque está prohibido por ley. 

“Tenemos que tomar una decisión certera y radical como país y es que no podemos extraer oro. Eso hay que acabarlo”, señaló.

Explicó que en esas zonas es donde nacen los ríos que alimentan la red eléctrica de Venezuela. “Todo eso que se está destruyendo al final va a desembocar en que 80% de la energía eléctrica, que depende de la fuerza del agua, no exista”.

Hernández, quien forma parte de la Comisión de Ambiente del Parlamento, agregó que la situación eléctrica solo puede empeorar con la extracción del oro en Canaima. 

“Como están destruyendo el cauce del río, también destruyen su caudal, entonces (el agua) no llega a la represa y no hay fuerza para producir la energía”, expresó. 

Igualmente la diputada recordó que la extracción se hace en un Parque Nacional, que es un área resguardada y sensible. “Son suelos y vegetaciones de muchísimos años y su mal trato acarrea destrucción”.

Hernández señaló además que como la naturaleza está interconectada, lo que se haga en Canaima y también en el Arco Minero del Orinoco, va a afectar en otras zonas como el Mar Caribe y las islas que se encuentran allí. “Ya se consigue vida marina contaminada con mercurio”, advirtió.

Se extiende la protección

María Gabriela Hernández, quien ha trabajado el tema ambiental desde su llegada al Parlamento en 2015, dijo que en la Comisión han hecho las alertas desde el inicio de la creación del Arco Minero del Orinoco.

La AN decretó  que la actividad de extracción del oro y creación de empresas en esa zona es ilegal e inconstitucional, porque la medida nunca fue legitimada por el Poder Legislativo. 

“Aunque (el decreto del Arco Minero del Orinoco) pasara por la Asamblea Nacional, el impacto ambiental es de tal magnitud que no podría ser aprobados. Va contra la Constitución, contra el establecimiento de los derechos ambientales y contra el establecimiento institucional”, esgrimió.

Además a finales del año 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, con el cual se recalcó que esas áreas son parques nacionales y además se extendió el área de protección a aquellas zonas donde nacen los ríos. 

“En esa ley se derogó expresamente todo lo que ya se había declarado nulo”, indicó la diputada. 

El ambiente no es el único afectado

El daño al medio ambiente con la extracción de oro en Canaima, no es la única preocupación de la diputada María Gabriela Hernández, quien advirtió que hay una afectación económica para el país y los pobladores de la zona. 

Reconoció que sí hay indígenas que trabajan como mineros dentro del parque, pero que han sido corrompidos por el sistema. 

“No son todos, pero sí los que tienen voces importantes. Terminaron siendo corrompidos por el sistema. Por mucho que ellos intenten hacerlo sin depravar su área no hay forma de evitarlo, lo están haciendo”, agregó.

La diputada explicó que jóvenes de otras ciudades del Oriente del país viajan hasta el sur para trabajar en las minas, esto debido a la crisis económica que vive el país. 

Hernández refirió que si bien algunos regresan a sus hogares, otros no tienen tanta suerte o terminan enfermos  “En Monagas, por ejemplo, puedes conseguir a más de una familia cuyo hijo no regresó”.

“En Monagas hay muchos preparadores de gallos (para peleas) y los llevan a las minas, para venderlos y no regresan. Una actividad tan sencilla como esa”, comentó.

Minerales en la mira

La diputada Hernández informó que Bolívar no es el único lugar de Venezuela donde hay minería ilegal. En la Comisión de Ambiente tienen registros en Táchira, Mérida y Lara, en donde se extrae sílice, un mineral que se puede utilizar para hacer vidrio, porcelana, cristales y cemento.

“En Mérida y en Táchira se han paralizado por parte de las gobernaciones. Pero continúan las amenazas de estas empresas que vienen sencillamente a extraer y destruir”, expresó.

Hernández indicó que en Lara continúan los trabajos y sería cercano a Carora, sobre un cerro, donde hay sílice de alta calidad. “Esto contaría con el permiso del Ministerio de Ecosocialismo, antes de Ambiente”.

“Al empezar a destruir esas montañas, el agua va a escasear también y recordemos esas son tierras altamente productivas de alimentos y gran parte de Occidente y Caracas se nutren con los alimentos de Lara”, alertó.

Las 5:57 pm en el descanso 4:
El 24 de octubre de 2019 una pareja fue asaltada por dos hombres en la ruta de Sabas Nieves en el Parque Nacional Waraira Repano 

@fefamaya

“Aquí están bien cuidados, no se preocupen”, dijo un parquero a una pareja mientras se bajaba del carro cerca de la entrada de Sabas Nieves un jueves en la tarde. Sin bolsos ni botellas de agua, únicamente dos dispositivos móviles, una linterna y las llaves del carro, ambos subirían hasta el descanso número 10 de la ruta más concurrida del Parque Nacional Waraira Repano, en el cerro Ávila, montaña adosada al norte de Caracas. 

A las 5:47 pm, la pareja llega hasta la antena, en el descanso 4, justo después de pasar la “subida del diablo”, llamada así por ser la más larga y empinada del trayecto de Sabas Nieves. Ambos decidieron regresar porque era un poco tarde. Mientras agarraban aire, dos hombres que pasaron al lado continuaron su camino de subida hasta el puesto de guardaparques en Sabas Nieves. En su ruta de regreso, se toparon con un grupo de tres -dos hombres y una mujer- que se encontraban en sentido contrario. La ruta no estaba vacía pero tampoco concurrida. Para la hora, había mayor cantidad de personas de lo normal.

Alrededor de las 5.57 pm, la pareja se cruza con dos jóvenes entre el descanso 4 y el descanso 3, ambos de contextura delgada y piel morena; uno un poco más alto que otro. El más bajo llevaba un suéter negro con capucha y un morral tricolor, de los que regaló el gobierno de Nicolás Maduro, en la espalda. El más alto, medía como un 1,76 cm, llevaba puesto unos shorts marrones oscuros con un suéter de camuflaje azul. 

Estos dos hombres no eran senderistas, montañistas o alguien que estuviese en el Ávila con propósito de ejercitarse. Uno de ellos estaba armado. 

“Tírense al piso, esto es un asalto”, dijo uno de los asaltantes mientras se acercaba con una pistola Star modelo FM .22 a la pareja. 

Después de unos 30 minutos de estar tirados en el suelo, apuntados en la parte baja de sus espaldas con un arma de fuego, la pareja continuó su camino de regreso hacia la entrada de Sabas Nieves. 

De regreso le advirtieron a un hombre que subía que acababan de ser asaltados. Mientras los tres bajaban corriendo hacia la entrada, se escucharon dos disparos. Segundos después se escucharon más. 

Los tres llegaron hasta los puestos de cocadas y jugos aterrorizados pero sanos y salvos.

Sin los dispositivos móviles, un fitbit (reloj inteligente de salud y forma física), ni la linterna, la pareja asustada y nerviosa se despidió del parquero diciendo “nos asaltaron, tengan cuidado”, mientras se montaban en el carro para irse. 

La ruta de Sabas Nieves es protegida por guardaparques del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques) y por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hasta las 6:00 pm. El 24 octubre de 2019, al momento del asalto, los miembros de la Guardia Nacional ya no se encontraban en el parque nacional.

Un guardaparques de Inparques relató que mientras el asalto ocurría él estaba entrenando. Dijo que un grupo de al menos 25 personas tuvo que refugiarse en el descanso 10 (puesto de Guardaparques de Sabas Nieves) mientras el robo sucedía en la trocha para subir al cerro, uno de los lugares de ejercicio y esparcimiento más visitados por los caraqueños. 

“Esto ocurre esporádicamente”, dijo el miembro de Inparques refiriéndose a los robos o asaltos en el parque nacional.

 

Un oficial de la GNB, que se encarga de resguardar Sabas Nieves, indicó que en caso de un robo en la montaña, se envía una comisión conformada por funcionarios de la GNB al lugar donde ocurre el hecho. 

El guardaparques recomienda a los usuarios del Ávila que eviten subir a las 6:00 pm., pues indicó que a esa hora se cierra el parque. 

En caso de ser víctima de un asalto dentro del Parque Nacional Waraira Repano, el guardia nacional recomienda que siempre se mantenga la calma, se guarde silencio, se haga lo que el delincuente indique y luego se informe a las autoridades del parque de lo sucedido. “Es importante no dárselas de héroe, siempre debes tener tu seguridad como la primera prioridad”, indicó el funcionario de la GNB.

Marlene Sifontes, secretaria de organización de SuneInparques, sugirió subir por las rutas autorizadas del parque nacional. Además, Sifontes aconsejó que los usuarios se registren en cada puesto de guardaparques. Con esto los miembros de Inparques pueden tener más control sobre la cantidad de gente que está dentro del Ávila y estar al tanto si hay usuarios que no regresaron después de cierto tiempo. 

La hora de los partidos minoritarios en la AN
A lo largo de los cuatro años de este periodo legislativo se han formado tres nuevas organizaciones políticas dentro del Parlamento
Diputados de estas organizaciones también han sido víctimas de la persecución por parte del TSJ y se encuentran en clandestinidad, embajadas o en el exilio

@saracosco

El 16 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro anunció junto a cuatro partidos minoritarios de oposición un nuevo proceso de diálogo y firmaron un acuerdo en el que se establecieron algunos puntos para buscar una salida a la crisis.

Soluciones, MAS, Cambiemos y Avanzada Progresista fueron los partidos que asistieron al encuentro en la Casa Amarilla -sede de la Cancillería- para dar la información que tomó por sorpresa al país y a los dirigentes de los partidos más grandes de la oposición -el conocido G4: Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo- al igual que al presidente encargado de Venezuela y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Pero solo dos de estos cuatro partidos tienen representantes dentro del Parlamento: Cambiemos con seis diputados y Avanzada Progresista con uno.

Estos dos grupos forman parte de los llamados “partidos minoritarios” que, junto a La Causa R, Cuentas Claras, Proyecto Venezuela, Vente, ABP, MPV, Camina y Convergencia, tendrán el derecho de elegir el presidente de la Asamblea Nacional del próximo periodo parlamentario que se inicia el 5 de enero de 2020.

Sin embargo, La Causa R, Proyecto Venezuela y Encuentro Ciudadano- que agrupan a 8 diputados- decidieron darle el apoyo a Guaidó para que continúe en el cargo si no logra el objetivo del cese de la usurpación antes del 5 de enero de 2020. Cambiemos, Avanzada Progresista, ABP, Convergencia y Vente todavía lo piensan, lo que trae división dentro de estas toldas políticas.

El diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) aseguró el 11 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo, que hacer un pronunciamiento sobre dar apoyo o no a Guaidó para la presidencia el año que viene es extemporáneo y, además, “evidencia desconfianza en su promesa de acabar con la usurpación”.

Caso similar ocurre con el partido Avanzada Progresista del excandidato presidencial Henri Falcón, quien todavía parece tener aspiraciones de competir por la jefatura del Estado. Según declaraciones del coordinador del partido,  Luis Augusto Romero a Runrun.es, es un tema que será discutido próximamente en la Dirección General. 

Más fraccionados

En una base de datos hecha por Runrun.es se revela que cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias existían 10 partidos minoritarios – con un total de 20 diputados- pero a lo largo de estos cuatro años la bancada unitaria ha tenido sus diferencias lo que ha provocado que se formen más organizaciones políticas.

Actualmente existen 12 partidos minoritarios y la suma de diputados en estas organizaciones asciende a 23. Aquí se cuentan 4 parlamentarios que no pertenecen a algún partido político y son independientes – que no existía en 2015.

Actualmente existen 12 partidos minoritarios y la suma de diputados en estas organizaciones asciende a 23

 

El más reciente es el diputado Julio César Reyes, quien formaba parte de las filas de Avanzada Progresista. Luego del anuncio del nuevo diálogo con el régimen de Maduro, decidió formalizar su retiro del partido y aseguró que ese proceso no tiene el respaldo de la mayoría del país. “Como diputados de la Asamblea Nacional rechazamos esta acción desesperada que busca minar nuestra unidad y dar legitimidad a quien no la tiene”, dijo.

Al día siguiente de este anuncio, en la sede del Palacio Federal Legislativo, informó a los medios de comunicación que dentro del partido se deben hacer reflexiones y que ya desde hace un mes aproximadamente estaba alejado de la organización. Tanto, que lo habían excluido del grupo de chat de Whatsapp de la Dirección Nacional. 

Este tipo de situaciones se había empezado a ver desde finales de 2017 cuando Vente, ABP y Convergencia decidieron formar una nueva fracción llamada 16 de Julio – separándose de la Unidad.

No fueron los únicos, porque en 2018 un grupo de 9 diputados de Un Nuevo Tiempo – entre ellos Timoteo Zambrano (Zulia), que forma parte del nuevo diálogo con Maduro- rompieron con ese partido y se fueron a la tolda de Leocenis García, Prociudadanos.

Esta unión duró poco y actualmente esa fracción no existe dentro de la Asamblea Nacional. En mayo de ese mismo año Timoteo Zambrano junto a Maribel Guédez, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio y Melva Paredes se fueron a Cambiemos.

En diciembre de 2018 la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) también dejó el partido zuliano UNT y formó su propio partido llamado Encuentro Ciudadano, junto al suplente Luis Loaiza (Encuentro Ciudadano-Mérida). Aunque ahora, junto a los diputados Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela-Carabobo), Simón Calzadilla (MPV-Aragua), Williams Gil (Cuentas Claras-Carabobo), Franklyn Duarte (Copei-Táchira), formalizaron una nueva fracción llamada Concertación por Venezuela.

Minorías perseguidas

Entre todas estas fracciones, las nuevas y las más antiguas, la cantidad de diputados suman 23. Pero algunos han tenido que retirarse de la Asamblea Nacional por la persecución del Tribunal Supremo de Justicia. Acusados de participar en un supuesto golpe de Estado el pasado 30 de abril, cuando se produjo un alzamiento militar en Caracas. 

El diputado Simón Calzadilla del MPV se encuentra actualmente en la clandestinidad. Esto provoca que dentro de los diputados principales, su partido no tenga más representantes. En esta tolda solo queda el suplente José Rafael Hernández, por el estado Bolívar.

Igualmente, La Causa R ha visto bajas entre sus representantes parlamentarios. Mariela Magallanes (Aragua) y Américo De Grazia (Bolívar) se encuentran refugiados en embajadas. Sin embargo, el suplente de Magallanes, Arnoldo Benítez, es también parte de ese partido, por lo que en estos momentos cuentan con 2 diputados dentro de la AN.

El partido ABP tiene como principal a Richard Blanco que salió del país por la frontera con Cúcuta en junio de este año y así su partido se queda con solo tres suplentes, aunque uno de ellos, Edwin Luzardo (Zulia), ha asumido como principal después de que Timoteo Zambrano empezara a faltar a las sesiones desde marzo de 2017.

Caso similar ocurre con el diputado Juan Pablo García (Vente-Monagas) que también ha sido blanco de las sentencias del TSJ y se encuentra en clandestinidad. Su suplente es también del mismo partido por lo que la representación dentro de la Asamblea Nacional queda igual con 2 parlamentarios. 

Llegar a un acuerdo

Aunque un grupo de diputados de estos partidos políticos ya decidió darle apoyo a Juan Guaidó para que continúe como presidente del Parlamento, queda por decidir si apoyarán el resto de la Junta Directiva o si tendrá que haber cambios conforme al acuerdo de gobernabilidad de la AN, que fue aprobado en 2015.

Delsa Solórzano dio a entender en una rueda de prensa en el Parlamento, hace dos semanas, que apoyarán a Guaidó pero que el resto de la directiva debe cambiar. Los demás partidos aseguraron siguen en debate sobre el tema.

Al no cumplirse el mantra de Guaidó que nació en enero de este año -Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres-, los partidos minoritarios se han acercado al chavismo cuando llega su momento protagónico dentro de la AN. 

Si los partidos Vente,  Avanzada Progresista y Cambiemos – que aún no han dado respuesta al tema- decidieran no apoyar a Guaidó para que siga al frente de la Junta Directiva de la AN, no influiría en las votaciones porque solo suman en total 9 diputados.